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- La persecución a disidentes políticos, la escasez de alimentos, insumos médicos y la falta o falla de servicios básicos, el ataque a la prensa y la justicia parcializada acentúan la crisis venezolana. Las denuncias siguen siendo las mismas por parte de los ciudadanos, así como de las distintas organizaciones abocadas al trabajo en derechos humanos | Foto: EFE.
Distintas son las posturas que organizaciones nacionales y organismos o gobiernos, como Estados Unidos y Colombia, ofrecen sobre el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La organización Provea, la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas son algunas de las más destacadas.
La vulneración a los derechos fundamentales es una realidad que concierne a todos los sectores de Venezuela. La actuación del régimen de Nicolás Maduro así lo demuestra. A través de, por ejemplo, la actuación de la fuerza de seguridad del Estado en las desapariciones forzadas o las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, afines al oficialismo.
Son distintas las ONG que han venido realizando un trabajo arduo para tener información detallada de estas denuncias y violaciones. Acciones que colaboran a impartir justicia y ayudar a las víctimas. Cinco posturas demuestran el agravamiento de las violaciones a los DD HH en Venezuela y colaboran en esta tarea.
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1. Provea
El informe 32° de la ONG corroboró el papel del régimen venezolano en la vulneración de 14 derechos fundamentales de los venezolanos. Para el informe de 2020, se estudiaron los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Derechos Civiles y Políticos. Comparado con el anterior, la situación no mejoró en materia de Derechos Humanos.
El equipo de Provea estudió los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (alimentación, ambiente sano, educación, laborales, pueblos indígenas, salud, seguridad social, vivienda y tierra), y los Derechos Civiles y Políticos (integridad personal, justicia, libertad personal, participación y vida), así como también otro tipo de puntualidades que colaboran a contextualizar los resultados.
En este sentido, el año 2020: “se desarrolló en un contexto de continuidad de las violaciones a los derechos humanos, de manera masiva y sistemática, que reafirmaron el carácter dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro y el equipo que le acompaña, con más alta responsabilidad en la gestión pública”, se puede leer en la presentación del documento, el cual fue difundido el 7 de julio en el portal web de la ONG.
Entre enero y diciembre de 2020, hubo un total de 285 denuncias, que incluyeron a 2.727 víctimas. Sobre el Derecho a la alimentación, la ONG destaca que en el país la desnutrición aguda en niños menores de 5 años de edad en comunidades vulnerables superó el 12%, pasando así el umbral de los estándares humanitarios.
Las comunidades indígenas fueron, al igual que el sector de los trabajadores de salud, uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus. Sobre el Derecho a la educación, Provea documentó una disminución de 230.710 estudiantes de educación inicial y primaria con respecto al año anterior.
Entre otros datos relevantes, hasta septiembre de 2020 Venezuela señaló un total de 4,960,522 pensionados, los cuales, para diciembre de ese año, percibieron en promedio 1 dólar mensual por el beneficio de la pensión. En el campo, la importación de productos agrarios, en detrimento de la producción nacional, persistió, al igual que la falta de gasolina y el gasoil.
2. Corte Penal Internacional
La CPI tiene una investigación abierta sobre Venezuela en la que se indagan sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Aunque la fecha para declarar una decisión sobre la admisibilidad del caso es el 23 de julio, no se descarta que el organismo se pronuncie al respecto en lo sucesivo.
Con los avances de Fatou Bensouda, la anterior fiscal del ente, la decisión la deberá tomar el actual encargado de la CPI, Karim Khan. Bensouda declaró, antes de abandonar el cargo, que había fundamentos razonables para determinar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país; incluida la tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.
El Estado venezolano, para atender la situación, invitó a Khan a viajar a Venezuela para aclarar las dudas sobre el país y establecer una hoja de ruta. Así lo dio a conocer el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, el 16 de julio, a través de una invitación en su cuenta en Twitter.
No obstante, ya el 2 de julio la corte había rechazado una impugnación del régimen de Maduro sobre la investigación que lleva a cabo. El 21 de julio vence el lapso para que el Estado venezolano presente sus alegatos. Luego se podrá completar el fallo y se avanzará en una acusación formal.
