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- También conocido como El Sacudón, fue una revuelta nacional que dejó un total de 276 muertos reconocidos por el gobierno de entonces, aunque varias ONG estiman que en realidad rozan los tres mil. Foto: Getty Images.
Este sábado se cumplen 32 años del Caracazo. El 27 de febrero de 1989, un estallido social derivó en numerosas protestas que se propagaron e intensificaron desde los alrededores de la capital venezolana al resto del país, dando pie a múltiples saqueos y disturbios. Motivado por la revuelta desencadenada, el gobierno de Carlos Andrés Pérez ordenó a los militares tomar las armas y salir a las calles a frenar y reprimir a los manifestantes.
Los policías –quienes fueron los primeros en ser desplegados–, no lograron mediar la situación y restablecer el orden. Por lo tanto, el Ejército se encargó de hacerlo a un costo sumamente alto. Este procedimiento dejó un total 276 muertos, cifra que fue admitida por el fiscal general de aquel entonces. Sin embargo, existen dudas acerca de la precisión de la cantidad de civiles asesinados, ya que varias ONG han manifestado que nunca se realizó una debida investigación a profundidad.
Los estudios de algunas asociaciones civiles han estimado que el número real de víctimas mortales ronda los tres mil.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) realizó un informe sobre el Caracazo –también denominado El Sacudón–, considerándolo “una de las más graves violaciones de derechos humanos de la Venezuela contemporánea”.
Las movilizaciones en las calles, junto con sus represiones, se extendieron hasta el 3 de marzo del mismo año.
¿Qué provocó el Caracazo?
En las décadas de los años 60 y los 70, Venezuela disfrutaba de un periodo notablemente próspero. Incluso durante esta época algunas personas la llamaron “Venezuela Saudita”. Ello debido a la similitud de la situación nacional con la de Arabia Saudita; un país rico y caracterizado por su buena calidad de vida.
Luego, en la década de los años 80, la situación de Venezuela cambió debido a varios aspectos, entre algunos de ellos, la significativa deuda externa, la inflación y caída del precio del petróleo. Esto llevó a Carlos Andrés Pérez –presidente electo por segunda vez– a proponer el “paquetazo”, un conjunto de medidas para lidiar con las complicaciones del país.
Grandes ajustes macroeconómicos es lo que pretendían las medidas de Pérez, producto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El “paquetazo” incluía un aumento en el precio del pasaje urbano, así como en la gasolina. Aun así, el gobierno de Pérez, así como el de sus antecesores en la misma década, no supo darle respuesta a la crisis que afrontaba Venezuela tras su glorioso periodo de prosperidad, explicó Tomás Straka, historiador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) a BBC.
De 1974 a 1979, Carlos Andrés Pérez (en su primer mandato) había mantenido la “Venezuela Saudita”, por lo que su llegada al poder por segunda vez hizo pensar a la población que podía hacer un milagro. Algunos creyeron que podría enderezar “mágicamente” el curso del país para colocarlo como estuvo en los años donde se le comparó con el país de la península arábiga, agregó Straka.
Las altas expectativas puestas en Pérez –que eran imposibles de cumplir–, al mezclarse con las nuevas medidas impulsadas por el FMI, provocaron la negativa de los ciudadanos.
En manifiesto de su desacuerdo hacia el paquetazo, el mismo día en que se hizo efectivo el aumento del pasaje, los habitantes de Guatire –ciudad próxima al Distrito Capital– comenzaron a protestar. Barricadas trancando las calles, quema de autobuses y saqueos a distintos tipos de comercios fueron los principales protagonistas del 27 de febrero de 1989, dando inicio al Caracazo.
Consecuencias del Caracazo
La historiadora Margarita Maya y el ingeniero Luis Lander –ambos con doctorado en Ciencias Sociales–, señalaron en el documento “Venezuela: protesta popular y lucha hegemónica reciente” que el Caracazo abrió la puerta a posteriores sucesos como los dos golpes de Estado fallidos en 1992, así como a la destitución del mandatario Pérez en mayo de 1993 a mano del Congreso Nacional.
