• Defensores de derechos humanos explicaron para El Diario que, contrario a lo que afirmó el ministro de defensa del chavismo, Vladimir Padrino López, entre las denuncias de los desplazados de La Victoria están allanamientos ilegales y presuntos asesinatos a civiles. Los expertos denuncian la presencia de grupos de las FARC y del ELN en todos los municipios apureños. Foto principal: Fernando Vergara (AP)

Un sinfín de denuncias de violaciones de derechos humanos llegan desde el estado Apure a la par que el régimen de Nicolás Maduro niega las acusaciones. Allanamientos y detenciones ilegales, desapariciones forzosas, opacidad en la información y desplazamientos de la población en condiciones riesgosas, son algunas de las prácticas que deja hasta el momento el enfrentamiento entre las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se encuentran en el suroeste del territorio nacional.

“Lamentablemente el Ejército venezolano decidió actuar, al parecer empujado por una situación propia de las diferencias de las FARC y sus disidencias, sin medir las consecuencias que iba a afectar a la población civil. Entonces en esta guerra que se desata contra este sector de las FARC -y que ellos responden con absoluta determinación-, está dejando una cadena de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra la población civil, que además huye aterrorizada hacia Colombia”, comentó para El Diario Juan Francisco García, coordinador de la ONG Fundaredes en Apure.

Falsos positivos

Marino Alvarado, coordinador de investigación de la ONG Provea, explicó para El Diario que uno de los DD HH violentados sería el derecho a la vida. Esto debido a las denuncias de ejecuciones a una familia por parte de fuerzas de seguridad del Estado en el sector El Ripial. Las autoridades informaron que supuestamente eran terroristas, pero familiares y vecinos de las cinco víctimas denunciaron que la FANB y las FAES crearon un falso positivo para justificar que los ultimados eran supuestos guerrilleros.

“El gobierno venezolano masacró a la mitad de mi familia, cuando yo le trabajé 18 años al gobierno venezolano, y no fue en una sola institución, le trabajé a cuatro instituciones del gobierno venezolano y el pago que me da es masacrando a mi familia simplemente porque tienen una cédula colombiana”, dijo Yanilce, hermana de las víctimas, en un video difundido por el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona.

Sin embargo, desde voceros del chavismo desestiman todas las versiones que circulan en las redes sociales y que han documentado las ONG, así como diversos periodistas y medios de comunicación. “Llama la atención el papel que están jugando las ONG en esta operación”, recriminó este sábado 27 de marzo Vladimir Padrino López, ministro de defensa del régimen. De acuerdo con el jerarca militar, pretenden “cambiar la realidad” y “mantener a raya la violencia en Venezuela”. “Los derechos humanos están garantizados”, repitió.

Padrino López, luego de una semana de silencio desde que empezaron los enfrentamientos el 21 de marzo, informó el asesinato de seis “terroristas”. Sin embargo, no detalló sus nombres, por lo cual se desconoce si entre ellos están los cinco familiares de Yanilce. Esto es violatorio del debido proceso, apunta García. “Se está criminalizando a la sociedad civil al asumir de alguna manera que son parte de la guerrilla”, dijo.

Tarek William Saab, fiscal general afín al chavismo, anunció este sábado el envío de una comisión del ministerio Público para determinar estos hechos.

“Es importante que se abra una investigación. También que las ONG internacionales que son vigilantes de los derechos humanos de la población abran una investigación clara y sensata para determinar quiénes están actuando y se aplique el peso de la ley”, dijo García.

La diputada de la Asamblea Nacional Delsa Solórzano informó que llevaron los testimonios de los familiares ante la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Allanamientos

Los testimonios de los pobladores tienen una denuncia en común: los atropellos a los que la FANB y los otros cuerpos de seguridad del Estado los sometieron. “Las familias han denunciado allanamientos ilegales. Eso es violación al derecho de la propiedad. Tanto las FAES como el Ejército se han robado cosas de las casas, un poco de las prácticas de cuando allanan en los barrios de Caracas”, comentó Alvarado.

Esta versión coincide con lo dicho por el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo. “Me han expresado las situaciones propias de la emergencia. Desplazados, dejaron a sus familiares, dejaron su sitio de habitación, incineraron sus casas”, dijo el funcionario colombiano este viernes 26 de marzo, luego de visitar los albergues que dan refugio en ese país a los desplazados de La Victoria.

Un testigo de ello fue un niño de 10 años de edad, quien narró su experiencia al medio NTN24. “Los guardias se metían a las casas, escuchamos que estaban pegándole a la gente”, relató el menor de edad. También quedó documentado el testimonio de una mujer de 86 años de edad. Esta última denunció que funcionarios militares venezolanos ingresaron a la fuerza a su casa para revisarla, golpearon a su nieto y lo amenazaron con sus armas.

De acuerdo con el coordinador de investigación de Provea, las principales denuncias de violaciones de derechos humanos recaen en la FANB. Sin embargo, también han recibido informaciones con respecto a las FAES, “que tienen un prontuario bastante amplio de violaciones de derechos humanos”. Agregó que desde la ONG conocían que “las fuerzas irregulares también actúan con mucha arbitrariedad, imponen normas a los habitantes, tratan de controlar la producción que hacen los agricultores, además de las prácticas de extorsión”.

Estas denuncias, según Padrino López, también forman parte de una campaña comunicacional. Esgrimió que: “Ese no es el comportamiento” de la FANB.