3. Organización de Estados Americanos
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha denunciado al régimen de manera constante. Certificó en su cuenta en Twitter el 20 de julio que en el país existen 276 personas detenidas por razones políticas. La información la obtuvo gracias a la ONG Foro Penal, que expuso una actualización.
No solo ha denunciado las detenciones. En abril de 2021, la OEA también acusó a Venezuela frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por presentar argumentos engañosos sobre los acontecimientos en la frontera colombo-venezolana; donde grupos armados de Venezuela y Colombia se enfrentaron, afectando a las poblaciones de la zona de Arauca y Apure.
Además, al igual que otros gobiernos, calificó de “dictadura” al régimen de Maduro y rechazó las elecciones parlamentarias realizadas en diciembre de 2020 para elegir a la nueva Asamblea Nacional. Esto a propósito de no contar con condiciones electorales creíbles ni con un CNE imparcial. La resolución fue aprobada con 21 votos a favor, dos en contra, cinco abstenciones y seis ausencias.
Gracias a las constantes denuncias y presiones sobre la crisis venezolana, Maduro retiró a Venezuela de la OEA en 2019. El puesto de Venezuela lo ocupa actualmente Gustavo Tarre, encargado por la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó.
4. Unión Europea
Joseph Borrel, el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la UE, anunció el 21 de julio que enviaría a Venezuela una misión diplomática para determinar si existen condiciones creíbles para acompañar el proceso electoral que llevará a cabo el régimen en el mes de noviembre de 2021.
Borrel expresó que existe una “posible apertura política”. Sin embargo, durante la visita, el 4 de julio, de la comisión para revisar las condiciones electorales, el equipo de trabajo enviado por el organismo europeo denunció la preocupación por la detención arbitraria de los activistas de la ONG Fundaredes.
Luego invitó a que: “se respete el derecho de los detenidos al debido proceso, particularmente la asistencia jurídica”, reseña la comisión en su cuenta en Twitter. “La labor de los defensores en derechos humanos es fundamental para una sociedad democrática y plural”, agregaron los enviados por la UE. El régimen mantiene detenidos a los dirigentes de la ONG.
La Unión Europea sostiene su postura sobre la situación venezolana, así como al grupo de los sancionados que forman parte del régimen. En febrero de 2021, por “violación a los derechos fundamentales” el bloque sancionó a 19 altos funcionarios, jueces, políticos y militares asociados a Maduro. En total, ahora son 55 sancionados, incluyendo a Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.
5. Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció durante su última actualización sobre el informe sobre violaciones a los DD HH en Venezuela que continúan vulnerando los derechos de los venezolanos. “Sigo instando a que se liberen a todos los detenidos arbitrariamente”, relató la comisionada durante la 47° sesión del órgano internacional.
Reiteró su apoyo a seguir brindando la plena realización de todos los derechos. Y expresó también que continúan las protestas sociales por la decadencia de los servicios básicos, así como la detención arbitraria de políticos venezolanos. Instó a investigar todos los casos relacionados a la vulneración de los derechos fundamentales.
Los casos documentados por el Alto Comisionado incluyen nuevas desapariciones forzosas con incomunicación, negación al acceso a la defensa y familiares. Al menos 12 casos fueron recopilados para la actualización. Se denuncia también la precaria situación en los centros de reclusión, en los cuales los detenidos están mal alimentados y expuestos a enfermedades como tuberculosis.
Se espera que en septiembre presente un nuevo reporte complementario que actualice la crisis venezolana, así como también prevé establecer una oficina en el país para atender de primera mano las denuncias realizadas por distintos sectores.
Así, aunque las organizaciones nacionales de la sociedad civil, con su trabajo, colaboren a paliar la crisis venezolana y atender a los más vulnerables, Maduro continúa vulnerando los derechos fundamentales de los venezolanos en distintos ámbitos.
También sigue sin acatar las recomendaciones de los organismos internacionales. La documentación y denuncias por parte de distintas organizaciones y organismos internacionales persisten, aún y cuando el régimen haga caso omiso sobre los hechos de los que se le acusa.
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