• 1.331.000 cumplen con el criterio de elegibilidad del programa que ahora ha quedado detenido por una decisión de un juez federa. Foto: Reuters

El programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que busca darles legalidad a los jóvenes que permanecían ilegalmente en Estados Unidos ha quedado en un limbo judicial a 9 años de su aprobación, luego de que el juez federal de Texas, Andrew Hanen, sentenciara que es ilegal, emitiendo una orden judicial permanente que le prohíbe al gobierno federal aceptar nuevas solicitudes.

Hanen alega en su fallo que aunque el programa de DACA tiene un componente de Acción Diferida (orden ejecutiva) concede beneficios excesivos como el permiso de trabajo, justificando que la medida perjudica a los estados que presentaron la demanda para terminar con el mismo, porque los obliga a gastar dinero en diversas áreas, incluidos los servicios sociales, la educación y la atención médica. El juez además considera que hubo fallos en el Procedimiento Administrativo (APA).

Actualmente, más de 689.800 jóvenes inmigrantes son beneficiarios de DACA, una política administrativa que ofrece autorización de trabajo y protección temporal contra la deportación que les cambió la vida. A través de este mecanismo, pudieron obtener un número de identidad (Social Security Number) y un permiso de trabajo, lo que se tradujo en la posibilidad de estudiar en las universidades, abrir cuentas bancarias, obtener mejoras salariales, créditos y acceder al sistema de salud.

Entre estos jóvenes con el permiso temporal se encuentran 2.100 venezolanos que ya se han beneficiado del programa, de acuerdo con datos del Servicios de Inmigración y Ciudadanía (Uscis, por sus siglas en inglés).

Antes de que Hanen dictara el fallo, más de 55 mil solicitudes esperaban por ser revisadas para beneficiar a ese mismo número de personas sí cumplían con los requisitos para acceder al programa. Ahora, su aprobación no está garantizada, ésta dependerá de apelaciones en cortes federales y en la Corte Suprema si el caso escala las audiencias.

De acuerdo con Migration Policy, son más de 1.331.000 personas las que cumplen con el criterio de elegibilidad para beneficiarse del programa de DACA, que en este momento no podrán acceder al mismo luego del fallo del 16 de julio. Entre ellos, se incluyen a unos 7.000 venezolanos que podrían ser favorecidos con dicha política migratoria.


PaísPersonas con DACAPotenciales beneficiariosTOTAL
1México5174608800001397460
2El Salvador248306500089830
3Guatemala168404300059840
4Honduras154503200047450
5Corea62102300029210
6Perú62501400020250
7Brasil50601100016060
8Ecuador47801100015780
9Colombia42401700021240
10Argentina336060009360
11Filipinas32701700020270
12Jamaica225070009250
13India22202800030220
14Venezuela210070009100
15República Dominicana19901200013990
16Uruguay170030004700
17Trinidad y Tobago150030004500
18Bolivia143030004430
19Costa Rica134040005340
20Nicaragua127050006270
21Chile119030004190
22Polonia115050006150
23Pakistán115010002150
24Nigeria91040004910
25Guyana85040004850
26China / Hong Kong6002600026600
27Belice70020002700
28Indonesia650650
29Canadá64080008640
30Kenia60020002600
31Otros115708500020070

TOTAL643.5601.331.0001.974.560
Datos de USCIS

Los requisitos para ser un “dreamer“ son: haber entrado a Estados Unidos antes de 2007 con una edad menor a los 16 años, estar estudiando o enlistado en el Ejército, tener menos de 31 años cuando se aprobó la medida (15 de junio de 2012) y no tener antecedentes penales.

Vehículo de movilidad social

Antes de que este programa existiera, los jóvenes indocumentados enfrentaban numerosas barreras que les impedían establecer su independencia. Hasta hace poco, niños y jóvenes enfrentaba barreras legales al desarrollo económico, educativo y social. El acceso más amplio a las instituciones educativas, económicas y sociales del país estaba limitado por su condición de indocumentados.

Anualmente, se estima que 98.000 estudiantes indocumentados se gradúan de las escuelas secundarias, mientras que otros 27.000 no llegan a la graduación. Debido a la inactividad legislativa en materia migratoria, 125.000 estudiantes cada año se ven obligados a poner sus vidas en suspenso cada año, según explica un informe de la Universidad de Harvard en un Proyecto Nacional de Investigación de los jóvenes bajo DACA (NURP, por sus siglas en inglés) para comprender cómo éstos estaban viéndose beneficiados por la medida.

Dicho estudio que tiene ocho años y medio en funcionamiento, encontró que “aquellos que habían dejado la escuela secundaria anteriormente, DACA les había proporcionado motivación para inscribirse en programas de educación para adultos. Para aquellos que buscan una educación superior, DACA ha mejorado el acceso a programas vocacionales, colegios comunitarios, universidades y escuelas de posgrado. La autorización de trabajo ha permitido a nuestros encuestados obtener nuevos trabajos, acceder a salarios más altos y seguir carreras significativas y estables. Juntos, estos educativos y las oportunidades económicas han reforzado la capacidad de nuestros encuestados para respaldar sus familias y fortalecer sus comunidades. Con una inclusión más amplia en la sociedad, nuestros encuestados han experimentado una mejor salud mental y bienestar“, explica.

