• Una migrante venezolana viajó con su hijo caminando desde Venezuela hasta Chile. El pasado 10 de febrero recibieron la notificación de que serían deportados aún cuando la vida de su hijo corre riesgo en el país. Les llamaremos Magdalena y Luis, pues todavía temen que puedan existir más acciones en su contra por contar su historia. Ilustración: Lucas García

Cuatro horas antes de dormir, Magdalena* habla con su hijo sobre la posibilidad de que sean deportados a Venezuela. En ese momento se acumula toda la tensión de los dos meses anteriores. Dos meses en los que fueron caminantes bajo un frío que les adormecía los pies y manos, incluso el rostro. Dos meses en los que se redujeron las horas de dormir drásticamente. Magdalena relata que en uno de esos meses lo que deseaba era que el trayecto se terminara. Quería volver a sentirse a salvo y ver a su hijo tener nuevamente un futuro que no fuera amenazado por la delincuencia. Por eso, caminaron. Iban camino a Chile.

A Luis*, su hijo, lo amenazaron de muerte. En Maracaibo, estado Zulia, le pidieron 2.000 dólares para no asesinarlo. Por eso huyeron y cruzaron la frontera para intentar llegar al país austral, donde unos familiares los estarían esperando.

Llegaron a Colchane, un poblado entre la frontera de Chile y Bolivia situado a 3.700 metros de altura, el pasado 30 de enero. Lo hicieron a través de un paso no habilitado y como muchos otros migrantes venezolanos, esa misma tarde se autodenunciaron ante las autoridades de migración chilena para “hacer las cosas bien”. Ese día no hubo entrevistas para conocer las razones que los llevaron a emprender el viaje. Tampoco las hubo los días siguientes.

El protocolo de autodenunciarse

La legislación chilena establece que el ingreso de extranjeros al país es en calidad de turistas. Para ello, existen diversos motivos por los cuales pueden entrar, ya sean recreativos, deportivos, salud, estudios, negocios, familiares, religiosos u otros fines.

Cuando la PDI permite el ingreso del extranjero, normalmente se le otorga una estadía que la ley establece por 90 días. Si expira ese plazo, la persona debe autodenunciarse ante la PDI y será sancionado con una amonestación por escrito o con una multa.

Una vez hecho lo anterior, puede retirarse del país en 10 días (o el plazo que las autoridades indiquen), o bien tramitar una visa de permanencia.

El procedimiento consistió en que funcionarios de la Policía de Investigación Policial (PDI) les confiscaran sus documentos de identidad. En este caso, los dos pasaportes de nacionalidad venezolana. No había instrucciones claras y lo siguiente era dormir en las calles de Colchane, donde cayera la noche, dice, con temperaturas que descendían hasta los 0°, pero que en el día eran igual de extremas con hasta 31 grados centígrados. 

“Nosotros tratamos de hacer las cosas bien. Sabemos que ingresamos por un camino que no estaba habilitado para su paso, pero quisimos hacer las cosas bien y por eso nos autodenunciamos cuando llegamos a territorio chileno. No es justo que ahora nos quieran enviar al país del que estamos huyendo”, señaló Magdalena para El Diario.

A ambos les practicaron exámenes para descartar un posible contagio por covid-19. Luego de cinco días fueron llamados por agentes de migración. El resultado dio negativo y fueron alojados en un refugio donde debían permanecer hasta que se esclareciera su situación migratoria por ingresar al país de manera ilegal. Los agentes de la PDI alegaron que el retiro de sus pasaportes correspondía a un protocolo donde serían “registrados” y que en los próximos días se les devolvería su documento de identidad a cada uno.

Nos decían que nos quedáramos tranquilos y que pronto nos entregarían nuestros documentos”, recordó Magdalena, pero esto nunca sucedió.

Ser separados

Chile
Ilustración: Lucas García

En horas de la madrugada del pasado 10 de febrero se les notificó a las personas que aguardaban dentro del refugio que debían firmar un documento que autorizaba su consentimiento de expulsión de territorio chileno y, posteriormente, su trasladado hacia Venezuela. Magdalena se negó y su hijo también rechazó la carta. La respuesta que dieron los funcionarios de la PDI fue que se trataba de un decreto al que no se podían negar. Mencionaron que si tenían alguna duda podían buscar la información en Google. Tampoco les entregaron sus pasaportes. 

Ese día, Magdalena recibió dos noticias que sintió como una estocada. En la sala, el personal sanitario entró para informar que una persona había dado positivo por covid-19 en su habitación. Debían ser aislados, reagrupados y a su hijo no lo vio más. Ella también había dado positivo. Pero al intentar contactar por teléfono a Luis la mañana siguiente, recibió un mensaje: 

—Mamá, me van a llevar a Venezuela. Me van a deportar. Es lo único que me han dicho— dijo Luis.

—Tú no te puedes ir— respondió Magdalena—No pueden llevarte, porque te pueden matar en Venezuela. 

