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- De acuerdo con defensores de DD HH, estos hechos dejan en evidencia la falta de garantías y ratifican las denuncias que se han presentado en otras instancias internacionales
El patrón de violaciones de derechos humanos en Venezuela continúa pese a la presencia de la misión técnica que envió la Unión Europea (UE) el 8 de julio.
El régimen de Nicolás Maduro ha ejecutado varias detenciones arbitrarias que son denunciadas constantemente por las organizaciones de derechos humanos. Días antes de la llegada de la misión, detuvieron Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García, director y activistas de FundaRedes respectivamente. Posteriormente se confirmó que los imputaron por supuestos cargos de terrorismo.
Freddy Guevara, diputado a la Asamblea Nacional, fue interceptado y detenido por funcionarios del servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la autopista Francisco Fajardo el 12 de julio.
El hecho ocurriu00f3 en horas de la tarde y el parlamentario logru00f3 hacer una transmisiu00f3n en vivo a travu00e9s de Instagram antes de que los agentes se lo llevaran. Minutos despuu00e9s, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) intentaron detener a Juan Guaidu00f3, presidente interino de la Repu00fablica, en el su00f3tano de su residencia.
Los funcionarios entraron al centro residencial encapuchados y con armas largas. Además se conoció que accionaron explosivos en el sitio.
El 14 de julio continuaron las detenciones arbitrarias. Jairo Pérez, dirigente social de La Vega en Caracas, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Sebin ese día mientras proyectaba una película para los niños de la comunidad.
Cuerpos de seguridad del estado también irrumpieron en la residencia de Javier González, activista de Voluntad Popular, en el 23 de Enero. Allí detuvieron María Coromoto González, Michael González y Michel González, madre, hermano y primo del activista respectivamente. El 15 de julio en la mañana fueron liberados.
El jueves 14 de julio también allanaron en la sede de FundaRedes y en la residencia de Javier Tarazona en San Cristóbal, estado Táchira. En el procedimiento detuvieron la madre del activista, Teresa Sánchez. Horas después fue liberada.
Patrón sistemático
Gabriela Buada, periodista y defensora de DD HH, explicó que este tipo de medidas siguen el patrón de las violaciones de derechos que se han denunciado en instancias internacionales.
Buada señaló que el hecho de que esto ocurra durante la visita de la misión técnica de la UE no debe influir en su evaluación. Sin embargo, sí deja en clara evidencia la crisis política y social que atraviesa el país.
“La interpretación que se le puede dar a eso es justamente la falta de garantías en cuanto al respeto por los derechos humanos, por todas las denuncias que se han realizado durante los últimos cinco años y por la crisis institucional que vive Venezuela, donde se utiliza el poder para amedrentar y criminalizar la disidencia política y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos”, añadió.
Además de la detención de los activistas de FundaRedes, señaló a las medidas cautelares que aún caen sobre cinco trabajadores humanitarios de Azul Positivo. También, se refirió a la congelación de cuentas bancarias de las ONG Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad.
“Es un patrón para perseguir y callar las voces disidentes. También para impedir que la documentación efectiva se lleve a cabo y se realice a través de las organizaciones de derechos humanos en el país”, aseguró.
Acusaciones contra dirigentes
El martes 13 de julio, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen de Maduro, solicitó la detención de Gilber Caro, Luis Somaza, Hasler Iglesias y Emilio Graterón. Todos ellos son dirigentes del partido Voluntad Popular.
Rodríguez acusó a los opositores de organizar los enfrentamientos en la Cota 905 y otras partes del oeste de Caracas. Presuntamente el objetivo era generar protestas y hechos violentos en los barrios de la ciudad.
La prueba que presentó para fundamentar sus señalamientos fueron unas capturas de conversaciones en WhatsApp. Presuntamente se trataban de chats entre los acusados.
En una de las supuestas conversaciones, Emilio Graterón informa a López sobre una reunión con Hasler Iglesias y diferentes delincuentes de la zona apodados el Original, el Gocho, Catire, Pedro y el Pelón de La Vega. En otro chat indicó que el financiamiento para la adquisición de armas y municiones correría a cargo de Luis Somaza.
“Puerta giratoria”
Las medidas tomadas por las autoridades del régimen tienen un efecto de “puerta giratoria” un término acuñado por el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero. Esto implica que el número de presos políticos en Venezuela no disminuye debido a que las excarcelaciones vienen precedidas de nuevas detenciones.
La frase volviu00f3 a cobrar vigencia con la detenciu00f3n de Freddy Guevara, pues tan solo hace dos semanas fue liberado Erickvaldo Mu00e1rquez, preso polu00edtico desde el au00f1o 2017. El joven recibiu00f3 una orden de libertad plena en diciembre de 2020, pero esta medida se cumpliu00f3 seis meses despuu00e9s.
Además, una semana antes liberaron al coronel Ruperto Sánchez, quien estuvo siete años en prisión acusado de instigar en una rebelión contra el gobierno.
Violaciones denunciadas a instancias internacionales
Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), emitió un informe sobre la situación de Venezuela el pasado 1° de julio. En él, alertó que persisten las violaciones de derechos humanos en el país.
Señaló que su oficina continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. También destaca que recibió reportes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación.
La oficina de la alta comisionada precisó que los patrones identificados en el informe publicado en julio de 2020 persistieron (desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e incomunicación).
El informe de la alta comisionada denuncia que se registraron 17 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad conjuntos en zonas populares de elevada peligrosidad y protestas. Estas ejecuciones coinciden con los patrones previamente denunciados por la ACNUDH. Un total de 16 ejecuciones ocurrieron durante operativos de seguridad y una se produjo durante una protesta.
El texto destaca que la mayoría de las víctimas eran jóvenes y niños de bajos ingresos en zonas populares.
Durante el periodo que abarca el informe, se constató que la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales fueron atribuidas a las FAES y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
En contraste con las denuncias registradas en 2020, hubo una reducción de las denuncias de ejecuciones atribuidas a las FAES. Sin embargo, se registró un incremento de estos delitos realizados por otros cuerpos de seguridad regionales y municipales.
