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- En Venezuela ha desaparecido la contracepción accesible y, con ella, el control que muchas mujeres tenían sobre sus vidas. Foto: Meridith Kohut
SAN DIEGO DE LOS ALTOS, Venezuela — Cuando Johanna Guzmán, de 25 años, descubrió que iba a tener un sexto bebé, empezó a llorar, abatida por la idea de traer una vida más a un país que atraviesa una decadencia tan profunda.
Para ese entonces, Guzmán cocinaba exiguas cenas en el fogón de leña, lavaba la ropa sin jabón y educaba a sus hijos sin papel. En ese momento, ya la acechaba el temor de no poder darles de comer a todos.
Y ahora, ¿otra criatura?
“Sentí que me ahogaba”, dijo.
Venezuela inicia su octavo año de crisis económica y, mientras tanto, un drama profundamente personal sucede en los hogares: a millones de mujeres ya no les alcanza para los anticonceptivos, lo que las obliga a tener embarazos insostenibles en un momento en el que a duras penas logran alimentar a los hijos que ya tienen.
En Caracas, la capital, un paquete de tres preservativos cuesta 4,40 dólares: el triple del salario mínimo de Venezuela, que es de 1,50 aproximadamente.
La píldora anticonceptiva cuesta el doble de eso, alrededor de 11 dólares al mes, mientras que un dispositivo intrauterino (DIU) puede llegar a costar 40 dólares, más de 25 veces el salario mínimo. Y eso no incluye los honorarios del médico que tiene que implantarlo.
Con el costo de la contracepción tan fuera de su alcance, las mujeres cada vez más recurren al aborto, que es ilegal y, en los peores casos, les puede costar la vida.
Esta situación contradice la promesa que el gobierno de Venezuela alguna vez le hizo a sus mujeres y niñas. Hugo Chávez, el fundador de la revolución de inspiración socialista del país, declaró que su gobierno les daría a las mujeres lo que otros no les brindaron: participación completa y equitativa en la sociedad.
Chavez incluyó a las mujeres en las instancias de poder y consagró en la constitución el derecho a “decidir libremente” cuántos hijos deseaba tener una pareja. En una región en la que los abortos están por lo general prohibidos, solo le faltó legalizar el procedimiento. Pero los anticonceptivos estaban subsidiados y ampliamente disponibles.
Chávez y su sucesor, el presidente Nicolás Maduro, declararon públicamente ser feministas.
Pero a medida que el control de Maduro se convirtió en un régimen autoritario, la economía de Venezuela ha colapsado bajo el peso de la corrupción, la mala gestión y las sanciones de Estados Unidos.
El país que alguna vez fue el más próspero de América Latina está sumido en una crisis que los economistas califican como la peor en décadas fuera de un contexto de guerra y su gente sufre de una inflación galopante y hambre generalizados.
Además, los venezolanos lidian con un sistema de salud tan maltrecho que ya no puede proveer la contracepción básica. Hoy, los anticonceptivos están casi ausentes en las clínicas estatales y solo disponibles en las farmacias privadas a precios prohibitivos.
Esta situación ha transformado la vida de las mujeres, que cargan con casi todo el peso de las responsabilidades de crianza justo cuando la crisis agudiza el desafío de cuidar a una familia.
Muchas mujeres que crecieron con la idea de que el chavismo las sacaría de la pobreza, al ofrecerles educación y oportunidades laborales, ahora enfrentan el riesgo de criar cuatro, seis, o diez chicos en un momento en que los productos básicos del cuidado familiar —alimento, jabón, pañales— llegan de forma intermitente, o no llegan.
Anitza Freitez, demógrafa de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, dijo que esta dinámica podría moldear al país durante décadas al reproducir “un círculo vicioso de pobreza”.
A medida que las salas de maternidad de Venezuela colapsaban, la mortalidad materna aumentó un 65 por ciento entre 2015 y 2016, según el Ministerio de Salud del país.
Y luego el gobierno dejó de publicar datos.
Fexsibel Bracho tenía 24 años y tres hijos cuando buscó un servicio clandestino para interrumpir su embarazo en enero. El procedimiento, realizado con un gancho, le perforó el útero. Murió el 2 de febrero a causa de una hemorragia.