Ella relata que abrió los ojos, de golpe, con la memoria todavía rezagada en algún remolino de los pensamientos que se manifestaban unos tras otros en su cabeza. Fue consciente de lo que estaba sucediendo cuando miró las noticias. Describe que en algún momento llegó a quedarse con la mente en blanco y los segundos parecían estirarse mientras intentaba llenarlos con respuestas. Más que un despertar, dice Magdalena, tenía la sensación de que su vida se estaba desmoronando. 

Ver la situación en las noticias tampoco la ayudó. Esperaba que fuera un mal sueño. La desesperación le hizo mirar sus uñas marrones, llenas de la tierra que se acumulaba en cada uno de sus dedos. 

—¡Auxilio! ¡Auxilio! A mi hijo me lo pueden matar— gritaba.

No llegaba a ser un hilo de voz. Era un sonido que apenas salía de su boca. A Luis lo enviaron sin su pasaporte desde Chile al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en La Guaira, estado Vargas. Llegó sin dinero y su mamá debía resolver su traslado hacia Maracaibo. Para Magdalena, la razón por la cual no fue deportada de Chile, reclama, es que dio positivo por covid-19. Solo por eso, recalca, es que ella todavía permanece en ese territorio.

Por ello, espera y todavía mantiene la esperanza de que las autoridades reconsideren la medida y su hijo pueda volver a ese país. “Tengo miedo de lo que pueda pasar en los próximos días”, afirmó.

La migración hacia Chile

Desde el año 2015, la migración venezolana fue creciendo hasta convertirse en el más grande desplazamiento de migrantes en América Latina. Hasta el 5 de octubre de 2020, la ONU registraba una emigración histórica de casi cinco millones y medio de venezolanos. 

A pesar de los retornos impulsados por la pandemia del coronavirus, el éxodo desde Venezuela continúa hasta el sur del continente. Los venezolanos huyen por tener un sueldo mínimo mensual de menos de un dólar. La escasez de gasolina y gas se ha agudizado en todo el país desde marzo de 2020. 

Chile ha sido uno de los principales destinos para la migración venezolana. Se estima que 472.827 venezolanos viven de forma legal en ese país. 

Desde el despacho del gobierno de Chile, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, descartó un mea culpa por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera ante la crisis migratoria que enfrenta el poblado de Colchane y agregó que la invitación que realizó el mandatario a los migrantes venezolanos fue «para que vinieran a Chile a través de una visa (de Responsabilidad Democrática) y no entrando por un paso irregular”.

Solicitud de visas en Chile suspendidas hasta nuevo aviso

Producto de la pandemia, en 2020 se cerraron las fronteras, y unos meses más tarde se decidió suspender la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) para los venezolanos que, incluso, esperaban solo días para asistir a su cita o retirar la estampilla.

El Servicio Jesuita a Migrantes, organización no gubernamental chilena, informó que tras esta medida se habían solicitado 223.801 VRD.

De este total se habían otorgado y con proceso cerrado 59.525 (27%). Asimismo, 163.961 de estas solicitudes, es decir el 73%, han sido rechazadas y 307 (0,1%) estaban aún sin resolver.

En ese sentido, la última vía de ingreso regular para una persona venezolana es solicitar refugio. El reconocimiento que hace el Estado de Chile al estatus de refugiado ha sido históricamente bajo, pero en los últimos años se ha vuelto casi inexistente.

Esta declaración fue en respuesta a los señalamientos del candidato presidencial del partido Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien pidió no expulsar a los migrantes venezolanos que llegan al país; además de realizar un llamado a los altos funcionarios del gobierno chileno a reconocer que “hubo una equivocación”. 

El estatus de refugiados

432

solicitudes de refugio

7

personas fueron reconocidas como refugiados en el 2020

“No es comparable la invitación de Piñera con una entrada irregular. Con respecto a los pasos inhabilitados no hay mea culpa. La pandemia, el cierre de fronteras, influyó en la entrada irregular de venezolanos, pero yo no puedo decir que si un presidente dice que los invitamos a venir a Chile con visa correspondiente y están entrando por pasos irregulares, no puedo hacer un mea culpa por eso”, agregó.

Delgado además entregó cifras tras la implementación del Plan Colchane, un paquete de medidas cuyo objetivo es controlar la migración irregular que ingresa a territorio chileno. En este sentido, reveló que en la semana del 2 al 8 de febrero 1.374 personas entraron al país por pasos no habilitados, pero en la semana del 9 al 16 febrero -en la que se implementó esta medida- solo se han contabilizaron 109 personas, lo que representa “más del 90% de menores ingresos por Colchane”.

Magdalena lamenta que sus derechos humanos queden sin efecto. Que se los vulneraran y que solo le quede esperar. Pide que las autoridades hagan que su hijo regrese a Chile, pero no tiene ni idea de cómo podría ser eso posible. Solo está consciente de los miles de kilómetros que caminaron y que se diluyeron tras un engaño.

Mientras la justicia decide, ella solo reza para no recibir el llamado de un funeral y que su hijo se convierta en una cifra más de la delincuencia en Venezuela.

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