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- En América Latina gobiernos y empresarios ponderan la posibilidad de expandir los negocios relacionados con el uso del cannabis como opción terapéutica. Venezuela no está en la jugada
Desde hace unos cinco años, la mayoría de los gobiernos de América Latina vienen reconociendo el potencial exportador del cannabis medicinal. Esto motivó a los reguladores a generar una nueva industria capaz de atraer también la inversión extranjera directa.
Uruguay es el país precursor en esta materia al legalizar el uso del cannabis en 2013. En 2014 y 2015, no pasó mucho en los distintos países, pero a partir de 2016 se promulgaron varias leyes sobre el cannabis.
En Colombia se aprobó la ley del cannabis medicinal en 2016, y su reglamento, igualmente importante, en 2017. México, Perú y Argentina también aprobaron sus leyes de uso del cannabis para uso medicinal y/o para fines investigativos en 2017; este último país con restricciones.
Lo cierto es que 2017, en distinto grado, fue un año de avances en leyes o decretos en la región. Casi todos los países se demoraron con las implementaciones.
En México, en julio de 2020 se aprobó el reglamento. Argentina tiene un nuevo decreto este año que flexibiliza el acceso al cannabis medicinal, pero hay poca confianza en que pueda implementarlo por la confusión y fuerzas en contra que se levantan en este frente.
En cuanto a Perú, el gobierno de ese país aprobó el reglamento en 2019 y la venta legal de medicamentos se dio en los inicios de 2020. Se estima que desarrollará más la producción doméstica a partir de 2021.
Brasil tiene prohibida la producción del producto en su territorio. Sin embargo, es el país de América Latina con la mayor cantidad de pacientes dependientes del cannabis medicinal, cuya sustancia es totalmente importada.
Todo esto lleva a afirmar que la evolución de la industria del cannabis en la región es aún incipiente y lenta; pero avanza, según han manifestado algunos gobiernos y activistas, quienes también juegan un rol fundamental en este proceso.
Es de esperar que un nuevo impulso tenga lugar a partir de la histórica resolución de la ONU del 2 de diciembre de 2020 que retiró al cannabis de la lista IV, que corresponde a drogas peligrosas. Esto significa que el organismo pasó a considerar al cannabis con estatus medicinal. En la votación en Viena, 27 países aprobaron el cambio, y algunos –liderados por Rusia- se opusieron, como China, Hungría, Pakistán, Cuba y Venezuela.
Venezuela se niega
Para muchos analistas resulta paradójico que el gobierno de Venezuela, al que Estados Unidos ha acusado repetidas veces de facilitar el tráfico y los negocios de drogas ilegales, se pronuncie en contra del cannabis medicinal.
Sin embargo, explican que lo que prevalece en el gobierno es la alineación de política exterior con Rusia, China, Cuba e Irán, países básicamente prohibicionistas y con los que Venezuela ha estrechado vínculos.
“Hay una mezcla de temas políticos, culturales e históricos en esos países que los llevan a afirmar que el cannabis es una sustancia con potencial de riesgo. En algunas de esas sociedades, a la planta del cannabis la ve como una sustancia no solo peligrosa, sino tabú. Pero más allá de lo político o ideológico sobre lo que no quiero opinar, sí puedo decir que Venezuela, al oponerse a regular al mercado de cannabis medicinal, se pierde de un negocio que podría generar divisas para el país, que tanto necesita”, señaló para El Diario Alfredo Pascual, investigador especializado en temas del cannabis y columnista en Marihuana Business Daily (MJBizDaily), desde Frankfurt, Alemania.
Pascual se refiere fundamentalmente a que la planta del cannabis, si bien tiene muchas variedades genéticas que se han ido adaptando a diversas áreas geográficas y climas, es más eficiente en las zonas tropicales, como Venezuela y Colombia.
“Venezuela podría beneficiarse del negocio, pero también es cierto que las empresas eligen donde cultivar analizando más allá de las condiciones geográficas. Como la situación política, económica, grado de apertura al mundo y de seguridad a la inversión. En ese sentido, va en desventaja”, agregó Pascual.
Por su parte, Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, también observó que el Estado venezolano no reconoce las propiedades medicinales del cannabis y que lo considera una sustancia peligrosa.
López reconoce que el tema de las sustancias psicotrópicas es un “asunto delicado” en el país. “Se ha vuelto un punto muy político por las denuncias que (el gobierno) ha tenido sobre tráfico de estupefacientes y de sustancias prohibidas”, agregó.
No obstante, detalló: “Reconozco la utilización del cannabis como sustancia curativa y que se utiliza en muchos países para algunas enfermedades y dolencias, pero ni las autoridades políticas ni sanitarias de Venezuela, que tienen que ver con registros de productos farmacéuticos, jamás han llevado esa discusión a ninguna de las mesas con las que nos hemos reunido”.
Advirtió que en Venezuela no se produce ningún tipo de componente activo de sustancia farmacéutica; todo es importado, incluso los envases y tapas de los medicamentos.
Cabe agregar que en 2018 hubo un boom internacional de la industria del cannabis, fomentado por empresas canadienses que alentaban a los inversores ante una ola de legalización del cannabis medicinal que daría pie a una explosión de la demanda, pero esa expectativa se fue enfriando y se vio que el desarrollo de esta industria va a requerir más tiempo del esperado.
“Hoy en día, los inversores ya no quieren promesas de ingresos futuros, sino que las empresas de este rubro estén operativas y con resultados más inmediatos. Eso complicó el ingreso del capital a la región últimamente. En esa línea, 2020 fue el año del realismo en el mundo del cannabis, pero el potencial es enorme”, concluyó Pascual.