“Para nuestros encuestados, la posible terminación de DACA podría significar una reversión del increíble progreso logrado en los últimos años. Una vez más excluidos de las instituciones económicas, educativas y sociales, nuestros encuestados serían expulsados de puestos de trabajo y programas educativos, y enfrentarían nuevas dificultades financieras y una angustia psicológica significativa“, destaca NURP.

De acuerdo con el estudio de Harvard, DACA se ha convertido en un vehículo de movilidad social, permitiéndole a estos jóvenes tener mayores oportunidades al poder aspirar a la educación superior, lo que le permite desarrollarse profesionalmente en áreas a las que sin documentos no tendrían acceso, convirtiéndose así en el sustento para sus familias, además de fortalecer a sus comunidades, mejorar su bienestar y salud.

Limitaciones de DACA

A pesar del poderoso impacto que ha tenido DACA como política de integración para los jóvenes beneficiarios, administrativamente tiene un poder de inclusión limitado; que no impide que se mantengan las exclusiones de ayuda financiera y no ofrece un camino hacia la ciudadanía u otra formas de estatus migratorio legal.

Precisamente, la Administración de Donald Trump el 5 de septiembre de 2017, tomó medidas para terminar con DACA, cuestionándolo en el sistema judicial. Aunque la Corte Suprema el 18 de junio de 2020 en un sorpresivo fallo, dictaminó que el mandatario, en aquel entonces no había actuado de acuerdo a la ley, el tribunal no abordó los méritos del programa ni tampoco la posibilidad de terminarlo.

Aunque los beneficiarios pueden seguir solicitando la renovación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ya no aceptará nuevas solicitudes. Cientos de miles de los jóvenes que cumplen 15 años cada año no tendrán la oportunidad de beneficiarse de DACA.

El gobierno de Joseph Biden ha anunciado que apelará en el quinto circuito federal de apelaciones la orden judicial permanente que prohíbe la aprobación de nuevos casos de DACA, y el mérito de la decisión (bases legales) por el que considera que el programa es ilegal.

Suspensión de DACA afectará a venezolanos
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A juicio de Tony Rosado, especialista en asuntos estadounidenses “el programa siempre ha sido ilegal, el Ejecutivo no tiene facultades para legislar en materia migratoria solo es competencia del poder legislativo en el Congreso. Sin embargo, EEUU al ser un país de derecho consuetudinario (uso y costumbres), conforme a derecho, se ha aplicado anteriormente por los jueces el principio de equidad permitiéndole obtener el beneficio a estos jóvenes que han permanecido ilegalmente en el país“.

Aunque DACA es transcendental para algunos, no es prioridad en ninguna agenda de Estados Unidos (solo es importante para las comunidades mexicanas y centroamericanas de donde provienen la mayor parte de esta migración ilegal).

Siempre supimos que este alivio de DACA en cualquier momento se podía perder precisamente por tratarse de una acción ejecutiva y no de una ley. La expectativa es que aprueben un proyecto de ley limpio para los soñadores o un proceso de conciliación presupuestario en el Senado (los demócratas cuentan con 50 senadores y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris) que puedan establecer un camino a un estatus permanente“, explica Ángel Leal, abogado migratorio.

Trabajadores esenciales en diversas industrias del país

Leal explica que el parlamentario cuando aprueba una conciliación presupuestaria tiene que determinar que la esencia de la ley tiene que ver más con un tema de presupuesto que legislativo ajeno al tema presupuestario. Este programa si se convirtiese en ley generaría beneficios de miles de millones de dólares para la economía del país .

De acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios (CMS) los beneficiarios de DACA han contribuido durante mucho tiempo a la fuerza laboral, la economía y las comunidades de EE UU.

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Según datos del censo de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2018, CMS estima que los siguientes números de beneficiarios de DACA trabajan en industrias esenciales en todo el país:

– 43.500 trabajan en las industrias de asistencia médica y social, incluidos 10.300 en hospitales y 2.000 en centros de atención de enfermería.

– 21.100 operan en transporte y almacenamiento, incluyendo 6.400 en almacenamiento y almacenamiento y 5.100 en transporte por camión.

– 32.800 están empleados en el comercio minorista, incluidos 12.400 en supermercados, 3.200 en farmacias y 5.200 en tiendas de mercancías, como clubes de almacén.

– 14.500 trabajan en el sector manufacturero, que incluye alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, productos de limpieza y fabricación de equipos médicos.

– 13.300 trabajan en servicios de apoyo y gestión de residuos, de los cuales 10.100 trabajan en servicios a edificios y viviendas y 1.000 en gestión de residuos.

Las estimaciones de CMS también indican que 76.600 beneficiarios de DACA trabajan en restaurantes y otros servicios de comida.

Si el programa se suspende definitivamente, estas personas quedarían sin puestos de trabajo formales, regresando al mercado laboral informal y, a menudo, obligados a aceptar condiciones de trabajo deficientes.

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