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- El flujo de migrantes venezolanos creció de manera exponencial a pesar de la pandemia por covid-19. Personas jóvenes, en muchos casos con niños, niñas, adolescentes y también adultos mayores, cruzan caminando la frontera de Bolivia para llegar a Chile, donde ahora serán criminalizados quienes transiten por pasos irregulares
La política migratoria de Chile ha dado un giro. La realidad de los caminantes venezolanos, que se materializa con la desesperación de huir de su país, ahora recibe estigmas de criminalización y deportación. Desde la semana pasada ya se hablaba de una crisis humanitaria en Colchane, un poblado chileno a 3.600 de altura cercano a la frontera con Bolivia y que servía de refugio para las personas que caminan kilómetros escapando de Venezuela.
Cientos de ciudadanos venezolanos atraviesan este altiplano andino, soportando temperaturas extremas y desafiando la pandemia del covid-19 para llegar a la región de Tarapacá. La travesía, incluso, ha cobrado la vida de dos migrantes.
Sin embargo, la decisión que ha propuesto la vocería del gobierno de Chile es encaminar un proceso que fue definido como “Plan Colchane”. Consiste en “controlar” la migración, de su mayoría venezolana, que ingresa por caminos irregulares.
Por esta razón, este miércoles 10 de febrero se conoció sobre la deportación de 138 migrantes, entre ellos 86 venezolanos y colombianos. También a 52 peruanos y bolivianos que habían llegado a este poblado. Todos serían retornados a sus países de origen.
Las fotos demuestran una indiferencia a la dignidad humana. Los migrantes fueron trasladados hasta el aeropuerto de Iquique y, en una fila, llevados de los brazos por agentes de migración con trajes de bioseguridad. Luego encaminados hacia las puertas del avión militar.
Solo algunas pocas personas llevaban una que otra pertenencia y que les colocaron en una bolsa blanca. Dentro solo tenían un suéter y unos zapatos.
La postura de la CIDH
u003c!u002du002d wp:paragraph u002du002du003enu003cpu003eEsta acción contrasta la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, desde inicios de la pandemia, exhorta a los Estados a reconocer el estatus de refugiado a los migrantes venezolanos, de acuerdo con la Declaración de Cartagena. u003c/pu003enu003c!u002du002d /wp:paragraph u002du002du003ennu003c!u002du002d wp:paragraph u002du002du003enu003cpu003eEl organismo también establece que los que huyen de un país por violación sistemática de derechos humanos, como es el caso de Venezuela, deben ser reconocidos como refugiados y, en ese sentido, se les debe brindar protección internacional.u003c/pu003enu003c!u002du002d /wp:paragraph u002du002du003e
Un refugio de paso para los caminantes
De acuerdo con registros locales, por la frontera chilena y desde Bolivia han cruzado irregularmente 3.600 migrantes en enero (10 veces más que en enero de 2020). Y específicamente en Colchane, habitada por la comunidad indígena aymaras, han pasado más de 1.500, para luego seguir su rumbo hacia ciudades como Iquique, o Santiago.
Javier García, alcalde de Colchane, indicó para BBC Mundo que el poblado no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a la población migrante que transita por la zona.
Explicó que la zona tampoco posee electricidad durante las 24 horas del día ni cuenta con supermercados ni con red de alcantarillado. “Contamos con un consultorio que diariamente atiende a 30 personas y solamente ayer (5 de febrero) atendió a 260 pacientes, lo cual pone en evidencia la sobrepoblación y la sobrecarga laboral de los funcionarios aquí”, añadió García.
La autoridad de Colchane también especificó que la mayoría de los migrantes pernoctan en plazas o viven a la intemperie, lo que ha producido un colapso en el poblado.
En palabras del canciller chileno Andrés Allamand, “la medida principal para quienes entren en forma irregular es la expulsión”. Además, anunció la realización de una campaña en el extranjero para desincentivar la migración irregular hacia ese país.
