• El índice es elaborado por la organización internacional World Justice Project desde el año 2008

Venezuela ocupa la última posición del ranking del Índice de Estado de Derecho de 2020 elaborado por la organización World Justice Project (WJP) que evalúa a más de 128 países de todo el mundo.

El índice, tal y como explican desde el WJP, es la fuente principal de información independiente y de primera mano sobre el Estado de Derecho en el mundo. Con este objetivo en mente, la organización evalúa ocho factores: límites al poder del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de las leyes, justicia civil y justicia penal.

En la presente edición del informe se detalla que una de las razones de que Venezuela ocupase el último lugar del índice es que es el país con el peor desempeño en los ítems relacionados con los límites del poder del gobierno, el cumplimiento de las leyes y la justicia penal.

Esta no es la primera vez en la que Venezuela obtiene el peor puntaje de la evaluación. Lo propio ha ocurrido de forma consistente desde el año 2015 cuando se publicó el primer informe.

No obstante, en este lapso se ha registrado un deterioro en la situación del país tal y como lo revelan las evaluaciones previas del WJP. Esto puede apreciarse en el hecho de que para el año 2015 Venezuela contaba con un puntaje de 0,32 sobre 1, mientras que en 2020 tan solo recibió 0,27 puntos.

Desde el WJP explican que existe una correlación entre un mayor Estado de derecho y un mayor crecimiento económico, así como mejores indicadores en materia de salud, desigualdad y educación.

World Justice Project

Ítems evaluados

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-Límites al poder gubernamental: Incluye los mecanismos constitucionales e institucionales que limitan a los funcionarios y agentes del gobierno, y que les obligan a rendir cuentas. También incluye los controles no gubernamentales, como una prensa libre e independiente.

-Ausencia de corrupción: Este factor toma en cuenta tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. Se analiza la corrupción en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Policía y el Ejército.

-Gobierno abierto: Mide la apertura del gobierno, y si éste publica información, empodera a las personas con herramientas para exigir rendición de cuentas, y si fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Este factor mide si las leyes y la información acerca de derechos legales están disponibles públicamente, así como la calidad de la información proporcionada por el gobierno.

-Derechos fundamentales: Para que un sistema sea un Estado de derecho, debe respetar los derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional. Dado que existen otros índices que miden los derechos humanos, y que sería imposible medir la adhesión a todos ellos, este factor se centra en una lista de derechos que están firmemente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que están intrínsecamente relacionados con el Estado de derecho.

-Orden y seguridad: Mide si la sociedad puede garantizar la seguridad de las personas. La seguridad es una función fundamental del Estado, y una característica de una sociedad con Estado de Derecho. También es una precondición para la realización de derechos y libertades que el Estado de Derecho busca promover.

-Cumplimiento de las leyes: Evalúa si las regulaciones se implementan de manera justa y efectiva. Este factor no evalúa las actividades que el gobierno decide regular, ni considera si la regulación es apropiada; más bien, se enfoca en la implementación y aplicación de dichas regulaciones.

-Justicia civil: Analiza si las personas pueden resolver sus agravios de forma pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil. Mide si los sistemas de justicia civil son accesibles, asequibles, y si están libres de corrupción, discriminación, e influencias indebidas por parte de los funcionarios públicos. Examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin retrasos que no son razonables, y si las decisiones se aplican de manera efectiva. Finalmente, mide la accesibilidad, imparcialidad, y efectividad de los mecanismos alternativos de solución de disputas.

-Justicia penal: Evalúa el sistema de justicia penal de cada país. Un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto clave del Estado de Derecho, pues es el mecanismo para reparar agravios y emprender acciones hacia los individuos que cometan delitos contra la sociedad. Este factor considera a la policía, defensores, fiscales, jueces, y personal penitenciario.

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¿Cómo se calcula el puntaje por país?

A fin de poder analizar la situación de los países evaluados, el World Justice Project utiliza dos fuentes de datos. La primera de ellas es a través de lo que denominan como encuestas a la población general. Se llevan a cabo en cada una de las naciones, específicamente en las tres ciudades o jurisdicciones más importantes.

La segunda vía mediante la cual logran recopilar la información es mediante cuestionarios los cuales son enviados a profesionales y académicos, expertos en derecho civil y comercial, derecho penal, derecho laboral, y salud pública de cada uno de los países.

“Los puntajes del Índice de Estado de Derecho 2020 se calculan a partir de información de más de 130 mil encuestas a población general más de 4,000 cuestionarios a expertos en justicia alrededor del mundo. El Índice es la evaluación más completa del Estado de Derecho en el mundo, y es la única medición que se construye a partir de datos primarios”, refiere el informe.

De igual forma también se evalúan aspectos como la capacidad del país de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, los mecanismos que obligan a los gobiernos a rendir cuentas ante sus votantes, la aplicación o no del ordenamiento legal, la presentación de balances de gestión por parte de las autoridades, entre otros.

América Latina y el Caribe

Si bien, el estudio indica que en Venezuela existe muy poco respeto por el Estado de Derecho, la situación no es igual en el resto de la región tal y como lo demuestran las cifras publicadas.

En este sentido países como Uruguay, Costa Rica y Chile se ubican como los líderes en América Latina y el Caribe al ubicarse en las posiciones 22, 25 y 26 del ranking, superando a naciones como Panamá (63) y Perú (80).

De acuerdo con el informe, los países que presentaron una mayor variación positiva en el índice fueron República Dominicana que logró escalar siete posiciones para ubicarse en la vigesimocuarta colocación a nivel regional y Colombia, que subió cinco peldaños. Por su parte, países como Brasil y Perú registraron un desempeño negativo, cayendo cada una un total de siete posiciones.

La falta de Estado de Derecho en Venezuela plasmada en el informe de WJP ocurre en un contexto en el que de acuerdo con otras organizaciones internacionales como el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) en el país se ha producido un retroceso en materia democrática.

Esto se ve reflejado en el estudio “El Estado de la Democracia 2019: Confrontar los Desafíos, Revivir la Promesa”, donde plantean que Venezuela es el mayor caso de retroceso democrático en la región en las últimas cuatro décadas.

“Venezuela es el único país que ha pasado de ser una democracia con una puntuación alta en gobierno representativo (en 1975) a un régimen no democrático en la actualidad”, apuntan.

Destacan que este es un hecho altamente inusual debido a que tradicionalmente los países en los que se producen este tipo de escenarios son aquellos donde no existía una marcada tradición democrática.

Actualmente no existen indicios que permitan suponer que Venezuela pueda escalar posiciones en el ranking mundial de Estado de Derecho, por lo que todo hace suponer que el país continuará peleando por permanecer en el último puesto.

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