- La Encuesta del Observatorio de Universidades (Enobu 2021) reveló que 7 de cada 10 docentes pensó en dejar su trabajo durante la pandemia del covid-19. El sondeo también evaluó la situación económica de los educadores y alumnos, quienes debieron recurrir a otros trabajos para poder comer. Foto principal: Martinoticias
Después de un año y cinco meses sin clases presenciales, la frustración y la tristeza son los sentimientos que predominan en los profesores y alumnos universitarios de Venezuela. Así lo reveló la Encuesta del Observatorio de Universidades (Enobu 2021), que consultó a 4.180 docentes y alumnos de 42 instituciones públicas y 22 privadas en todo el país.
De acuerdo con el sondeo, la frustración es mayor entre los estudiantes: 52% dijo sentirse así, mientras que 40% siente tristeza. Entre los profesores los datos son similares (46% se siente frustrado y 46% triste), especialmente entre los mayores de 60 años de edad. Este malestar psicológico refleja otro dato alarmante: 7 de cada 10 docentes pensó en dejar su trabajo durante la pandemia del covid-19, mientras que 6 de cada 10 estudiantes pensó en abandonar su carrera.
Sin embargo, desde el observatorio señalaron que son varios los motivos por los cuales docentes y alumnos llegaron a pensar en dejar la universidad.
Esta sensación de estancamiento o de retroceso podría afectar principalmente a las universidades públicas, debido a que 23% de sus estudiantes aseguró no haber recibido clases durante la pandemia. El número es considerablemente menor (3%) en los de universidades privadas, donde casi todos han visto clases.
Crisis económica
Más allá de la situación universitaria, la crisis económica golpea duramente al sector. En el caso de los profesores, 8 de cada 10 tiene un ingreso familiar inferior a 100 dólares mensuales. La mayoría (30%) gana de 1 a 10 dólares mensuales, y de 11 a 30 dólares (26%).
“En 2001, un profesor titular ganaba alrededor de 2.400 dólares. Este año, ese mismo profesor obtiene 11 dólares mensuales por su trabajo, es muy lamentable, como lo han señalado los gremios que han denunciado a la reciente convención colectiva anunciada por el Ministerio de Educación Universitaria. En México y hasta en Nicaragua, los sueldos en el mayor escalafón varían entre los 1.000 y los 2.000 dólares”, apuntó Carlos Meléndez, director del OBU y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).
Sobrevivir fuera de las aulas
Esta crisis económica generalizada ha llevado a los profesores y estudiantes universitarios fuera de las aulas para obtener más dinero y poder vivir. En el caso de los docentes, 7 de cada 10 realiza trabajos independientes para tener otros ingresos, ligeramente superior a los alumnos (6 de cada 10).
Al menos 15 % de estos recibe remesas del extranjero. 97 % de los inscritos en universidades públicas dijeron no recibir ningún tipo de beca. Entre la muestra de estudiantes, 92% dijo no recibir bonos del Estado.
Los escasos recursos económicos se reflejan en la seguridad alimentaria. 50 % de los profesores y 21 % de los estudiantes encuestados afirman que la alimentación empeoró respecto al año 2020. Tres de cada diez docentes admitieron que tienen menos de tres comidas al día. En la región nororiental la situación empeora: les ocurre a casi cinco de diez. Más de la mitad debió recurrir a la venta de bienes personales para comprar comida en los últimos 12 meses.
“El empobrecimiento ha aumentado, sin embargo, vemos una capacidad de agencia y de compromiso social de los universitarios que se han incorporado a desarrollar sus clases a pesar de este contexto. Hay un potencial de resiliencia importante en las instituciones del sector público”, concluyó Salazar.
Sin vacunas
“Los universitarios no han sido incluidos dentro de la población prioritaria para recibir la vacuna”, remarcaron desde el observatorio.
Entre los docentes, 13% dijo que tuvo covid-19, mientras que 17% de los estudiantes indicó haber padecido la enfermedad. No obstante, la mayoría de ellos (casi 80 % en ambos casos) no se realizó pruebas certificadas para confirmar el diagnóstico.
“Están vulnerados los derechos a la salud y a la alimentación, también la libertad de participación y de toma de decisiones. Se han profundizado las desigualdades en materia de vacunación para los universitarios, no hay un sistema de salud pública o de seguridad social muy precario y las poblaciones más vulnerables son los adultos mayores. Las desigualdades también se ven de acuerdo al tipo de institución, a la ubicación geográfica, al género y a la edad de los encuestados. Los del Nororiente y Guayana tienen mayores dificultades de servicios y más inseguridad alimentaria”, añadió la coordinadora del OBU.
