• El Centro de Justicia y Paz ( Cepaz) publicó un informe sobre los índices de persecución en el país durante el primer semestre de 2021. Los más afectados por estas agresiones son los trabajadores de la prensa, organizaciones de la sociedad civil, líderes políticos y la población a través de mecanismos de control y discriminación. Foto principal: AFP

El cierre del espacio cívico se ha convertido en parte de la política de Estado del régimen de Nicolás Maduro. Así lo reflejó el informe de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) sobre el aumento de las persecuciones y criminalización en Venezuela durante el primer semestre del año 2021. 

El informe destaca patrones de persecución contra personas que han sido considerados enemigos o disidentes del gobierno por ejercer sus derechos civiles, políticos y sociales.  El texto de Cepaz está enfocado en el incremento de estas agresiones contra los medios de comunicación y trabajadores de la prensa. Lo que se traduce en incremento de la censura, la criminalización de la labor de organizaciones de la sociedad civil, persecución de líderes políticos y sus familiares y control y discriminación de la población. 

434 casos

Desde el 1° de enero hasta el 31 de junio, el monitoreo registró al menos 434 casos de persecución y criminalización, lo que representa dos casos por día y uno cada 10 horas en Venezuela.

“Las personas que denuncian, exigen derechos y garantías, que informan, reportan o se expresan a través medios de comunicación y redes sociales y aquellos que se han convertido en mitigadores del sufrimiento de la población venezolana, son las principales víctimas de la persecución y la criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro en el ejercicio de una política que ha buscado la perpetuación en el poder, ha asumido un control total sobre el aparato estatal y ha silenciado a todos los actores que a criterio del gobierno son enemigos de su ideología política”, afirma parte del informe. 

Además, el estudio precisa los patrones de persecución y criminalización en Venezuela. Entre ellos se encuentran: apertura de procedimientos judiciales, amenazas y hostigamientos, detenciones arbitrarias, obstaculización del registro de los acontecimientos y cierre de emisoras. Así como bloqueos de páginas web y el uso de poderes públicos para perseguir a líderes políticos y crear normativas restrictivas. 

Agudización de la censura

Durante el primer semestre del año 2021, Cepaz registró al menos 114 ataques contra la labor periodística en el país. El monitoreo detalla al menos 64 actos de amenazas, persecución y hostigamiento contra trabajadores de la prensa, dos allanamientos con incautación de equipos, 11  ataques a portales web y 12 trabajadores de la prensa detenidos arbitrariamente. 

Foto: Referencial

El incremento de la censura en el país corresponde a tres factores. El cierre de espacios de información y expresión, criminalización contra la labor periodística y los efectos de la crisis humanitaria compleja que ha afectado el desarrollo de las actividades de los medios de comunicación y periodistas. 

A través de estos mecanismos, el gobierno de Nicolás Maduro ha limitado el acceso a la población a una información libre, independiente y veraz. No solamente se cierran las ventanas de información sino que también se criminaliza la labor del periodista, quienes además ejercen su trabajo atravesando múltiples riesgos”, afirmó Nicole Hernández, investigadora de Cepaz.

Criminalización de la labor de las organizaciones de la sociedad civil 

El espacio cívico en Venezuela y el derecho a la defensa de los derechos humanos se ha visto restringido por las políticas del régimen de Nicolás Maduro. El monitoreo de Cepaz destaca que las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado su trabajo en medio de múltiples obstáculos legales, represión y campañas que las desacreditan y estigmatizan. 

La ONG registró al menos 31 ataques contra las organizaciones de la sociedad civil. Contabilizan 10 detenciones arbitrarias, un allanamiento a la sede de una organización, ocho actos de amenaza, estigmatización u hostigamiento, entre otros. 

Persecución en Venezuela
Cinco de los seis miembros de Azul Positivo permanecieron detenidos en la Dgcim de Maracaibo hasta su excarcelación el 10 de febrero de 2021. Foto: Cortesía

El informe hace énfasis en la gravedad de la Providencia Administrativa No. 001-2021 promulgada en abril de este año. Este anuncio obligaba a las organizaciones a registrarse unificadamente ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.

“Esta providencia constituye una clara vulneración al derecho humano de asociación condicionando la posibilidad de asociarse libremente al otorgamiento de un permiso o certificado de habilitación”, aseveró la organización en el informe. En mayo, la providencia fue derogada y sustituida  por la Providencia Administrativa 002-2021, pero no suspendió las limitaciones para las organizaciones civiles, por lo que continúa la vulneración a los derechos. 

La investigadora precisa que también se ha criminalizado la labor de las organizaciones humanitarias. Las cuales, aseguró, tienen un rol fundamental para mitigar los efectos de las crisis del país. Afirma que se ha utilizado el canal de televisión del Estado para estigmatizar y desacreditar la labor de estas organizaciones. 

Persecución a líderes políticos

En esta categoría, Cepaz destaca la persecución contra miembros de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Hernández señala que luego de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, donde el régimen obtuvo el control del Parlamento, inició una arremetida contra diputados electos en los comicios de 2015. 

Incluye entre estos actos de persecución la medida emanada por la Asamblea Nacional controlada por el régimen que ordenó la prohibición de salida del país contra al menos 43 diputados. Así como la imposibilidad de ejercer derechos políticos a través de las inhabilitaciones de parlamentarios.

La organización registró al menos 268 ataques contra dirigentes políticos vinculados a la oposición. Contabilizan 12 detenciones arbitrarias, 66 actos de amenazas, hostigamiento o violencia, 28 inhabilitaciones para el ejercicio de cargos políticos de distintos dirigentes, dos actos de solicitud de extradición de personeros políticos en el exilio, 100 personas vinculadas a la Asamblea Nacional electa en 2015 fueron citadas y acusadas de ocasionar daños contra la República. 

Control y discriminación contra la población

La investigadora señaló que a pesar de que son pocos los actos de control y discriminación contra la población,  muchas personas resultan víctimas de ellos. Por esta razón, es difícil para la organización cuantificar estos casos.

El informe destaca la imposición del Sistema Patria para que a través de la plataforma la población pueda tener acceso a bonos, a vacunas contra el covid-19 y descuentos en servicios públicos. Además, precisa como acto discriminatorio la acción de un alcalde de Yaracuy que marcó las casas de personas sospechosas de haberse contagiado de covid-19 o que ya habían adquirido el virus.

La organización registró 21 ataques contra la población. 

Persecución y criminalización como crimen de lesa humanidad

El informe afirma que los actos de persecución y criminalización por motivos políticos puede constituir un crimen de lesa humanidad. cuando se realizan de forma sistemática contra la población civil, según el artículo 7 del Estatuto de  Roma

Debemos entender lo que el Estatuto de Roma entiende como persecución a la luz del derecho penal internacional, para ello tenemos tres elementos: el primero es que exista una privación intencional y grave de los derechos fundamentales, que sea con motivo de la identidad de una colectividad y que además tenga conexión con la comisión de otros delitos de lesa humanidad”, precisó la abogada Sara Fernández, miembro de la ONG.

Señala que para que la persecución se considere como crimen de lesa humanidad se debe tomar en cuenta la comisión de otros delitos como detención arbitraria, actos de tortura, agresión sexual, entre otros. 

Fernández afirma que el delito de persecución forma parte del examen preliminar sobre la situación de Venezuela que realiza la Corte Penal Internacional (CPI).

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