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- Familiares del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, del exconcejal Fernando Albán, de David Vallenilla y de Juan Pablo Pernalete narraron cómo sus esposos e hijos fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
Venezuela está bajo la lupa mundial. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos han escalado ante instancias internacionales, donde el proceso que impulsa la Corte Penal Internacional (CPI) es de mayor relevancia. Esta investigación podría determinar responsabilidades penales individuales de funcionarios del régimen en crímenes de lesa humanidad.
Son cientos las personas que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos por razones políticas, activismo, manifestar, u otras razones. Existen casos de víctimas que continúan en la memoria de los venezolanos. Algunos son recordados por su ímpetu y juventud, otros por ser sometidos a torturas y tratos crueles hasta la muerte. Su familiares alzaron la voz para exigir justicia, pero también enviaron un contundente mensaje a Karim Khan, fiscal de la CPI, y de quien se espera un pronunciamiento sobre el avance del proceso ante esta instancia.
La Fiscalía de la CPI culminó las primeras etapas del Caso Venezuela I el cual se encuentra en la Fase III, bajo examen preliminar, por presuntos delitos de lesa humanidad en el país cometidos por funcionarios del régimen. Es por eso que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales se reunieron en un encuentro virtual con el objetivo de enviar un mensaje al fiscal Karim Khan:
Waleska Pérez: “La cadena de mando son los verdaderos responsables de la muerte de Acosta Arévalo”
En junio de 2019 un hecho cruel estremeció a Venezuela y se sumó a la lista de violaciones de derechos humanos. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue detenido por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por supuestamente conspirar para ejecutar un golpe de Estado en el país. Su esposa, Waleska Pérez, denunció que el militar fue víctima de una desaparición forzada el 22 de junio de ese año.
Seis días después de su desaparición el régimen informó sobre su detención. Sin embargo, iniciaron las denuncias por parte de los familiares de que a Acosta Arévalo lo estaban torturando en su lugar de reclusión.
Durante el encuentro virtual, la viuda de Acosta Arévalo asegura que se trata de uno de los casos más relevantes debido a que estuvo sometido a torturas y tratos crueles durante ocho días, tiempo en el que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una visita a Venezuela.
Precisa que al momento de retirar el cuerpo de la sala, el juez no ordenó inmediatamente una investigación por la muerte de Acosta Arévalo, sino que continuó con el juicio de los demás imputados.
El capitán de corbeta tenía más de 50 lesiones en todo su cuerpo y 16 costillas fracturadas. Señala que las autoridades no permitieron que los abogados y familiares realizaran un examen forense independiente del cuerpo. 12 días después autorizaron una inhumación controlada.
“El Ministerio Público anuló la causa y ordenó una nueva investigación. Cambió la calificación de delito. Los dos funcionarios responsables siguen libres, pero no investigaron a los verdaderos culpables que es la cadena de mando”, afirma durante el mensaje enviado al nuevo fiscal de la CPI.
Asegura que junto a su defensa, encabezada por la abogada Tamara Suju, recabaron elementos suficientes para determinar que la muerte del capitán de corbeta es un crimen de lesa humanidad.
David Vallenilla: “David José era mi vida y ya no lo tengo. Lucho por la justicia de él y para aprender a vivir con dolor”
David Vallenilla recibió el título post mortem de su hijo David José, quien había culminado la carrera de Enfermería. Destacó también como voluntario en los Bomberos de la Universidad Central de Venezuela y trabajaba en una clínica en Altamira.
El 22 de junio de 2017, durante las protestas antigubernamentales, el joven de 22 años de edad fue asesinado por funcionarios de seguridad cerca de la Base Aérea La Carlota. Vallenilla formó parte de los miles de jóvenes y estudiantes que salieron a protestar por un país mejor.
“No ha habido justicia desde esa oportunidad. Me dijeron que iban a llegar hasta las últimas consecuencias, pero solamente hay un imputado, el que disparó”, explica.
Señala que el día de la muerte de su hijo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) querían llevarse el cuerpo. El papá de la víctima presume que la intención era borrar evidencias. Además, autoridades de la Base Aérea La Carlota negaron al fiscal que llevaba la causa ingresar a las instalaciones para realizar las investigaciones correspondientes.
