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- Karol Moreno, integrante de la ONG Red Mérida Feminista, y Yendri Velásquez, de Caleidoscopio Humano, dijeron para El Diario que el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) es una amenaza para los derechos de las mujeres y de las personas lgbtiq
Como retrógrado y antiderechos humanos. Así definen activistas de DD HH el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en la que emplazan a los legisladores, “sean creyentes o no en Cristo”, a oponerse al matrimonio igualitario, al aborto, a la eutanasia y a la “ideología de género”.
“Es un comunicado antiderechos. Me parece muy lamentable que en medio de una crisis humanitaria tan compleja como la que vivimos, en la que los derechos de las mujeres y las personas lgbtiq son especialmente vulnerados, la posición de la Iglesia católica sea seguir vulnerando nuestros derechos”, comentó para El Diario Karol Moreno, integrante de la ONG Red Mérida Feminista.
La CEV, sin embargo, no señala que estos temas tengan que ver con los DD HH. En la misiva, publicada este lunes 22 de marzo, la institución católica sostiene que “grandes campañas publicitarias provenientes de corporaciones internacionales ‘poderosas’” promueven esta agenda “apelando a un falso concepto de modernidad, inventando ‘nuevos derechos humanos’ y justificando posturas reñidas con el designio de Dios”.
Contrario a esa afirmación, Moreno resalta el carácter evolutivo de los derechos humanos. El aborto, ejemplifica, es una práctica que ha existido desde épocas ancestrales en diversas sociedades y que conforme han pasado los años es un tema que se ha legislado en varios países del mundo. “Mujeres, adolescentes e incluso niñas siguen abortando. Que ellos quieran mirar a otro lado, ignorarlo, no implica que no pasa. Aquí se penaliza el aborto en caso de niñas que son violadas. Allí hay una doble moral. ¿Dónde está la Iglesia católica pidiendo que se penalicen a los agresores sexuales? Prefieren dirigir su discurso hacia los movimientos feministas”, asegura.
No obstante, la activista dice comprender la postura de la Iglesia católica. Los movimientos de DD HH, resalta, respetan la libertad de culto y la posición que tiene la CEV como comunidad religiosa. “Está bien que esa sea su posición, pero no pueden imponérsela a toda la ciudadanía venezolana”, opina.
Matrimonio igualitario
La CEV sustenta su comunicado dentro de sus principales preceptos. En el punto cinco de la misiva, la institución católica, citando un pasaje bíblico, defiende “la unidad de la familia y la dignidad de los seres humanos, creados por Dios a su imagen y semejanza, varón y hembra”. Rechaza el matrimonio igualitario refiriendo el artículo 77 de la Constitución, que establece la “naturaleza del matrimonio entre un hombre y una mujer”.
Yendri Velásquez, defensor de los DD HH de la comunidad lgbtiq e integrante de la ONG Caleidoscopio Humano, asegura que la Iglesia católica toma atribuciones que no le corresponden.
De igual manera, rechaza la visión de la CEV sobre una familia basada en el hombre y la mujer. Las familias venezolanas, argumenta, son diversas en sus formas. Integradas por dos hombres, por dos mujeres, por madres solteras y de abuelas que hacen de madre debido a la crisis migratoria. “Nosotros defendemos a las familias en toda la diversidad y el Estado tiene una deuda en la garantía de derechos de todos los tipos de familias que hay en Venezuela”, esgrime.
La CEV emplaza también a sus feligreses y a “personas de buena voluntad” en general, a “hacer sentir su voz y a unir esfuerzos en todos los sentidos para impedir que estas leyes se aprueben en nuestro país”. Esto, de acuerdo con Velásquez, es un llamado grave que podría generar más violencia en contra de las personas lgbtiq.
“Esto se convierte en una amenaza hacia los grupos lgbtiq, hacia las mujeres y niñas. Utilizar estas instituciones como la Iglesia católica, que además hay que reconocer que tienen un nivel de credibilidad alto en la sociedad venezolana, es promocionar el odio y la violencia contra las personas lgbtiq. Es la validación de la violencia callejera contra la comunidad lgbtiq”, opina.
