Email
- Los republicanos podrían utilizar del juicio político contra Trump para evitar que sea el candidato favorito en cuatro años. En diciembre tenía 87% de respaldo dentro de los estadounidenses conservadores, a pesar del rechazo general de la población
Donald Trump logró lo que ningún otro presidente estadounidense había hecho antes: ser enjuiciado políticamente (impeachment) dos veces durante su gestión dentro de la administración pública.
Aunque el 20 de enero entregó el poder Ejecutivo a su sucesor Joseph R. Biden Jr., quien ganó las elecciones del 3 de noviembre de 2020, los congresistas intentan enjuiciarlo bajo el alegato de haber “incitado una insurrección“ que llevó a sus partidarios a irrumpir en el Congreso el 6 de enero, a fin de evitar que los parlamentarios contaran los votos electorales que confirmaban el resultado presidencial, que daba como ganador al candidato demócrata.
Trump fue llevado a juicio político por primera vez a fines de 2019, acusado de presionar a Ucrania para que interviniera en las elecciones generales de 2020. Solo 20 funcionarios (tres presidentes de ellos presidentes) han sido acusados por la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos. Y, de estas personas acusadas, 11 fueron condenadas por el Senado o renunciaron a su cargo después de ser acusadas.
Cómo funciona el juicio político
El término “juicio político” se refiere a la decisión de la Cámara de Representantes de acusar a un funcionario público de “delitos y faltas graves”, que de acuerdo a la Constitución justifican la destitución de un alto funcionario. Los legisladores pueden acusar a dicho funcionario por una mayoría simple de votos.
Después de esa votación, el proceso legal pasa al Senado, que llevará a cabo un juicio político y decidirá si condenará al funcionario acusado (si el presidente es acusado, el Presidente del Corte Suprema de EE UU presidirá este juicio). Condenar a alguien que es acusado requiere de dos tercios de los votos en el Senado (67 de 100).
Aunque el Congreso solo puede destituir y descalificar a un funcionario público, los fiscales federales aún pueden presentar cargos penales contra éste en un tribunal federal. En la historia de EE UU, solo tres personas, los ex jueces federales West Humphreys, Robert Archibald y Thomas Porteous, han sido excluidos permanentemente de ocupar cargos futuros.
La Constitución determina que dos tercios del Senado deben haber votado para condenar a un funcionario acusado de “delitos y faltas graves“ pero no es explícita sobre si la imposición de la sanción adicional de inhabilitación requiere una mayoría de votos. Sin embargo, el Senado determinó en el pasado que una mayoría simple de votos es suficiente para la descalificación de acuerdo con el precedente que marcó con el juez Archibald, quien fue inhabilitado en 1913 para ejercer en el futuro cualquier otro cargo dentro de la administración pública con 39 votos a favor y 35 en contra luego de su destitución.
De qué trata la segunda acusación
El artículo sobre el impeachment que envió la Cámara de Representantes al Senado destaca tres puntos principales, principalmente acusan a Trump de haber cometido “delitos y faltas graves”:
- Afirmó que ganó las elecciones: “Poco antes de que comenzara la Sesión Conjunta, el presidente Trump se dirigió a una multitud de sus partidarios políticos cercanos. Allí, reiteró afirmaciones falsas de que ‘ganamos estas elecciones y las ganamos por abrumadora mayoría’ “.
- Alentó los disturbios: “Hizo declaraciones intencionalmente que alentaron – y previsiblemente resultaron en – una acción ilegal inminente en el Capitolio. Incitada por el presidente Trump, una turba irrumpió ilegalmente en el Capitolio, lesionó al personal policial, amenazó a los miembros del Congreso y al vicepresidente, interfirió con el solemne deber constitucional de la Sesión Conjunta de certificar los resultados de las elecciones y participó en actos violentos, mortales, destructivos y actos sediciosos “.
- Trató de revertir su derrota: el artículo menciona una llamada reciente que Trump realizó con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, instándolo a “encontrar” los votos suficientes para revertir la victoria de Biden en la entidad.
El 13 de enero la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, logró con una votación de 232 – 197 pasar la acusación a un juicio político en el Senado, con el apoyo de 10 representantes republicanos y cuatro abstenciones. Aunque como era previsible la Cámara Baja no asumió inmediatamente el proceso y decidieron postergarlo hasta el 6 de febrero para dar paso a los aprobaciones de los funcionarios nominados por la Administración de Biden, que recién asumió la gestión.
