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- El objetivo de la estatal petrolera venezolana es que sus cargamentos pasen desapercibidos y las autoridades estadounidenses no los detecten
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos (EE UU) a Petróleos de Venezuela (PDVSA) han obligado al régimen de Nicolás Maduro a recurrir a métodos inéditos en el país para poder mantener el flujo de divisas proveniente de las exportaciones.
El uso de buques fantasmas y transferencias de crudo en mar abierto forman parte del pequeño abanico de opciones que puede emplear la estatal petrolera venezolana para eludir las sanciones y mantener los despachos de crudo a sus socios comerciales.
Con el objetivo de evitar que las autoridades los detecten, los buques que se dirigen a Venezuela a cargar petróleo han optado por apagar sus Sistemas de Detección Automática (AIS, por sus siglas en inglés). Este instrumento permite a otras embarcaciones detectar su ubicación, para poder evitar colisiones y enviar ayuda en caso de ser necesario.
AIS apagado
La normalización de esta práctica por parte de PDVSA llevó a que a mediados del año 2020, el gobierno de Estados Unidos alertase que cualquier embarcación que tuviese como propósito cargar petróleo en Venezuela se vería sometida a sanciones del Departamento del Tesoro.
Ante las posibles repercusiones económicas que esto podría llegar a ocasionarles, buques como el Seadancer y el Novo, ambos con bandera de Malta y que se dirigían al país, decidieron regresar a sus respectivos puertos y no transportar crudo venezolano.
Sin embargo, las advertencias emitidas por EE UU no han impedido que otros buques continúen con este tipo de actividades en favor del régimen de Maduro. Esto llevó a que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) solicitase, en mayo de 2020, a la industria naviera crear cláusulas que impidan manipular el AIS.
La intención de las autoridades estadounidenses es crear una disposición que permita a los propietarios de las embarcaciones, los fletadores y los operarios, rescindir un contrato en caso de que se detecte un patrón de manipulación del AIS que sea inconsistente con el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (Solas).
Debido a la solicitud de la OFAC, Bimco, la mayor asociación naviera del mundo, anunció que se encuentra trabajando en incluir en sus contratos el requisito de que sus miembros mantengan encendido el AIS siempre que las circunstancias lo permitan.
Argumentan que existen algunos escenarios en los que apagar el sistema está permitido de acuerdo con el Solas. Tal es el caso de las embarcaciones que ingresan a aguas donde existe un alto riesgo de encuentro con piratas. Desde Bimco esperan que la cláusula se publique durante el transcurso del mes de julio.
Armand Delon, ingeniero petrolero, comenta en exclusiva para El Diario que es poco factible que esta medida tenga un impacto real en el caso venezolano. Considera que la nueva normativa no impedirá que los buques que se dirijan a Venezuela continúen apagando su AIS.
Transferencias barco a barco
Otra modalidad que emplea PDVSA para mover crudo venezolano sin que Estados Unidos lo detecte es a través de transferencias de petróleo. Estas se realizan de un barco a otro en altamar. Esta es una práctica relativamente común dentro de la industria tal y como explica el experto, no está exenta de riesgos. Tanto para los trabajadores como para el medio ambiente.
Por este motivo, es enfático en afirmar que actividades como esta suponen un incremento del riesgo de que se produzcan derrames petroleros. Un problema que ya ha afectado las costas de estados como Carabobo y Falcón en épocas recientes.
Ante esta situación, una opción que permitiría reducir las probabilidades de accidentes sería emplear los servicios de alguna compañía especializada en este tipo de operaciones. Sin embargo, luce poco probable que esto pueda llegar a concretarse. Tomando en cuenta que cualquier empresa que realice negocios con PDVSA se expone a ser sancionada por la OFAC.
De acuerdo con información publicada por Reuters, las transferencias de crudo efectuadas por PDVSA tienen lugar en dos localizaciones de las aguas territoriales de Venezuela. La primera de ellas está ubicada en las inmediaciones de la refinería de Amuay en el estado Falcón.
El lugar supone un punto estratégico. Permite que las embarcaciones venezolanas puedan cargar el petróleo en las instalaciones de la refinería para posteriormente transferirlo a los buques encargados de su transporte.
El otro lugar se encuentra en las cercanías de la isla La Borracha, al norte del estado Anzoátegui. Comenzó a utilizarse a finales de 2020, de acuerdo con la agencia de noticias. Al igual que en el caso de Amuay, esta ubicación ofrece la posibilidad de cargar crudo en tierra —en el terminal de Jose ubicado en la misma entidad— para luego trasladarlo a otro buque.
Las transferencias que se llevan a cabo en este sitio suponen un costo mayor para PDVSA. Esto por tratarse de una ubicación más alejada de la costa y por ende más peligrosa.
Impacto económico
Si bien efectuar transferencias puede resultar una alternativa para que PDVSA continúe despachando envíos a sus clientes en el exterior y por tanto generando un flujo de caja para el régimen, esto conlleva ciertos aspectos negativos.
El ingeniero petrolero comenta que uno de ellos es el incremento de los costos operativos de la empresa. Razón por la cual los márgenes de ganancia de la compañía disminuyen de forma considerable.
“Pdvsa para vender crudo en esas condiciones tiene que hacerlo a un valor menor del precio internacional”, afirma.
A esto se suma que debido a las propias sanciones, PDVSA se ve obligada a vender con descuento su producción. Esto para hacer más atractivos sus envíos y lograr conseguir compradores. A lo que hay que añadir que debido a su condición de ser un hidrocarburo bituminoso (extrapesado), su valor es significativamente menor que el de otros países. Esto debido a que requiere un mayor proceso de refinación, en contraposición a otros petróleos más ligeros.
Es de esperar que las nuevas cláusulas internacionales en materia de tráfico marítimo impulsadas por Estados Unidos representen un duro golpe a las exportaciones de crudo venezolano. Que de por sí han disminuido drásticamente durante los últimos años. La entrada en vigor de estas disposiciones auguran un panorama cuando menos complejo para la industria petrolera nacional.
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