• Los indígenas, pertenecientes a la comunidad kumarakapay, estaban detenidos desde diciembre de 2019 por su supuesta participación en la “Operación Aurora”. El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que se les otorgó medidas cautelares

La mañana de este sábado 13 de febrero se conoció la excarcelación, bajo medidas cautelares, de los 12 pemones que permanecían recluidos en el Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, estado Miranda.

La noche del viernes los indígenas habían sido trasladados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas.

Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, informó a través de su cuenta de Twitter que luego los movilizaron a Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.

Allí la ministra de Pueblos Indígenas, Yeral Yamilet Mirabal de Chirino, anunció que serían devueltos a su comunidad para que “sean juzgados” según sus costumbres.

En principio eran 13

Los indígenas, pertenecientes a la comunidad kumarakapay, estaban detenidos desde el 22 de diciembre de 2019 por su supuesta implicación en el asalto a dos instalaciones militares, en el contexto de la denominada “Operación Aurora”.

En principio eran 13 los pemones detenidos, pero Salvador Franco (uno de ellos) falleció el pasado 3 de enero, a sus 44 años de edad, por desnutrición y ante la negativa de las autoridades de facilitarles el acceso a la atención médica.

Excarcelan a los 12 pemones que permanecían recluidos en el Rodeo II
Salvador Franco, pemón fallecido

Los otros 12 están identificados como Fiacencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amílcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Jóvito Mesía.

Todos se desempeñaban en su comunidad como artesanos, agricultores y guías turísticos.

La “Operación Aurora”

El ataque al fuerte de Santa Elena, también conocido como “Operación Aurora” fue un asalto que se llevó a cabo durante la madrugada del 22 de diciembre del 2019 en el municipio de Gran Sabana, estado Bolívar.

Sin embargo, el asalto al Fuerte Escamoto (Escuadrón de Caballería Motorizada), fue frustrado por los militares.

En ese entonces, Romel Guzamana, diputado indígena de la Asamblea Nacional (AN) por los estados Apure y Amazonas, indicó que en el grupo insurreccional había policías y militares retirados que decidieron organizarse debido a “las injusticias con los pueblos indígenas en el territorio”.

Se organizaron y decidieron tomar por asalto los comandos porque ellos veían las injusticias que eran cometidas en contra de los pueblos indígenas en ese territorio. Lo más reciente fue la masacre de pemones que ocurrió en Ikabarú –una población mixta en la que conviven indígenas y personas de varias nacionalidades–, pero ya muchos estaban hartos, por ejemplo, del asedio de personas irregulares que van por los recursos en las minas”, dijo Guzamana.

Producto del ataque, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizaron una serie de detenciones arbitrarias en las que detuvieron a los 13 pemones y los mantuvieron aislados, sin oportunidad de poder contactar a sus familiares.

Recibieron múltiples torturas físicas como asfixias, golpes que incluían patadas y daños con objetos contundentes; también torturas psicológicas, amenazas e insultos. Les arrojaban la comida al suelo para que comieran de allí y solo les proporcionaban bolsas o botellas para que hicieran sus necesidades fisiológicas.

El 9 de enero de 2020 fueron presentados en tribunales de terrorismo y les imputaron delitos como conspiración, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones de resguardo.

En mayo de ese mismo año los trasladaron, sin orden judicial, al centro penitenciario Rodeo II. La defensa de los 13 pemones solicitó, en reiteradas oportunidades y sin éxito, un cambio de centro de reclusión debido a las graves condiciones del penal y el peligro para la salud de los detenidos.

El Foro Penal siempre mantuvo, y mantiene, que se trata de presos políticos o presos de conciencia.

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