• El acuerdo realizado entre la Asamblea Nacional (AN) legítima, el Ministerio de Salud del régimen y la Organización Panamericana de Salud (OPS) para dar respuesta al covid-19 fue incumplido por Maduro

El contexto pandémico procuró en junio de 2020 un acercamiento, sin fines políticos, entre la Asamblea Nacional electa en 2015, representada por Juan Guaidó, y los organismos de salud del régimen venezolano. El motivo fue la ejecución del plan “Respuesta a la epidemia por covid-19 en Venezuela”, establecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Sin embargo, el comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, comunicó el incumplimiento del Ministerio de Salud venezolano en la ejecución de este plan necesario para apaciguar el avance del virus.

En primera instancia el plan determinó la compra de pruebas rápidas SD Biosensor para diagnóstico confirmatorio. El 1° de octubre de 2020 la OPS adquirió 10 equipos SD Biosensor (F-100) y 340.000 cartuchos “para la detección cualitativa del antígeno específico del virus SARS-cov-2”.

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El proveedor donó 18 equipos más para mayor efectividad en el diagnóstico. Este tipo de equipos médicos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe funcionar en los recintos hospitalarios con una alta rotación de pacientes

En este caso, las partes involucradas acordaron la distribución de los equipos a 27 hospitales centinelas en el territorio nacional. “Sin embargo, después de la entrega de los equipos y cartuchos por parte de la OPS al Instituto Nacional de Higiene (INH), el régimen tomó la decisión unilateral de trasladar los equipos a las redes de laboratorios de salud pública regionales y otros centros no autorizados ni preparados para la atención de pacientes con covid-19”, establece el comunicado de Miguel Pizarro. 

En el momento del acuerdo, el firmante de la Asamblea Nacional, Julio Castro, médico infectólogo, comentó que la donación de la OPS fue posible gracias a la insistencia de su equipo. Incluso, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen para ese momento, aupó la legitimidad del acuerdo. 

Lo cierto es que meses después la palabra del régimen volvió a diluirse en la realidad y los equipos, necesarios para el diagnóstico y posterior manejo de las redes de contacto, no han sido utilizados de manera eficaz. 

La decisión unilateral del régimen de ubicar las máquinas para las pruebas de antígeno en los laboratorios de salud pública regional y en otros entes de baja afluencia de casos de covid-19 representa una clara violación del acuerdo, ya que esta decisión significa un uso ineficiente de estas máquinas, alejando las pruebas del pacientes y evitando la descentralización de las pruebas, uno de los objetivos de esta compra. Mantener los equipos en los laboratorios de salud pública no solo le otorga al régimen absoluto control sobre los resultados y la posibilidad de manipulación de la data, sino que también, según la información de la misma OPS, desde finales de octubre, fecha en la que llegaron 340.000 pruebas de antígenos a Venezuela, solo se han utilizado 3.000, es decir el 1%”, se indica en el comunicado.

El gobierno interino de Juan Guaido y la Asamblea Nacional, junto con la OPS, están realizando el esfuerzo competente para administrar de la mejor manera posible la donación realizada, señaló Pizarro.

La cifra oficial de contagiados en Venezuela para el 21 de enero de 2021 fue de 122.260 y 1.129 fallecidos. Por esta razón, argumentó que el uso competente de estos equipos, donados por la OPS, es necesario para evitar una mayor propagación y controlar la afluencia del virus.

El comunicado de Miguel Pizarro establece que la reacción equivocada del régimen de Nicolás Maduro en el protocolo de las pruebas de antígeno es una manera de controlar los datos de contagio.

Venezuela vetada de la OPS

Venezuela no podrá acceder al mecanismo Covax de la OPS -utilizado por los países de bajos recursos para obtener las vacunas sin costo- por la deuda del régimen de Nicolás Maduro con la organización. Asimismo, el 29 de septiembre de 2020 durante el 58º Consejo Directivo de la OPS se suspendió el derecho al voto de Venezuela, debido a la misma deuda acumulada desde 2017. 

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De acuerdo con el informe realizado por los representantes de Aruba, El Salvador y Trinidad y Tobago, Venezuela tiene una deuda de 7.854.2019 dólares con el organismo. La constitución de la OPS establece que si un país tiene retrasos que excedan los dos años del importe de los pagos anuales, será vetado del derecho al voto.

La única manera de mantener el voto en la organización, después de la deuda, es que la misma considere que las condiciones de pago están fuera del control del gobierno. En el caso venezolano la deuda es, según la OPS, responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro y, por ende, se le revoca a la nación el derecho al voto. Este factor reduce la participación del país en las decisiones de la OPS. 

Los alegatos del régimen de Nicolás Maduro para excusar la deuda están centrados en las sanciones realizadas por Estados Unidos. Carlos Gabriel Alvarenga, viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud de El Salvador, explicó que Venezuela se comprometió “a efectuar un primer pago de 392.560 dólares de forma inmediata, pero sin poder transferir los fondos al exterior y efectuar el resto de pagos previstos en años sucesivos en el primer semestre de cada año”. Pero el plan de pago presentado por el régimen tiene un plazo de 20 años que no incluía ningún pago de las contribuciones en 2020 y, según Alvarenga, la OPS nunca ha aceptado “planes de pagos tan dilatados”.

Por su parte, Venezuela también adeuda importes de pago al fondo rotatorio de vacunas, una de las estrategias para la distribución de la vacuna contra el covid-19 en los países más vulnerables. Por la deuda el país no tiene derecho a ese proceso de vacunación. De acuerdo con Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, la única manera para el país de obtener ese beneficio es con el pago de la deuda y “el acuerdo de las partes para movilizar los recursos que sean necesarios para la adquisición de las vacunas». 

El incumplimiento del régimen de Nicolás Maduro con el acuerdo realizado con la OPS y la Asamblea Nacional, junto a la deuda con el organismo panamericano, es un obstáculo para la recuperación de Venezuela ante el contexto pandémico. Además, la malversación de los equipos es un atentado a la recuperación de los habitantes.  

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