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- La defensora de derechos humanos suministró información y el medicamento para interrumpir el embarazo de la menor. Foto principal: Iniciativa por una Justicia Igualitaria
Vanesa Rosales, defensora de los derechos humanos, fue puesta en libertad luego de permanecer detenida más de nueve meses en el estado Mérida.
El tribunal ordenó su liberación este 21 de julio, durante la audiencia preliminar. Rosales fue detenida el 12 de octubre del año 2020 por ayudar a una adolescente de 13 años de edad a interrumpir su embarazo producto de abuso sexual. La docente y activista suministró información y el medicamento necesario para interrumpir el embarazo con el consentimiento de la menor y de su madre.
#21Jul #VannesaRosales está LIBRE Un logro de todo el mov #Feminista nacional e internacional…
— 100% Estrógeno🌺💚 (@100Estrogeno) July 21, 2021
Gracias Miles @womenslink @AVESA_ONG_VZLA @promedehum @FLDAmericas @amnistia @COFAVIC @onuvenezuela Una defensora fue juzgada por un 'delito' q es un #Derecho q #Vzla aún no reconoce pic.twitter.com/tcJmpyzzeL
A Rosales se le acusó de delitos de agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros.
Ese 12 de octubre de 2020 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron su hogar en Pueblo Nuevo, estado Mérida, y luego la detuvieron.
Decisión del tribunal
La defensa de Vanesa Rosales explicó, durante una rueda de prensa este 22 de julio, que el Ministerio Público desestimó los cargos que agravaban la condena a la que se enfrentaba Rosales: los delitos de agavillamiento y asociación para delinquir.
El cargo de aborto provocado a un tercero no fue desestimado, por lo que el circuito judicial del estado Mu00e9rida otorgu00f3 la libertad a la activista, quien deberu00e1 cumplir servicio comunitario por tres meses.
Enyers Puertas, abogado que formó parte del equipo de defensa de Vanesa Rosales, explicó que la audiencia preliminar se difirió en cuatro ocasiones sin causa justificada.
“El Ministerio Público designó a una fiscal con competencia nacional para la audiencia. Esto es muy importante porque reconoce que la Fiscalía se extralimitó y se equivoca en la presentación de un escrito acusatorio sumamente punitivo en contra de nuestra representada”, explicó Puertas.
En la rueda de prensa, Vanesa Rosales explicó que actuó con la intención de salvaguardar la vida de la adolescente, puesto que el embarazo amenazaba su salud debido a un estado de desnutrición.
“Era una situación de vida o muerte. Me parece muy frustrante que el Estado no entienda eso. La causal de proteger la vida de la madre es la única legal en Venezuela y ni siquiera así fueron capaces de tener empatía”, afirma Rosales.
La activista cuestionó además que los cargos que le imputaron y que agravaban su proceso son para combatir el terrorismo.
Rosales aseguró que no tiene miedo ante posibles represalias en su contra y destaca las condiciones inhumanas de reclusión en el calabozo del CICPC donde estuvo detenida más de dos meses. Cuenta que a su compañera de celda no le permitían el acceso a sus medicamentos para la epilepsia y a otra reclusa la guindaron de las esposas en el tanque de agua por pedir el baño.
Irregularidades y retrasos en el proceso judicial
Durante los meses que estuvo detenida, se cometieron varias irregularidades procesales por parte de las autoridades en perjuicio de Rosales, así lo denunció Selene Soto, abogada y miembro de la organización internacional Womens Link en una entrevista previa para El Diario.
La defensa nunca tuvo acceso al expediente ni a la acusación formal que realizó la Fiscalía, además la audiencia de presentación se realizó con más de 30 horas de demora, luego del lapso de 48 horas que establece la ley. El Ministerio Público (MP) le imputó el cargo de inducción al aborto durante la audiencia de presentación. Sin embargo, el Tribunal de Control del estado agravó los cargos y le imputó los delitos de agavillamiento y asociación para delinquir, cargos que aumentarían la sentencia
El 12 de enero de 2021, Vanesa Rosales recibió una medida cautelar sustitutiva de libertad, por lo que permanecía detenida en su casa.
La audiencia preliminar se pautó para el 28 de mayo pero fue diferida por “inoperatividad del tribunal”, así lo aseguró la ONG 100% Estrógeno que se encargó de su defensa.
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