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- En El Diario explicamos el proyecto de ley que buscaría aumentar la censura y disminuir la información que se publica a través de las plataformas digitales, además de criminalizar a los ciudadanos que emitan opiniones en contra del régimen oficialista
Durante la entrega de un premio en honor a las supuestas labores por el periodismo en el país, este 28 de junio, Nicolás Maduro insistió en la idea de regular el uso de las redes sociales en Venezuela.
No es la primera vez que el régimen oficialista sugiere una nueva ley para censurar la información que se publica en las plataformas digitales.
Desde 2017 ya se hablaba de regular las redes sociales para evitar “mensajes de odio e intolerancia contra la revolución bolivariana”, a la par de la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, la cual fue aprobada por la asamblea nacional constituyente (ANC).
El 13 de noviembre de 2020 Maduro solicitó a su ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, crear su propia red social a través del Sistema Patria. Para ese momento aseguró que las redes sociales “las gobierna la oligarquía invisible” y pidió “dar la batalla” contra el mundo digital. No obstante, el régimen parece inclinarse por una solución jurídica.
La nueva regulación sobre las redes sociales estaría incluida en el paquete de 34 propuestas que conforman el plan legislativo de la Asamblea Nacional oficialista para el 2021. En ella, se pretende aplicar una reforma de la Responsabilidad Social en Radio Televisión, Redes y Medios Electrónicos.
Política de no opinión
¿Pero cuáles serían las intenciones detrás de una nueva regulación? Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explicó en una entrevista concedida a El Diario que la AN chavista busca “sancionar de manera arbitraria o discrecional, sin sustento jurídico y así fortalecer una política que procura aterrorizar y castigar a quien critique al gobierno”.
La opinión de Correa se sustenta en el historial de violaciones a la libertad de expresión y que han sido consignadas bajo la Ley del Odio. De acuerdo con cifras de Espacio Público, entre 2009 y 2018, 55 personas fueron detenidas por difusión de contenidos a través de las redes sociales. Tan solo en 2020 se registraron al menos 30 casos de persecución y detención luego de haber difundido una información a través de una plataforma digital.
#DetenidosPorExpresarse | Las detenciones están vinculadas a la difusión de contenidos políticos que involucran a altos funcionarios o contienen crítica social o económica.
— Espacio Público (@espaciopublico) December 14, 2018
¿Cuál es el miedo al intentar silenciarnos? pic.twitter.com/pVH4hpzh0f
La normativa de la Ley del Odio, aprobada por la ANC, establece penas de hasta 20 años de cárcel. Aunque de momento no existe un borrador sobre la reforma de las redes sociales y tampoco se ha discutido en plenaria, la reforma sería una extensión del “delito de odio” y, en caso de aprobarse, se estaría legalizando la censura y la persecución por opiniones de usuarios.
En ese sentido, en la práctica, periodistas, escritores y trabajadores de la salud ya han sido procesados por compartir una opinión contraria al régimen no solo en Facebook, Twitter o Instagram, sino también por publicar estados de WhatsApp o el envío de cadenas de mensajes.
Expedientes por delitos de odio
Durante la cuarentena en Venezuela apresaron a dos escritores venezolanos por denunciar, mediante un texto satírico, una fiesta que se registró en medio de las restricciones por la pandemia del covid-19 y a la que habría asistido un funcionario del régimen.
Milagros Mata Gil fue detenida junto a su esposo, el poeta Juan Manuel Muñoz, y ambos fueron acusados de cargos por incitación al odio. En el año 2018, el tuitero Pedro Jaimes fue perseguido y enviado a una cárcel por un año y ocho meses por publicar la ruta del avión de Maduro, una información que era pública.
Recientemente, el tiktoker José Pérez fue presentado ante el Tribunal 42 de Control del Área Metropolitana de Caracas, por los cargos de instigación al odio luego de haber publicado un video en el que hablaba sobre la hija de un cantante vinculado al chavismo.
Otros casos de censura en redes sociales
– Darelis Corales fue detenida el 27 de marzo de 2020 luego de haberle enviado un mensaje de texto vía Whatsapp a Debora Menicucci, esposa de Maikel Moreno, el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Corales fue presentada en tribunales por delitos de odio.
– La bioanalista Andrea Sayago fue detenida el 3 de abril de 2020 por cuerpos de seguridad del Estado. La detención se produjo por difundir información sobre casos de coronavirus en el estado Trujillo a través de un estado de Whatsapp. Luego de permanecer detenida durante dos días le fue impuesto arresto domiciliario.
– Elio Mendoza, trabajador de la Planta de Pellas en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) el estado Bolívar, recibió una llamada del gerente de planta, Francis Villega, para solicitarle apoyo con una guardia nocturna por una avería. Se pudo conocer que fue detenido por el reenvío de un mensaje en cadena a través de la aplicación móvil WhatsApp.
Bloqueos digitales y redes sociales
El régimen de Maduro ha aplicado bloqueos selectivos de portales digitales informativos críticos, según los datos de organizaciones como el Instituto de Prensa y Sociedad y Espacio Público. Aún cuando se habla de una ley, las regulaciones ya existían.
Las violaciones a la libertad de expresión en línea han experimentado un aumento constante durante los últimos años, debido a la masificación de las redes sociales; así como a la disminución del ecosistema de medios de comunicación tradicionales.
Para el año 2020, Espacio Público detectó que al menos 120 casos fueron registrados en Internet, lo que equivale al 30% del total de registros, un número mayor al contabilizado en cualquier región del país.
Por otra parte, en ese mismo año, 64% de los medios nacionales y el 34% de los internacionales fueron censurados. Además, más de 30 sitios web fueron bloqueados, de acuerdo con datos de Venezuela Sin Filtro.
La organización no gubernamental sugiere que este dato revela que las autoridades venezolanas reforzaron los sistemas de vigilancia en redes sociales con el objetivo de silenciar o minimizar las opiniones o informaciones que cuestionan la gestión gubernamental. Aunque el régimen de Maduro no puede “regular directamente el funcionamiento” de las redes sociales, sí puede crear marcos “legales” para procesar a los ciudadanos que, a su juicio, atentan contra la soberanía del país. Justo lo que posiblemente hará la nueva reforma.