“Ella no tenía los dólares” para pagar métodos anticonceptivos, dijo su madre, Lucibel Marcano, de 51 años, quien cuidó de Fexsibel en sus momentos finales y vio cómo a su hija se le escapaba el color del rostro.
Representantes de los ministerios de Salud y de la Mujer no respondieron a solicitudes de entrevista enviadas en cartas y correos electrónicos.
Cuando Hugo Chávez fue elegido como presidente en 1998, heredó un sistema en el que los métodos anticonceptivos estaban ampliamente disponibles.
En su impulso por adoptar la causa de los derechos de las mujeres, ofreció transferencias de efectivo a las mujeres pobres y transfirió el ministerio de la mujer al poder ejecutivo.
“Sin la verdadera liberación de la mujer, sería imposible la liberación plena de los pueblos”, dijo Chávez en 2009, “y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista”.
Pero la salud reproductiva jamás fue prioridad, algo que incluso sus partidarios admiten.
Indhira Libertad Rodríguez, una activista por los derechos de las mujeres de 45 años y fiel seguidora de Chávez, afirma que el chavismo “no ha superado el sesgo de la mujer como reproductora dentro de la revolución bolivariana”.
Durante décadas, la economía de Venezuela ha dependido de las vastas reservas petroleras del país. Pero a partir de 2014, los precios del crudo y una gestión deficiente provocaron una caída económica que afectó de manera grave el poder adquisitivo del gobierno.
En 2015, los contraceptivos que alguna vez fueron gratuitos en los hospitales públicos y muy accesibles en las farmacias privadas, comenzaron a desaparecer. Y las mujeres que antes podían planificar su futuro —gracias a la anticoncepción— empezaron a perder el control.
Para 2018, los anticonceptivos orales, los implantes y los parches ya eran casi imposibles de encontrar en varias de las principales ciudades, según un estudio realizado por la coalición de derechos Equivalencias en Acción.
Algunas parejas empezaron a abstenerse o a racionar los encuentros sexuales. Otras utilizaron el método del ritmo. Pero no siempre funcionaba. Y no todos tenían alternativa.
Al agudizarse la crisis, muchas mujeres dicen que también el abuso ha empeorado, lo que dificulta que puedan rehusarse ante su pareja o finalizar una relación.
Guzmán dio a luz a su sexto hijo, Yorkeinys, en abril, cuando el país ya estaba en la pandemia y su esposo, un mecánico, llevaba semanas sin trabajar. Explica que cuando dejó el hospital y regresó a su casa, hambrienta, solo tenía lentejas en la alacena, y todos sus hijos tenían hambre. Cayó en depresión y pasó 20 días en cama.
“Es como un hueco sin salida. Todo oscuro”, dijo sobre sus peores días. “Tú volteas por acá: está oscuro; tú volteas ahí y está oscuro”.
El plan que había soñado desde niña —convertirse en química— ha quedado en pausa indefinidamente.
Conforme la crianza se ha vuelto cada vez más difícil en Venezuela, la cantidad de mujeres que buscan hacerse un aborto también se disparó, según entrevistas con profesionales de la salud y trabajadores sociales en todo el país.
Antes de la crisis económica, algunos médicos realizaban procedimientos de aborto en instalaciones más seguras. Pero alrededor de 30.000 médicos —la mitad de los del país— se han marchado recientemente, según la Federación Médica Venezolana, lo que hace que las mujeres tengan que acudir a clínicas improvisadas.
En las sombras, un grupo cada vez más grande de mujeres, y unos cuantos hombres, se han convertido en una suerte de consejeros de abortos clandestinos, sobre todo con la intención de enseñar a las mujeres a conseguir y utilizar misoprostol, un fármaco que en otros países se usa legalmente para inducir el aborto.
La idea es que las mujeres no acudan a los proveedores de abortos poco confiables que cobran altos precios a cambio de procedimientos potencialmente mortales.
Faldas-R, un grupo activista que opera una línea telefónica de asistencia al aborto, reportó un aumento del 40 por ciento en las llamadas entre 2018 y 2019.