Los doctores añaden que una de las pocas consecuencias de provecho, fue que a raíz del trágico suceso se creó la ONG defensora de los derechos humanos Provea. Esta comenzó a desarrollar registros anuales de la situación de los DD HH en el país. Desde entonces, los venezolanos cuentan con una fuente de información fidedigna de la cantidad, personalidades, motivos y respuestas de las autoridades a la movilización popular.
Provea realizó un análisis en el que se determinó que durante los siguientes 16 años (hasta 2005) después de esta “masacre”, se llevaron a cabo 15.611 manifestaciones, equivalente a casi 3 manifestaciones por día –incluyendo fines de semanas y días festivos–.
La Base de Datos El Bravo Pueblo (BDEBP) –iniciativa académica independiente en la Universidad Central de Venezuela (UCV) que muestra estadísticas de las manifestaciones– expuso en sus documentos investigativos que hasta el año del Caracazo, el promedio porcentual de protestas agresivas reseñadas –mas no violentas– fue de 21,4%, el cual se incrementó a 38,5% hasta 1995 y en el “último lustro de la década, el porcentaje de reseñas para ese tipo de protestas ascendió a 43%”.
Violaciones de DD HH durante los mandatos de Chávez y Maduro
Resentimiento, descontento, inconformidad y desesperación, fueron algunas de las sensaciones que llevó a los ciudadanos a ver más adelante en Hugo Chávez (1998) una salida a los gobiernos anteriores.
Este argumento es avalado por el historiador venezolano Agustín Blanco, quien detalló para BBC que “no se puede entender la Venezuela en la que triunfó Chávez sin entender el proceso que llevó al Caracazo”.
No obstante, el modelo político de Chávez continúa vigente, reposando en el régimen de Nicolás Maduro, en el que se han denunciado múltiples violaciones de los DD HH durante las represiones militares de las protestas generadas en los años 2014 y 2017.
Con base en las cifras del Foro Penal, durante las protestas del año 2014 lideradas por estudiantes que exigían la renuncia de Maduro, hubo 44 muertes. Asimismo, las protestas del año 2017, nuevamente en contra del régimen, dejaron 92 fallecidos.
Total muertes en contexto de protestas desde 1 abril hasta el 6 de julio de 2017 en #Venezuela. pic.twitter.com/qmfzLUKV20
— Foro Penal (@ForoPenal) July 8, 2017
El informe anual de 2020 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) mostró un registro de 11.891 muertes violentas. Por lo tanto, el director del organismo, Roberto Briceño, estimó que “la violencia resultó 11 veces más letal que el covid-19”. El OVV agregó que la tasa de muertes de este tipo en Venezuela es muy superior a la de los demás países latinoamericanos considerados peligrosos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es otra entidad que ha expuesto las acciones del régimen de Maduro, específicamente desde el año 2014. La presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, Marta Valiñas, afirmó:
La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”.El 25 de septiembre de 2020, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó el documento sobre la situación venezolana, y señaló que su oficina continuó documentando casos de represión de protestas pacíficas, incluyendo la “muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad”.
Bachelet también condenó los ataques contra activistas de los DD HH y periodistas locales. Estos acontecimientos igualmente fueron denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE). En El Diario se abordó a profundidad este pronunciamiento.
Por su parte, Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) afirmó tener “fundamentos razonables” que indican que en Venezuela se han cometido crímenes de su competencia desde al menos el año 2017. Al finalizar el primer semestre de 2021, dictaminarán si se amerita “proceder a un análisis sobre admisibilidad”. En este se evalúa la actividad o inactividad del Estado, la disposición y capacidad que ha tenido para realizar juicios justos y la gravedad de los hechos denunciados.
Esta es la primera vez que la CPI investiga acusaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras la solicitud emitida por un grupo de países. “Cada día de inacción es un día donde se permite que continúe el sufrimiento del pueblo de Venezuela”, expresó al respecto el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instando a los fiscales internacionales a que aceleren las averiguaciones.
El Caracazo, hecho histórico en el que murieron cientos de venezolanos –según cifras oficiales– ha creado un efecto dominó que se ha mantenido en los últimos 32 años. Independientemente de ello, un hecho es irrefutable: el Caracazo cambió la historia venezolana para siempre.
