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- Aunque no existe un ordenamiento jurídico para atender a la comunidad sexodiversa, la Constitución de Venezuela protege a estas personas de cualquier discriminación. Identificar que se es víctima, documentar, apoyarse de familia, amigos, acudir a alguna ONG y buscar apoyo psicológico, son algunas de las recomendaciones que ofrecen los especialistas para atender este tipo de situaciones
La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y queer (LGBTIQ+) en Venezuela está desprotegida legalmente. No existe un cuerpo jurídico que le responda adecuadamente ante casos de abuso, discriminación o violencia. Tampoco existen leyes que protejan a las personas específicamente por su identidad, expresión de género, o el cambio de sexo.
El caso de Andrea, una chica trans asesinada por desconocidos en Santa Cruz del Este, y el de la pareja de homosexuales, Ronnie Ramírez y Carlos LePlace, apuñalados en su vivienda en Caurimare (ambos casos en Baruta, Miranda), son prueba de ello.
Estos ocurrieron en menos de 48 horas, los días 13 y 14 de junio, respectivamente. Sobre esos hechos no existió ningún pronunciamiento público por parte de las autoridades competentes relacionado al inicio de investigaciones.
Aunque no existe un cuerpo legal orientado a la comunidad LGBTIQ+ en el país, este colectivo no está desprotegido del todo. Cuenta con herramientas legales del cuerpo jurídico existente, y de apoyo psicológico dentro del círculo más cercano para atender a tiempo cualquier caso de violencia y evitar los crímenes de odio.
Jesús González, abogado y profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y miembro de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV); así como María Angélica Alvarado, psicóloga clínica, especialista en violencia basada en género, con experiencia en atención psicológica a personas de la comunidad LGBTIQ+; ofrecen a El Diario sus perspectivas y recomendaciones al respecto.
Entre oportunidades y vacíos legales
En la Constitución se prohíbe la discriminación en todas sus presentaciones. En el artículo 20 y 21 habla del libre desenvolvimiento de la personalidad. Así como también de que todos son iguales ante la ley, sin discriminación alguna. Estos apartados pueden ser tomados por personas de la comunidad sexodiversa para protegerse de cualquier tipo de discriminación o para actuar si ya la hubo.
Algunas de las leyes que protegen a la comunidad LGBTIQ+ de la discriminación en el país son principalmente en el ámbito laboral o bancario: la Ley Orgánica del Poder Popular (en su artículo 4), la Ley Orgánica del Trabajo y de los derechos de Trabajadoras y Trabajadores (en su artículo 21), la Ley de Instituciones del Sistema Bancario (en su artículo 173), y la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (en sus artículos 5 y 14).
En ellas se prohíbe la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género; la distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso a condiciones de trabajo basadas en razones de orientación sexual; y la protección contra la discriminación en el sistema bancario y arrendatario nacional.
Otra es la Ley Orgánica del Registro Civil, que en su articulado expone que toda persona tiene derecho a cambiar su nombre. De modo que no se vea afectado el libre desenvolvimiento de su personalidad. Este tipo de artículos representa una oportunidad que puede ser utilizada para argumentar a favor de la identidad y expresión de género.
Comunidad transexual, la más vulnerable
En este sentido, González señala que, aunque para la mayoría de la comunidad homosexual existan leyes que permitan defenderse ante un acto discriminatorio, y existan otra serie de avances y reconocimientos, la comunidad transexual es la más vulnerable.
El Observatorio de Personas Trans Asesinadas, de Transgender Europe, estima que, entre el 2008 y 2020 se asesinaron 3.664 personas trans en el mundo. De ese total, 126 se produjeron en Venezuela en 2017, de acuerdo a Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI). Además, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (IGLA), afirma que la homosexualidad es delito en al menos 72 países. En otros ocho se castiga con pena de muerte.
La recomendación del especialista es siempre mantener apoyo profesional psicológico previo, de modo que la persona esté tranquila consigo misma, y que ninguna persona pueda atentar contra ellos.
En primer lugar, “no eres el culpable”
El miedo es la emoción más común en estos casos, y para la psicóloga María Angélica Alvarado, es algo que no se debe superar, sino que se debe tratar y gestionar. El entorno social juega un papel fundamental en esto, sobre todo cuando este brinda apoyo, confort y apertura.
Alvarado aconseja buscar apoyo en una persona de confianza, o una institución, donde esa persona pueda conversar abiertamente sobre lo que esté sucediendo o lo que haya sucedido, para luego generar un plan individual, social e incluso legal; dependiendo del caso.
En cualquiera de los casos, la colocación de la denuncia le corresponde a la víctima y no debe forzarse el proceso, pues puede generar en la persona daños colaterales psicológicos.
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Son múltiples las razones que permiten que las relaciones violentas se perpetúen en el tiempo, no solo en la comunidad LGBTIQ+, sino en cualquier tipo de violencia. Para ella, esta actúa de manera cíclica y ese ciclo violento puede hacerse más complicado (gracias a las particularidades entre la víctima y el victimario, como la relación afectiva o económica), por lo que salir de él será difícil.
“Cada situación es particular, si identificas que fuiste o estás siendo víctima de violencia física, psicológica, sexual y/o patrimonial, debes tener en cuenta que no eres culpable de ello. Es una situación lamentable, pero es transitoria, va a pasar. Busca ayuda profesional y apóyate de los tuyos”, puntualiza María Angélia Alvarado a El Diario.
¿Qué hacer?