Las mujeres que son detenidas por interrumpir sus embarazos, y las personas que las ayudan, pueden llegar a pasar años encarceladas.
Asumiendo un gran riesgo personal, algunos asesores entregan el misoprostol directamente a las mujeres.
Pero incluso con asesoría, la experiencia puede ser un calvario y, a menudo, implica una búsqueda frenética para conseguir los 150 dólares que cuesta comprar las píldoras y luego encontrar un lugar seguro donde puedan sangrar durante algunas horas.
Una noche a fines de 2019, Jessika, una universitaria de 21 años, tuvo un aborto en un galpón de autopartes, acompañada por dos amigas.
Jessika nunca había podido comprar anticonceptivos. Se embarazó después de ser agredida por su novio, y sabía que no podría mantener a un hijo.
“En el país en que vivimos”, dijo, “una mujer no puede tener el lujo de traer una boca más para alimentar”.
A través de sus contactos, se puso en comunicación con uno de los asesores, que le dio las instrucciones y le deseó buena suerte.
Con siete semanas de embarazo, compró en línea el misoprostol de un hombre que se hacía llamar “José Vende Todo”.
Sabía que su madre no lo aprobaría y que no podría abortar en casa. Así que, con un préstamo de un amigo, fue al galpón y se instaló en una oficina de paredes blancas con un sillón y una sola ventana, que dejó cerrada para que nadie la escuchara gritar.
Tomó dos pastillas a las 7 de la noche y una segunda dosis dos horas después. Pronto estaba doblada de dolor y empezó a sangrar abundantemente. Sus piernas temblaron, gimió y luego se desmayó.
No todos los abortos con misoprostol son dolorosos ni riesgosos. Los médicos recomiendan que las mujeres lo tomen junto con otro fármaco, mifepristona, que prepara el cuerpo para el proceso y hace que el procedimiento sea más fácil.
Pero la mifepristona no es fácil de conseguir en Venezuela, así que la mayoría de las mujeres toman el camino difícil.
Cuando Jessika volvió en sí, sus amigas le rogaron que fuera al hospital.
“No me llevas a ninguna parte”, respondió ella.
Le tenía pavor a la policía.
Luego pasó semanas recordando los acontecimientos de esa noche.
“Siempre tú dices, ‘Bueno, pasó esto, pero pudo haber sido peor. Bueno, podría haber sido peor. Me pudo haber pasado otra cosa. Me pude haber muerto en el proceso. Pero no pasó y está bien’”, dijo.
“Pero no es eso, ¡no está bien!”, continuó.
“No está bien que lo he hecho en un galpón. No está bien que me haya desmayado, no está bien que tuve depresión, no está bien como me siento a veces”, dijo con rabia, tropezando con las palabras. “No está bien que este país te empuja a una situación tan grave. Y lo único que hace es cerrar y cerrarte puertas. Yo soy resiliente, sí. Pero todos, en un punto, nos cansamos. Y yo estoy cansada. Muchísimo, muchísimo”.
Sin otra ayuda, unas pocas organizaciones sin fines de lucro se han convertido en recursos cruciales para las mujeres, al ofrecer anticonceptivos de bajo costo o gratuitos. La mayoría reciben apoyo de fondos internacionales.
En cinco clínicas operadas por una de esas organizaciones, Plafam, las salas de espera siempre están llenas. A veces, las mujeres duermen afuera en su desesperación por ser de las que consiguen implantes anticonceptivos gratuitos en los días que se distribuyen.
Fexsibel Bracho, la joven que murió después de un aborto mal hecho, jamás se acercó a Plafam o a un asesor.
En vez de eso, fue sola al lugar donde ofrecieron ayudarla, sin contarle su plan a su mamá o a su hermana.
Ahora, su madre lucha para comprender la decisión de su hija.
“Si yo pudiera retroceder los días”, dijo, “hablaría con ella para que no se lo haga”. Y agregó: “Mi hija era amorosa y creo que hasta inocente”.
Pero la hermana de Fexsibel, Fanix Bracho, de 34 años, dijo que entendía perfectamente su decisión.
“Ser mujer en Venezuela es muy difícil”, dijo. “Yo hubiese hecho lo mismo”.
