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- Un informe de la ONG IPYS reveló los mecanismos utilizados por el régimen de Nicolás Maduro para lograr imponer su hegemonía comunicacional
El Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana (IPYS) reveló que durante el año 2020 se contabilizaron más de 4.262 episodios de censura a medios de noticias digitales en el contexto de la pandemia de covid-19.
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El PitazoEn su reporte anual titulado “Acceso Denegado”, la ONG detalla que el alcance de este tipo de acciones afectó a 67 medios de comunicación nacionales y 86 internacionales, para un total de 153.
La ONG destaca el abanico de estrategias utilizadas por el régimen venezolano para aplicar este cerco informativo. Señalan que se incluyó el uso de bloqueos a través de protocolos DNS, HTTP, y TCP/IP. Esto se tradujo en que los ciudadanos no pudieron acceder a determinados portales web de noticias para mantenerse informados.
“Las restricciones también afectaron a organizaciones de la sociedad civil y trabajadores de la prensa, quienes fueron víctimas de ataques, campañas de agravios y discursos estigmatizantes a través de plataformas digitales como las redes sociales”, aseveran desde IPYS.
En el informe califican como un hecho preocupante las restricciones impuestas por los proveedores de Internet del país. Esto con respecto al acceso a la información noticiosa y a la vinculada a derechos humanos.
A estas restricciones se sumaron casos de intermitencias y suspensiones masivas en los servicios de navegación. IPYS los documentaron gracias a su red de corresponsales. Este tipo de atropellos por parte del régimen de Nicolás Maduro condujeron a que se produjeran lo que la ONG define como desiertos informativos, zonas en los que la población no tiene acceso a los hechos noticiosos; lo que hace imposible “contrastar o confirmar una versión distinta a la del oficialismo”.
Cantv y la censura
Si bien los bloqueos a medios de comunicación llevados a cabo en el país son realizados tanto por proveedores de Internet privados como públicos, el nombre de la empresa Cantv destaca por encima del resto.
El motivo es que esta compañía es la responsable de gran parte de las conexiones a Internet residencial que existen en el país, por lo que su accionar tiene un impacto mayor que el del resto de sus competidores como Inter y Netuno.
“Se logró determinar que la mayoría de las pruebas de censura corresponden a mediciones que se hicieron desde el servicio de la estatal Cantv, principal proveedor de Internet en el país, el cual fue responsable en 1618 evidencias de bloqueos en sus diferentes modalidades, que restringieron a 135 de los 153 sitios de noticias identificados en este compendio de mediciones”, refiere el reporte de la ONG.
En su informe IPYS apunta que los bloqueos a medios de comunicación efectuados desde la compañía estatal disminuyeron de forma drástica. Esto luego de que el 5 de abril una de sus sedes ubicada en Caracas sufrió un incendio de grandes proporciones que provocó fallas de Internet en siete estados del país.
Como consecuencia de los daños provocados por este incidente, todos los bloqueos que Cantv efectuaba bajo las modalidades más sofisticadas como HTTP y TCP dejaron de ejecutarse.
Pese a su papel protagónico, Cantv no es el único proveedor de Internet que aplica bloqueos. De acuerdo con IPYS, la segunda empresa privada que registró una mayor censura fue Digitel.
“En segundo lugar se ubicó la empresa privada Digitel, que figuró como el autor en 1251 pruebas de bloqueos a 39 medios digitales. A diferencia de la Cantv, en el caso de Digitel las pruebas de censura por DNS fueron las más recurrentes. Aparecieron 1208 veces, solo 37 fueron bajo la modalidad de HTTP y seis por TCP/IP”, se lee en el texto.
El tercer lugar correspondió a Inter, otro proveedor privado. Este efectuó bloqueos a 66 plataformas informativas, que se efectuaron mediante bloqueo de DNS (361), HTTP (191) y TCP/IP (188).
Censura más allá del mundo digital
IPYS señala también que durante 2020 los ataques en favor de la censura no se detuvieron en el ámbito digital. Ponen como ejemplo de esta realidad la detención de la periodista y escritora Milagros Mata Gil y el poeta Juan Manuel Muñoz. Esta ocurrió en el estado Anzoátegui, por difundir información a través de sus redes sociales.
“Ambos comunicadores aún tienen medidas cautelares por orden de la jueza del Tribunal Tercero de Control, en El Tigre, Carolina Mansour”, refiere el informe.
Este no es el único caso de acciones legales en contra de comunicadores. Según la ONG, en total se contabilizaron 62 acciones que afectaron el ejercicio profesional de periodistas en distintos estados del país. Señalan que un factor común en todos estos casos fue la participación de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
“Las detenciones arbitrarias, acompañadas de procedimientos civiles y penales, fueron el mecanismo de control que más agravó la situación de acoso y silenciamiento a las opiniones disidentes al gobierno de Nicolás Maduro”, puntualizan.
En el informe destacan la importancia de que el Estado venezolano ofrezca mejores condiciones para el libre ejercicio de la prensa. Así como la necesidad de que este garantice una comunicación “libre, plural e independiente, sin ningún tipo de riesgos, amenazas y presiones”.
“Las prácticas que quebrantan los derechos digitales y las libertades fundamentales de los ciudadanos son inadmisibles, de acuerdo con los estándares internacionales en materia de acceso a Internet”, indica la ONG.
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