Su declaración coincide con lo expresado esta semana por el presidente Sebastián Piñera, quien planteó la necesidad de “cerrar la puerta a la migración ilegal”. Asimismo, agregó que “son los que entran sin decir la verdad y sin respetar nuestras leyes y sin respetar los principios que hemos establecido”.
En ese sentido, uno de los primeros anuncios fue disponer de vuelos militares para deportar a migrantes que ingresaron por pasos irregulares. Por otra parte, existe otro grupo, de 11 personas venezolanas, que sí estarían siendo expulsados por motivos judiciales.
Las autoridades advierten que las personas que deben transitar por Chile y que quieran pasar por un paso irregular, no van a ser regularizadas en el país.
“No van a tener un carnet de identidad. Estamos definiendo la posibilidad de tener residencias sanitarias transitorias, pero solo como centro de paso previo a la expulsión”, concluyó.
Otras medidas en marcha
Desde Chile evalúan “positivamente” las medidas adoptadas hasta la fecha, como el Decreto 265, señalando que el control en la frontera norte “ya tienen resultados”.nn“Hay cambios concretos, vuelos no tripulados, drones, equipamiento de comunicación, equipos de vigilancia con sensores nocturnos. Todo eso es parte del ‘Plan Colchane’ con el fin de tener fronteras más seguras”, sostuvo Ricardo Delgado, ministro del Interior de Chile.nnEn su opinión, el citado decreto abre camino a que se promulgue una nueva ley de migración a finales de marzo. “Vamos a tener muchas más herramientas”, añadió.n
Organizaciones se pronuncian ante la deportación
El Servicio Jesuita a Migrantes rechazó esta acción y apuntó que la mayoría de los caminantes que ingresan por pasos no habilitados tras el cierre de la frontera entre Bolivia y Chile debido a la pandemia son venezolanos (72%).
Waleska Ureta, representante de esa organización, explicó que si bien el flujo de migrantes debe enfrentarse con la implementación de medidas migratorias, estas deben ser, ante todo, humanitarias.
Expulsión de migrantes vulnera los derechos humanos, y constituye un claro acto de racismo, expresivo de un gran desprecio por la dignidad humana y que se realiza con una cobertura mediática cuyo objetivo es ocultar la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.
— Comisión Chilena de Derechos Humanos (@ComisionChilena) February 10, 2021
El secretario general de la organización no gubernamental chilena Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, aseguró que el coronavirus es “la excusa que utiliza el gobierno” para no dejar entrar al país a los migrantes.
“Estas personas ingresan de forma irregular porque no hay mecanismos de ingreso regular. Es así de sencillo”, mencionó en una entrevista para La Tercera.
Noriega alegó que si bien todos los Estados son soberanos y están en su derecho de establecer restricciones, este tema se debe manejar de otro modo. Considera que antes de expulsar y criminalizar, se debe regularizar.
Los anuncios del gobierno Chile contrastan con lo que sucedió esta misma semana en otros países que han tenido un alto flujo migratorio desde Venezuela.
En Colombia, el presidente Iván Duque anunció la medida de regularizar a los migrantes venezolanos. Esta decisión beneficiaría a alrededor de dos millones de ciudadanos en ese país.
Ahora, los venezolanos sin papeles en Colombia tendrán la posibilidad de entrar en este régimen de protección por 10 años, hasta que formalicen su situación si quieren quedarse.
Por su parte, Brasil ha aplicado un criterio colectivo para reconocer y otorgar refugio y Ecuador implementó la misma medida. Argentina extendió los criterios de la Visa Mercosur hacia la población venezolana y Colombia, además de los recientes, ha impulsado medidas para entregar permisos temporales.
El expulsar y degradar a migrantes y refugiados venezolanos no solo consigue extender la agonía de quienes huyeron caminando de su país, sino que además profundiza el estigma que ya existe en contra de la migración venezolana.
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