Desplazados por la violencia

El jueves 25 de marzo, Migración Colombia contabilizó 3.157 venezolanos desplazados de La Victoria. “Esto nos preocupa mucho, porque un alto número de ellos son niños y niñas, en condiciones bastante precarias”, dijo Alvarado. Según la Alcaldía de Arauquita, localidad colombiana, hasta esa fecha había 1.615 niños y 16 mujeres embarazadas. También hay 109 lactantes y 183 adultos mayores de 60 años.

El coordinador de la ONG Fundaredes en Apure, Juan Francisco García, explicó que en el desplazamiento hacia Colombia estas personas corren muchos riesgos. El paso se realiza a través de canoas, atravesando el río Arauca. Por eso se exponen a situaciones como el cruce de fuego entre las Fuerzas Armadas y los disidentes de las FARC. Asimismo, refiere que, por ser pasos ilegales, también hay presencia de otros grupos irregulares.

“Hemos podido conversar con algunos de los desplazados. La gente manifiesta mucho miedo, mucho terror. Sienten que perdieron sus hogares, que han sido saqueados. Están siendo atendido por la alcaldía de Arauquita, además de organismos internacionales”, dijo García. Alvarado añadió que son familias muy pobres, por lo que la mayoría abandonó sus pocos bienes materiales y no saben si los podrán recuperar.

La mayoría de ellos están ubicados en 15 albergues. Son atendidos con la ayuda de organizaciones sociales y agencias internacionales. Entre estos organismos está la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Foto: AFP

La directora de la Regional Orinoquía de Migración Colombia, Loida Nieves, señaló que los migrantes forman parte de 780 familias. Ingresaron por los sectores conocidos como Barrio Santo, La Finca Don Ramón, El Troncal, Carretero, Bocas del Juju, el Alcaraván y la vereda (aldea) Campo Alegre.

A pesar de la atención que están recibiendo en los refugios, Alvarado manifiesta su preocupación ante la situación de caos que se ha generado en la localidad colombiana. Debido a la cantidad de personas, podría colapsar los sistemas de salud y de alimentación, lo que dificultaría garantizar estos derechos a los desplazados.

El alcalde de Arauquita, Etelivar Torre, ya advirtió eso el jueves 25 de marzo. “No tenemos cómo suministrarle las calorías mínimas que requieren todas estas personas. Por esto hacemos un llamado a que nos ayuden para poderle llegar con esa ración mínima a las más de 3.000 personas que tenemos concentradas hoy”, dijo.

Soberanía nacional

En su alocución, Padrino López evitó identificar a los adversarios como “disidentes de las FARC”. Esgrimió que se trata de una definición que usa el gobierno colombiano, por lo que solo habló de “un grupo muy violento” y de “grupos armados al margen de la ley”. Asimismo, aseguró que se trata de agrupaciones patrocinadas por el gobierno colombiano y la CIA.

“La revolución bolivariana ha sido señalada de proteger grupos irregulares. Nuestro comandante eterno (Hugo Chávez) lo tenía claro: Aquí no puede haber otro grupo que las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos llamados a expulsar a cualquier grupo de cualquier ideología, de cualquier nacionalidad extranjera. Estamos obligados a expulsarlos llámese como se llame” dijo el ministro de defensa de Maduro. Agregó que estos grupos pretenden “venirse a instalar como si esto fuese alfombra roja para ellos”.

No obstante, tanto Alvarado como García señalan que el régimen chavista ha dado rienda suelta a grupos como las FARC o el Ejército para la Liberación Nacional (ELN) para que operen en territorio venezolano, violando así la soberanía nacional, establecida en la Constitución. Esta situación, coinciden, se ha profundizado desde que Maduro ocupa el poder.

“Realmente el estado Apure ha sido territorio liberado para que los grupos irregulares puedan actuar, financiarse y mantenerse en nuestro territorio. Todo esto a su antojo, con absoluto control y con absoluta amplitud de las actividades ilegales que ellos realizan”, aseveró el coordinador de Fundaredes. Detalló que en todos los municipios apureños hay presencia de estas agrupaciones, incluyendo San Fernando de Apure, la capital.

Garantizar los DD HH

Los defensores de DD HH celebran la apertura de una investigación por parte del ministerio Público para determinar los hechos. Sin embargo, a través de sus redes sociales manifestaron que el procedimiento debe ser riguroso e independiente.

Alvarado recuerda que no solo se tiene que actuar con base en la Constitución, sino también en el Acuerdo de Ginebra, al cual está suscrito el país. Recordó que dicho pacto establece que, ante cualquier acción de grupos armados, la sociedad civil no puede ser afectada. También recordó que, en conformidad con el acuerdo, los grupos armados también están en la obligación de respetar a la población.

“Ya el fiscal se pronunció. Dijo que iba a investigar. Sin embargo, quien debería llevar la voz campante, que es el defensor del pueblo, está totalmente mudo. No dijo nada en el caso de la masacre de La Vega, y no sabemos si ahora también va a mantener silencio. Debería estar alzando la voz para que se respeten los derechos humanos de la población en Apure”, dijo el coordinador de investigación de Provea.

García considera que este es el momento propicio para permitir que organismos internacionales con experiencia en este tipo de conflictos ingresen al país para ayudar a la población. “Hay que apartar el ánimo y la confrontación política, y dar pie realmente a la atención humanitaria de toda la población”, concluyó. 

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