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- Codhez denuncia que más de 98% de los incidentes es calificado por las autoridades como presuntos “enfrentamientos con antisociales”
La violencia policial en Venezuela es un fenómeno ampliamente documentado por distintas organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Esto debido al hecho de que constituye una violación de los derechos humanos, una que afecta a todos los estados del país y que dejó su marca en Zulia.
Esta realidad se encuentra reflejada en el más reciente informe publicado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). En él hacen pública su preocupación con respecto a la violencia aplicada por las fuerzas de seguridad del Estado.
En el texto señalan que durante el segundo semestre de 2020 en el estado Zulia se registraron un total de 213 muertes a manos de los cuerpos de seguridad. Añaden que si bien la cifra representa una disminución con respecto a las 373 ocurridas entre enero y junio, no se ha informado a la población el avance de las investigaciones asociadas a cada uno de esos casos.
“Llama la atención que para este segundo semestre del año 2020 se verifica una disminución del número de muertes como consecuencia de hechos de violencia que involucran a funcionarios de seguridad del Estado venezolano, después de la publicación y difusión del Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, se lee en el informe.
De acuerdo con la investigación realizada por Codhez, las muertes ocurridas entre julio y diciembre fueron el resultado de 158 “hechos violentos”. En ellos participó algún componente de los cuerpos de seguridad estatales.
Apuntan que las fuerzas del orden califican poco más de 98% de esos incidentes, es decir, 155, como enfrentamientos con presuntos antisociales.
Uno de los resultados de la evaluación fue que los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pudieron identificar patrones e incidentes que establecen “motivos razonables” para creer que en Venezuela se han cometido crímenes penados según el derecho nacional e internacional.
Entre los tipos de violaciones de los DD HH a los que el informe hace referencia, destacan operaciones para combatir la delincuencia; llevadas a cabo por miembros de organismos policiales y militares, que resultaron en un número significativo de ejecuciones extrajudiciales.
Zonas rojas de Zulia
Como parte de su investigación, Codhez identificó que los municipios del estado Zulia en los que se registró mayor violencia policial. Fueron Maracaibo, con un total de 66 hechos violentos (41,77%); seguido por San Francisco, con 25 (15,82%); La Cañada de Urdaneta, con 16 (10,13%) y Cabimas, con 12 (7,59%).
39 enfrentamientos
Julio39 enfrentamientos
Agosto27 enfrentamientos
DiciembreEn el boletín detallan que el mayor número de muertes, durante el segundo semestre de 2020, se produjo a manos de funcionarios adscritos al gobierno regional, con 89 personas fallecidas.
“Por su parte, los cuerpos de seguridad municipales dieron muerte a 54 personas (25,35%). Entre tanto, los cuerpos de seguridad nacionales ocasionaron la muerte de 53 personas (24,88%). Asimismo, en acciones conjuntas de comisiones mixtas se dio muerte a 17 personas (7,98%)”, continúa el informe.
Resaltan que en la mayoría de estas intervenciones policiales, el motivo aducido por los funcionarios fue presuntos enfrentamientos con antisociales; no obstante, en estos hechos ningún miembro de los cuerpos de seguridad perdió la vida.
Afirman que a estos casos de violencia policial y uso desmedido de la fuerza en Zulia se suman los casos de detenciones arbitrarias; registrados tanto en la entidad como en el resto del país. Dicen que un ejemplo de esta otra conducta ilegal quedó constatado el 4 de diciembre. Ese detuvieron a dos hombres que portaban panfletos en favor de la consulta popular convocada por la oposición.
61 fallecidos
Agosto50 fallecidos
Julio36 fallecidos
DiciembreEn esa oportunidad el pretexto de los uniformados fue que los papeles que portaban eran alusivos en contra del régimen de Nicolás Maduro. Posteriormente, a los detenidos los presentaron en tribunales, donde se les dictó medida sustitutiva de privación de libertad consistente en un régimen de presentación.
Añaden que esa no fue la única oportunidad en la que se registró un evento en el que quedó de manifiesto actuaciones irregulares de los cuerpos de seguridad. Previamente, en noviembre, se produjo una situación al margen de la ley. Ocurrió cuando un grupo de presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ingresaron a una finca sin autorización; allí amordazaron a los trabajadores del lugar luego de ordenarles excavar una fosa.
Debido a que el suceso trascendió a la opinión pública se ordenó una investigación para esclarecer los hechos; sin embargo, hasta la fecha, no se ha informado sobre los resultados de la misma.
Ante esta realidad, Codhez finaliza su informe haciendo un llamado al Estado venezolano. Lo hace para que cumpla con el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En él se expresa de forma clara que “el derecho a la vida es inviolable”.
“Las ejecuciones extrajudiciales se deben investigar, sancionar y reparar como muestra de actitud proactiva del Estado; puesto que estamos en presencia de un tema que interesa a toda la comunidad internacional, dada su connotación como delito de lesa humanidad”, concluye el informe elaborado por Codhez.
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