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- De acuerdo con un informe de Provea y el Centro Gumilla, entre marzo y junio de 2020, y en plena cuarentena, policías y militares de cuerpos de seguridad del Estado asesinaron a 1.091 personas. Foto principal: AFP
Al médico venezolano Daniel Alexander López Ramírez, de 28 años de edad, lo acusaron el pasado 16 de junio de 2020 de haberse enfrentado a una comisión policial en el municipio Guacara, en el estado Carabobo.
El parte oficial señaló que López Ramírez era miembro de una banda de antisociales y habría muerto luego de que funcionarios policiales ingresaran a una vivienda ubicada en la urbanización Tesoro del Indio en busca de presuntos delincuentes. Sus familiares desmintieron esa versión, pues el médico comunitario se encontraba secuestrado.
Sus allegados explicaron que López Ramírez se encontraba desaparecido desde el pasado 10 de junio de 2020. Esto luego de que miembros de la banda “El Bebé” lo secuestraran y lo llevaran hasta la urbanización Tesoro del Indio. El plan era que atendiera las heridas de uno de los integrantes del grupo de antisociales. Seis días después, se registró un operativo policial en la casa donde mantenían raptado a López Ramírez.
La periodista Heberlizeth Gonzu00e1lez informu00f3 que los delincuentes intentaron escapar por el techo, dejando al mu00e9dico dentro del hogar donde muriu00f3 a causa de mu00faltiples disparos. La familia no supo mu00e1s de u00e9l sino hasta que fueron contactados para reconocer el cuerpo en la morgue.
El caso de López Ramírez ilustra un patrón utilizado por los cuerpos policiales en el que los partes oficiales señalan que las víctimas mueren en un presunto “entrenamiento con las autoridades”. Estas prácticas se reseñaron un informe publicado por el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla.
En él exponen que muchas familias quedan excluidas del derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
El estudio indica que al menos 2.853 murieron por la letalidad de los cuerpos armados del Estado venezolano en el año 2020. En el monitoreo también se destaca que la mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que residen en zonas populares. Un patrón discriminatorio que atenta contra el derecho a la vida de los jóvenes venezolanos.
¿Cómo actúan los cuerpos policiales?
De acuerdo con el informe, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fue el cuerpo policial más letal y Zulia el estado con más víctimas, con 667 personas.
Los datos recabados para este informe identificaron un patrón de ejecuciones extrajudiciales practicado por los cuerpos de seguridad. En primera instancia, la acción de los cuerpos de seguridad del Estado está dirigida a ocasionar la muerte; por lo que se ejemplificaría un abuso de poder.
Por otro lado, el despliegue de operativos sistemáticamente para “acabar” con la vida de jóvenes ocurre bajo prácticas de “profilaxia social”. Finalmente, en la mayoría de los casos se posiciona el discurso en el que se califica a las víctimas como peligrosos delincuentes que en el sitio se enfrentaron a las autoridades.
u00bfQuu00e9 es una ejecuciu00f3n extrajudicial?
nEsta pru00e1ctica se define como el homicidio intencional cometido por un funcionario estatal mediante abuso del poder que le confiere el cargo para consumar el delito y, eventualmente, procurarse impunidad.nnLa participaciu00f3n de un funcionario policial en este delito constituye una violaciu00f3n de los derechos humanos.
“Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que no investigarán ni sancionarán su conducta; y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, se lee en el informe.
Las FAES encabezan el registro de asesinatos con 672, lo cual representa el 23,55% del total. Luego, 593 casos se le atribuyen al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), lo que equivale al 17,52% del total.
Las policías estadales fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones, equivalente a 25,71%. El documento también contabiliza que la policía del estado Zulia fue responsable de 262 asesinatos; la de Aragua, de 104 y la del estado Carabobo, de 101 muertes.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 359 casos, en su gran mayoría por medio de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Provea advierte de un incremento de las acciones de este cuerpo policial en las labores ciudadanas. En el año 2019 se le atribuyó 55 presuntas ejecuciones.
Por u00faltimo, el informe destaca que en el au00f1o 2020 diferentes medios de comunicaciu00f3n reflejaron las denuncias de 103 personas, cuyos familiares o vecinos aseguraron que habu00edan sido detenidos, pero que luego aparecieron muertos.
La justicia como un ejercicio discrecional
Provea y el Centro Gumilla determinaron “que las miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista”.
En el texto hacen referencia al caso ocurrido el 21 de agosto del año 2020; cuando funcionarios de las FAES asesinaron a los ciudadanos Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres. Ambos trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia. Un medio de comunicación de tendencia oficialista y de apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
En este hecho, el Ministerio Público inició una investigación y actuó rápido en pro de la justicia. Cuatro días después, detuvieron a seis funcionarios por ser presuntamente responsables del crimen.
Un caso similar ocurrió el 11 de junio de 2020. Las FAES asesinó a cinco personas en el sector El Limón, en la carretera vieja de Caracas – La Guaira. Arquímedes Ramón Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez murieron durante la madrugada de ese día. Yáñez era escolta de la ex ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación. 48 horas después de los hechos, detuvieron a los presuntos responsables.
En ese sentido, Provea y el Centro Gumilla expresan que en los dos casos “las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial; y aunque fueron víctimas de la letalidad policial, sus familiares contaron con el acceso a la justicia. Lo que define un patrón discriminatorio que depende de la vinculación a la facción de poder y hace de la justicia un ejercicio discrecional”.
Resaltan que en la mayoría de los casos documentados los familiares no contaron con un proceso de justicia e investigación efectivo y sobre todo, rápido.
La mayoru00eda de la poblaciu00f3n no cuenta con el padrinazgo polu00edtico y, por tanto, estu00e1 excluida del acceso al derecho a una investigaciu00f3n para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudicialesu201d, concluyen.Ambas organizaciones insisten en que las autoridades siguen sin dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Alegan que persiste la política de seguridad de no respetar el derecho a la vida y otros derechos humanos. Finalmente, consideran que el Estado no investiga ni sanciona a los autores materiales y a las cadenas de mando de los responsables de las miles de presuntas ejecuciones que ocurren en el país.
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