Imponer la religión
La Iglesia católica apunta directamente contra organizaciones que “se hacen eco de esta mentalidad contraria a la vida”. Según manifiestan en el comunicado, estos han encontrado “terreno fértil en algunos dirigentes de diferentes tipos de ideología política quienes han venido impulsando, desde hace algún tiempo, la posibilidad de promover leyes que aprueben este tipo de acciones”.
Moreno resalta que, aunque el CEV rechaza que las organizaciones traten de “imponer” la agenda a favor del aborto y de otros aspectos, contradictoriamente en sus argumentos traten de imponer sus creencias religiosas.
Los legisladores, sean creyentes o no en Cristo, deben escuchar la voz de su conciencia y actuar con la sabiduría que proviene del temor de Dios: entonces optarán por la defensa de la familia, de la integridad de la persona humana y de la vida en todas sus manifestaciones y etapas. Tocamos sus mentes y corazones para que actúen en nombre de Dios y siempre en favor de la persona humana y su dignidad”, se lee en una parte del escrito.Tanto Moreno como Velásquez recuerdan a la CEV el carácter laico del Estado venezolano. El artículo 59 de la Carta Magna establece: “Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos”. En este sentido, la integrante de la Red Mérida Feminista define como “absurdo” que pretendan que se legisle en nombre de Dios, y recuerda que el principio para hacerlo debe ser el de amparar los derechos de toda la ciudadanía sin importar el culto.
De igual forma, los defensores DD HH aclaran que leyes como el aborto, la eutanasia o el matrimonio igualitario no buscan “imponer” estas prácticas en la sociedad, sino que sea una posibilidad para las personas que así lo quieran.
“La aplicación de esa ley no le impone nada a alguien que sea católico ni a nadie. De hecho, los movimientos que ellos llaman ideología de género, nosotros hablamos del derecho a decidir. No estamos diciendo que todas las mujeres que sean violadas y queden en estado de gestación deben abortar. Estamos diciendo que deben tener la opción de hacerlo en condiciones legales y seguras si así lo desean”, explica la integrante de Red Mérida feminista.
Estas reivindicaciones, según se desprende del comunicado de la CEV, representan a “una minoría”. En este aspecto, Velásquez critica, en primer lugar, que la institución católica se atribuya la vocería de la mayoría de los venezolanos. En segundo lugar, destaca que los derechos humanos “no tienen que ver con un tema de lo que apoyen las mayorías o las minorías”, sino que se respete la integridad individual.
Moreno coincide y apela a sus experiencias. Comenta que en foros en los que ha participado nota que son más las personas que apoyan el aborto con causales como la violación. “La verdad es que si fuésemos minoría y el venezolano estuviese en contra del aborto en estos casos, que no lo creo, igual es un derecho humano”, dice.
Presionar a los políticos
Velásquez opina que este tipo de comunicados pueden tener incidencia en la decisión de los políticos. Recuerda que, en el año 2015, cuando la Asamblea Nacional declaró el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, la fracción de Primero Justicia solicitó que se pusiera una cita del papa dentro del acuerdo.
Moreno rechaza el comentario de la CEV de que “hay grandes campañas publicitarias provenientes de corporaciones internacionales ‘poderosas’ capaces de invertir inmensas sumas de dinero a fin de imponer, a como dé lugar, legislaciones a favor del aborto, de la eutanasia y de la ideología de género con todas sus implicaciones”. Asegura que, al menos en Venezuela, no reciben financiamiento. Por el contrario, espera que otras organizaciones internacionales apoyen iniciativas para educar en materia de sexualidad y entregar preservativos a personas más vulnerables.
Todo esto, opina Moreno, forma parte del inicio de una postura más agresiva y pública de la Iglesia católica contra estos derechos. No obstante, considera positivo que estos temas ya se debatan públicamente en Venezuela. Llama a la Iglesia a que “revisen su discurso” y debatir “de forma respetuosa y enmarcada en las leyes”.