La última vez que Trump fue acusado no fue suficiente para destituirlo de su cargo. La Cámara de Representantes puede imputarlo de un delito removible por mayoría simple de votos, pero debe ser condenado en el Senado por dos tercios de los votos (senadores), pero para el momento que ocurra la votación ya no estará en ejercicio del cargo. Entonces, ¿por qué realizarle un juicio político cuando ya no pueden retirarlo del poder? La destitución no es la única sanción disponible si el expresidente es condenado: la Constitución también permite que la Cámara Baja descalifique permanentemente a Trump de ocupar “cualquier cargo de honor, confianza o lucro en los Estados Unidos”.
Algunos legisladores republicanos han argumentado que el Congreso no debía haber acusado a Trump porque la Constitución no permite el juicio político y la destitución de ex funcionarios.
Ha habido dos (de un total de 20 juicios políticos en el país). El senador William Blount en 1799, quien fue acusado y juzgado después de haber sido expulsado. Y los senadores que votaron para absolverlo (algunos de los cuales ayudaron a redactar la Constitución) lo hicieron no porque fuera un ex oficial, sino porque los senadores no eran “oficiales” sujetos a juicio político.
En 1876, el secretario de Guerra William Belknap intentó dimitir minutos antes de que la Cámara votara sobre su juicio político, pero lo acusó de todos modos, concluyendo que su renuncia no derrotó el poder de juicio político del Congreso. Y aunque algunos senadores finalmente votaron para absolverlo, el Senado como concluyó que tenía el poder de juzgar a los exoficiales, adoptando una resolución de que el secretario podría ser juzgado. “Por actos realizados como Secretario de Guerra, sin perjuicio de su renuncia a dicho cargo” antes de ser acusado.
El Artículo II, Sección 4 de la Constitución estadounidense refiere:
Presidente, Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de su cargo en caso de juicio político y condena por traición, soborno u otros delitos graves y faltas”. Pero Vladeck, advierte que si eso fuera todo lo que dice la Constitución sobre el juicio político, podría caber el argumento de que una vez que el individuo deja de ocupar el cargo, el poder de juicio político desaparece. Sin embargo, el Artículo I, Sección 3 describe las facultades del Senado para llevar a cabo un juicio político, estableciendo que “el juicio en los casos de juicio político no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o beneficio bajo los Estados Unidos”.
“Esa última cláusula es la clave, porque nos lleva a la conclusión de que el Senado tiene dos decisiones que tomar en los casos de un juicio político: primero, debe decidir si un funcionario debe ser destituido. Luego debe decidir si esta persona debe ser descalificada para ocupar cualquier cargo federal futuro. De hecho, de los ocho funcionarios que el Senado ha votado por destituir, posteriormente votó para descalificar solo a tres de ellos, lo que refuerza que la destitución y la descalificación son consultas separadas. Y como este procedimiento y práctica histórica dejan en claro, para cuando el Senado vota sobre la descalificación, el funcionario ya ha sido destituido. En otras palabras, la descalificación, al menos, es en sí misma necesariamente un voto sobre un ex funcionario (en contraposición al actual)”, advierte el experto.
A su juicio, el poder de descalificación es tanto la evidencia principal como la razón central por la que la Constitución estadounidense permite el juicio político a ex oficiales. “De lo contrario, un oficial que enfrenta un juicio político, o un oficial que ya ha sido acusado y está a punto de ser destituido, también podría evitar la descalificación simplemente renunciando”, acota.
Republicanos entre defender a Trump o salvar su partido
Aunque el Senado mantiene una paridad política 50 legisladores demócratas y 50 republicanos, el partido oficial puede vetar o dar mayoría simple con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, así como 10 congresistas opositores votaron a favor del impeachment en la Cámara de Representantes, podría ocurrir en dicha Cámara.
El uso del juicio político del proceso contra Trump podría evitar que vuelva a postularse para la presidencia en 2024. Ningún ex mandatario que haya perdido en su segunda elección ha participado en un nuevo proceso electoral, pero Trump ha demostrado romper todos los esquemas y tradiciones dentro de la política estadounidense.
Si Trump volviera a buscar la presidencia en cuatro años, podría ser el favorito en las primarias del Partido Republicano. Una encuesta de Gallup de diciembre 2020 muestra que tiene un índice de aprobación del 87% entre los republicanos, a pesar de ser impopular entre la nación en general.
Otro sondeo realizado por la Universidad de Quinnipiac encontró que el 77% de los republicanos creen que Trump perdió ante Biden debido al fraude electoral generalizado, un alegato que no ha sido desmeritado en cortes federales de todo el país ante la ausencia de pruebas pero sus palabras motivaron a sus seguidores a causar estragos en el Capitolio.
Los republicanos podrían utilizar del juicio político contra Trump para evitar que sea el candidato favorito en cuatro años. En diciembre tenía 87% de respaldo dentro de los estadounidenses conservadores, a pesar del rechazo general de la población