Denunció que en la morgue de Bello Monte, donde le estaban haciendo la autopsia a su hijo, se negaban a entregarle las evidencias al funcionario responsable de la cadena de custodia del Ministerio Público.
Destaca que hasta el momento no ha recibido justicia y que en el caso de la muerte de su hijo el responsable no es solamente el que disparó.
Meudy Osío: “A tres años de la muerte de Fernándo Albán aún no sabemos nada”
La muerte de Fernando Albán dejó más incógnitas que certezas. El 5 de octubre de 2018 fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El 8 de octubre apareció muerto en el pavimento del edificio del Sebin en Plaza Venezuela, Caracas.
La versión del régimen indicó que el exconcejal por el partido Primero Justicia se quitó la vida saltando desde el piso 10. Sin embargo, familiares y dirigentes opositores no creyeron en aquella versión.
Osío, viuda de Albán, asegura que debido a las amenazas que recibió decidieron sacar a sus hijos del país. “Lamentablemente esas amenazas se materializaron en la muerte de Fernando Albán”.
Al dirigente político lo vincularon con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de ese año. Además lo imputarían por delitos como traición a la patria y terrorismo.
En mayo de 2021 el Ministerio Público cambió su versión sobre la muerte de Albán e imputó a dos funcionarios por el cargo de homicidio culposo. Osío asegura que este cambio no aclara la muerte de su esposo y que, por el contrario, pretende desviar la atención. Afirma que en más de 50 oportunidades los abogados han intentado acceder a los expedientes y pruebas del caso, pero han negado el acceso.
La esposa del exconcejal pide a la Fiscalía de la CPI iniciar la investigación sobre el caso de Venezuela para que familias como la de ella puedan obtener justicia por violaciones de derechos humanos.
Los Pernalete: “Nosotros morimos el 26 de abril de 2017, nos mataron junto a nuestro hijo”
Juan Pablo Pernalete fue parte de los jóvenes que salieron a protestar en el año 2017. Pero el estudiante universitario y deportista no regresó a su casa. El 26 de abril recibió un impacto de una bomba lacrimógena en el pecho a una distancia menor a 30 metros. Sus padres, Elvira y José Gregorio Pernalete, no han dejado de exigir justicia por la muerte de su hijo.
“Somos unos padres que se enfrentan diariamente a un sistema viciado de justicia en Venezuela. Donde favorecen a los victimarios más que a las víctimas, protegen a los asesinos desde la cadena de mando. No se sensibilizan con cientos de familias que le fueron arrebatados su seres queridos solamente por pensar distinto”, afirma Elvira Pernalete.
Comenta que su hijo salió a protestar porque creía firmemente en la posibilidad de construir un país mejor para su familia. Pero ese día el disparo de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la manifestación le quitó la vida.
“Juan Pablo no murió como consecuencia de una acción aislada de un GNB, fue víctima de una ejecución extrajudicial dentro del marco del Plan Zamora y el Plan Guaicaipuro, ambos activados por Nicolás Maduro”, asegura.
Pernalete no titubea al aseverar que su hijo fue víctima del uso sistemático, generalizado y excesivo de la fuerza. Han tenido 15 fiscales en el caso de Juan Pablo y no han obtenido respuesta de los avances de la investigación.
Piden que sea juzgado no solo el funcionario que disparó la bomba lacrimógena, sino también la cadena de mando. Los últimos cuatro años han sido difíciles para la familia. En medio de su lucha por obtener justicia para Juan Pablo Pernalete, falleció su hija Maria Gabriela debido a un cáncer. El impacto emocional que sintió José Gregorio Pernalete cuando se enteró del asesinato de su hijo le generó una complicación cardíaca por lo que debió someterse a una operación a corazón abierto en enero de 2021.
Al obtener justicia esperan cumplir algunos de los sueños de su hijo. Planean fundar un refugio para animales o dar oportunidades deportivas a niños y jóvenes para así construir el país que Juan Pablo Pernalete anhelaba.
El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, tiene hasta el 23 de julio para completar el informe con información de víctimas y testigos. Ese será el tiempo límite para que la Fiscalía se pronuncie sobre si abrirá o no una investigación sobre la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela.
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