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- El organismo internacional evaluó evidencias de los operativos de las FAES entre el 6 y el 9 de enero en el sector y sugiere que varias de los asesinatos que se produjeron podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales. Foto: Román Camacho
La organización Amnistía Internacional emitió este jueves 18 de febrero un informe en el que insta a la Corte Penal Internacional (CPI) a incluir los hechos en los que fueron asesinadas 14 personas en La Vega (Caracas) por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entre el 6 y el 9 de enero de 2021.
Los hechos violentos iniciaron cuando los vecinos de la zona popular caraqueña denunciaron la presencia del organismo policial. Dos días después, se desplegaron 650 funcionarios de las FAES en el sector por un presunto enfrentamiento entre bandas.
En el transcurso de ese día, se conoció sobre el asesinato de al menos 14 personas. Lo que el organismo internacional considera una serie de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y reseñas de medios de comunicación nacionales contabilizan 23 fallecimientos durante el operativo.
Los hechos
Los familiares de un colector de autobús, identificado como Eliécer Rafael Martínez Rojas, de 23 años de edad, dijeron para Monitor de Víctimas que, en un primer momento, sospechaban que se lo habían llevado detenido. La última vez que tuvieron contacto con él fue mediante una llamada telefónica a las 6:00 pm del 7 de enero.
Relatan que escucharon el forcejeo y el sonido desesperado de sus manos tocando algunas teclas del teléfono.
De acuerdo con la versión policial, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hallaron el cadáver de Martínez en la vía pública a las 7:00 pm de ese día.
Entre los casos registrados el pasado 7 de enero destacan el de Yeferson José Moreno Plazola, de 28 años de edad, a quien ejecutaron dentro de su residencia. Familiares indicaron que funcionarios de las FAES ingresaron a la vivienda y sacaron a la fuerza a mujeres y niños.
Luego, retiraron el cuerpo del hombre con un disparo en la cabeza. En esa misma calle, contaron familiares, otros tres vecinos también fueron víctimas de la masacre.
Ese mismo día, a Julio Alexander Pino Moreno, de 23 años de edad, le dispararon. Lo hicieron cuando iba bajando de la calle Las Margaritas junto a su esposa y su hijo, un bebé de un año.
A su pareja le dijeron que sostuviera a su hijo en brazos mientras la obligaron a permanecer contra una pared. A Pino Moreno lo forzaron a echarse al suelo. Lo asesinaron en ese instante.
El operativo policial estuvo a cargo de funcionarios de las Fuerza de Acciones Especiales (FAES), cuerpo de seguridad que ha señalado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por perpetrar ejecuciones extrajudiciales.
Michelle Bachelet, alta comisionada y representante de esta oficina, pidió la disolución de las FAES en el año 2019. Debido a las graves violaciones y prácticas en las que ha incurrido.
Un año después, Bachelet también denunció que las FAES había actuado y ejecutado extrajudicialmente a más de 2.000 jóvenes entre 1° de enero y 19 de mayo de 2020.
Su preocupación coincidió con un informe que presentó la Misión Internacional Independiente de la ONU, presidida por Marta Valiñas. Quien dijo que “funcionarios de las FAES mantienen patrones para ejecutar extrajudicialmente y recibir órdenes de superiores para matar en vez de detener y juzgar”.
Evidencias
“Existen razones de peso para creer que al menos 14 de las muertes en La Vega entre el 6 y 9 de enero fueron probables ejecuciones extrajudiciales; un crimen de derecho internacional que puede constituir crímenes de lesa humanidad. A pesar de las denuncias reiteradas de organizaciones internacionales y la valiente sociedad civil venezolana, estos crímenes continúan año tras año, de la mano con una sistemática impunidad”. Así lo dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en el informe del organismo.
Amnistía Internacional evaluó varios videos captados durante los días que se desarrolló el operativo policial. Las imágenes registran los momentos en los que funcionarios y vehículos del organismo se mueven por distintos lugares del sector popular.
En algunos de los videos lograron apreciar sonidos de disparos; además de agentes de seguridad apuntando con armas e incluso el momento en el que una camioneta policial traslada lo que parece un cadáver.
El equipo de Amnistía Internacional tuvo acceso a imágenes de las 14 personas fallecidas; segmentó la información por el tipo de herida que les quitó la vida a cada una de las víctimas.
Examen preliminar
El pasado 14 de diciembre de 2020 la Corte Penal Internacional publicó un informe que sirvió de base para la actual fase del Examen Preliminar en el que se estudian presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el año 2017.
El documento señala que la Fiscalía, presidida por Fatou Bensouda, finalizó su análisis de la información disponible sobre la situación de Venezuela. Además, concluyó que “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes, de competencia de la Corte, en Venezuela desde al menos abril de 2017”.
Crímenes
La CPI considera que los organimos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro habrían cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.nnEntre ellos incluye: tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.n
El más reciente informe señala inicialmente como responsables de estos crímenes a organismos de seguridad del Estado:
La Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Carmen Alguindigue, abogada venezolana acreditada ante la CPI y representante diplomática del gobierno interino ante Andorra, explicó en una entrevista previa para El Diario que estas acusaciones directas no excluyen a los funcionarios de alto mando político y militar del país. Tampoco lo harían las presuntas investigaciones entregadas por el régimen, representado por Tarek William Saab, a la fiscal Fatou Bensouda sobre estos crímenes.
El informe explica que en la “primera parte del año 2021; es decir, antes de que termine el periodo de la fiscal Bensouda e inicia el de Karim Khan, se finalizará el examen preliminar sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La solicitud de Amnistía Internacional sobre la inclusión de la masacre de La Vega en el examen preliminar implicaría extender la lista de crímenes de lesa humanidad. Esto se debe a que los hechos ocurridos entre el 6 y el 9 de enero de 2021 se podrían considerar ejecuciones extrajudiciales y este tipo de crímenes no está reflejado en las últimas conclusiones de la CPI.
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