La psicóloga comenta que una vez que la persona haya identificado que está siendo víctima de violencia, lo recomendable es activar sus redes de apoyo social. Incluso institucionalmente, como familia o amigos, para que se le ayude a salir de ese entorno violento de manera progresiva, o radical. Esto, con el fin de establecer un espacio físico y emocional de protección.
Posteriormente, se puede elaborar un plan de acción que refuercen los límites físicos y emocionales con el agresor o agresora. En todo momento, la persona debe estar acompañada por profesionales, médicos, psicólogos o abogados.
Todo hecho de violencia implica un delito, por lo tanto, es denunciable. La denuncia establece un precedente que tiene relevancia social y legal. Además, se responsabiliza a los victimarios de sus acciones.
La conciliación entre las partes es otra opción, siempre y cuando haya un profesional presente en el ámbito legal o psicológico. “Hay situaciones conflictivas que al ser denunciadas pueden llegar a conciliación. También se puede llegar a ello a través de terapia”, comenta Alvarado.
La idea del mediador es que las condiciones y los acuerdos se establezcan, que sean para resolver el conflicto, y se genere un compromiso de cumplimiento. Si esas condiciones o acuerdos se rompen, las consecuencias deben estar claras y ser efectivas.
¿A dónde acudir?
“Si la persona fue víctima de discriminación o violencia tiene que acudir a los órganos regulares, a la Fiscalía de la República, el Ministerio Público, para hacer la denuncia. Ya hay fiscales especializados en estas áreas. La Defensoría del Pueblo también está capacitada para recibir este tipo de denuncias. El momento indicado para actuar es cuando se comete la irregularidad”, agrega el abogado Jesús González.
Sin embargo, con un sistema judicial fracturado y donde los denunciados pueden ser maltratados o maltratadas ya sea por omisión o por cuestionar alguna declaración, incluso porque no validan, ni respetan su identidad o expresión de género, la denuncia no siempre llega a ser hecha o tomada.
Si el Estado no responde, existen otras opciones
Todos estos casos aplican en materia de Derechos Humanos, donde se condena la discriminación por orientación sexual o de género. “Los últimos protocolos de los distintos tratados firmados por Venezuela con organismos internacionales, así lo manifiestan”, agrega González.
Sobre el caso de la mujer trans y la pareja de homosexuales asesinados en la zona metropolitana de Caracas, el 22 de junio, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado Venezolano que se investiguen los hechos.
Distintas ONG y organizaciones brindan el apoyo necesario en estos casos cuando la familia o los amigos no son la primera opción y donde, en la mayoría de los casos, no se tienen los recursos económicos necesarios para accionar legalmente.
La Asociación Civil Venezuela Igualitaria tiene servicios de apoyo psicoemocional y un centro de atención, al igual que la organización ACCSI. El Centro LGBTIQ+ del estado Mérida, iniciativa del Movimiento Somos, también tiene grupos de apoyo, atención psicológica y legal. La Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) tiene una unidad de apoyo para la comunidad LGBTIQ+. Además, la Federación de Psicólogos de Venezuela ofrece una línea de ayuda psicológica gratuita (0212-416-31-16 y 0212-416-31-18).
Tanto el abogado Jesús González, como la psicóloga María Angélica Alvarado, coinciden en que es importante documentar cualquier hecho de violencia, a través de la presencia de terceros, con la captura fotos, videos y relatos, pues esto puede jugar un papel fundamental al momento de impartir justicia. Las redes sociales, a juicio de los especialistas, juegan a favor, siempre y cuando se usen de manera adecuada y las denuncias estén justificadas y bien descritas.
En este sentido, también concuerdan que, para evitar llegar a cualquier crimen de odio, es necesario actuar a tiempo, identificar y aceptar que se está siendo víctima de abuso, discriminación o violencia. Hay que documentar el o los hechos, luego proceder a hacer la denuncia ante los organismos correspondientes y apoyarse del grupo cercano durante el proceso. Así como también buscar apoyo psicológico antes, durante y después del proceso.
“No hay justificación para la violencia. El respeto no tiene grises”
Las últimas leyes que ha promulgado el Estado venezolano son para promover una hegemonía política y no para promover un Estado de bienestar, comenta González. Por lo tanto, legislar a favor de la comunidad LGBTIQ+ llevará tiempo. A su juicio, para lograr una legislación nacional más inclusiva real, hace falta voluntad política. En este sentido, la Asamblea Nacional, hoy a manos del régimen de forma ilegítima, es el sitio indicado donde se deberían promover este tipo de debates.
Aunado a ello, los grupos heteronormativos con cuotas de poder, han permitido violentar de manera progresiva a la comunidad LGBTIQ+ en el país: a través de la invisibilización, la falta de cifras de casos de abuso, violencia o discriminación, la ausencia de leyes inclusivas, y la falta de reconocimiento y méritos en los distintos estratos de la sociedad. Eso conlleva en muchos casos al aislamiento, depresión, ansiedad, tristeza, e incluso suicidio, de los miembros del colectivo sexodiverso.
Hasta el 2015, según una encuesta realizada por la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), ACCSI y Aliadas en Cadena, aunque un 83% condene acciones discriminatorias contra la comunidad LGBTIQ+, el 66% de los venezolanos está en contra del matrimonio igualitario y el 57% en contra de que las personas homosexuales puedan tener hijos.
En cualquier caso, “no hay justificación para la violencia. El respeto no tiene grises. La tolerancia es esencial para vivir en armonía. Vamos a darnos el permiso de amar y ser amados, sin barreras, ni condiciones. Si amamos respetamos, si respetamos toleramos, y así podremos llegar a la felicidad que tanto anhelamos todos como sociedad”, subraya la psicóloga María Angélica Alvarado.
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