Email
- Al menos 80 denuncias de ejecuciones extrajudiciales se han formulado en el último año en el estado Lara, a pesar de ello, en Fiscalía no hay ni un solo expediente abierto. Foto: EFE
La violación de los derechos humanos en el estado Lara es una constante. En los últimos 10 años los ciudadanos de la región han visto cómo las fallas de los servicios públicos, la corrupción de algunas instituciones y el deterioro de la infraestructura de salud ha generado un clima generalizado de vulnerabilidad.
Como un vago recuerdo del pasado quedó el discurso que llevó al fallecido expresidente Hugo Chávez al poder en 1998 y que vendía un proyecto inclusivo para consolidar el llamado socialismo del siglo XXI. En cada discurso, el militar hablaba de la reivindicación de la clase obrera como una prioridad y vendía la idea del sistema comunal, la igualdad social, el respeto y compromiso con los derechos humanos.
En 14 años de mandato (1999-2013) se consolidó el modelo político pero la consigna humanitaria quedó a un lado. Según un informe publicado en el 2018 por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), durante el mandato de Hugo Chávez se registraron 11.101 casos de violaciones de derechos humanos.
Durante este periodo se sentaron las bases para socavar el estado de derecho en Venezuela y la nación entró en una dinámica sostenida de violaciones de derechos humanos que aún se mantiene. Lara es una de las regiones del país donde el estado de vulnerabilidad social es evidente.
La criminalización de las protestas, la ejecuciones extrajudiciales, la dependencia total del Estado en materia de salud, la destrucción del salario y el ineficaz funcionamiento de los servicios básicos (agua, electricidad, Internet, aseo urbano) y el difícil acceso a los alimentos, son algunos de los problemas denunciados por los voceros organizaciones regionales consultados por el equipo de Cotejo.info en alianza con El Diario.
De acuerdo con las estadísticas publicadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde el año 2016, a la fecha, en Venezuela se han registrado más de 32.000 denuncias de violación de derechos humanos. La Corte Penal Internacional investiga a dirigentes políticos en el país señalados de crímenes de lesa humanidad.
La región con mayor volumen de protestas
Las deficiencias que hay en cuanto a prestaciones de servicios públicos y las carencias estructurales de instituciones básicas como escuelas u hospitales, además de la precaria situación económica que atraviesa el país, generan un clima de tensión permanente.
Las cifras publicadas el 6 de agosto de 2021 por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) ubican a Lara como la región que más protestas realizó durante el primer semestre del año, con 283 manifestaciones. El informe solo especifica la cantidad de protestas que se registraron en la región por salud (57) y por gasolina (33); también detalla que hubo manifestaciones por derechos laborales, servicios básicos y derecho a la justicia. Violaciones básicas del derecho a la vida.
“Estamos ante un Estado que se ha encargado de proteger e inculpar a todas las representaciones de poder que violan los derechos fundamentales. Hay una inacción por parte de la Fiscalía que raya en la complicidad. Lo que se vive en el estado Lara es una situación límite en donde vemos que la política es garantizar la impunidad de los funcionarios que cometen ajusticiamientos y torturas”, señala el sociólogo Nelson Freitez, coordinador de la Red de Derechos Humanos en el estado Lara.
El OVCS destaca en su estudio que la vulneración a servicios básicos representa una de las principales violaciones a derechos humanos en Venezuela y en este aspecto la región larense muestra deficiencias marcadas. Por ejemplo, Freitez señala que el último informe realizado por la Red de Derechos Humanos en la entidad indica que el 98,3 % de la población tiene problemas con el servicio de agua potable, mientras que en el 59 % de los hogares la restricción de agua es severa.
Las fallas que hay con el servicio eléctrico también son evidentes. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos indica que el 19 % de la población sufre apagones de forma diaria. En la lista de los estados más afectados figura la capital musical de Venezuela, que desde el 2019 a la fecha ha perdido el 86,3 % de la capacidad de generación eléctrica.
El acceso a la alimentación es un derecho humano reconocido por la legislación internacional y también es vulnerado en suelo larense. Entre enero de 2019 y marzo de 2020 alrededor de 1.700.000 personas estaban en situación de pobreza. Esto representa el 96 % de la población local. La dramática situación expresada en números se ve reflejada en la dificultad que tienen las personas para poder comer.
El informe presentado en 2020 por la Red de Derechos Humanos confirma lo siguiente: el 29,7 % de la población infantil estaba en inseguridad alimentaria moderada y severa. Ello implica que se carece de acceso regular a suficientes alimentos nutritivos para un crecimiento y desarrollo normal, y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos.
De acuerdo a una nota publicada por el diario La Prensa de Lara las personas en la región estiran hasta el último bolívar para poder comer. A pesar de ello productos como la carne o el pollo están al alcance de muy pocos. “Con estos números es imposible tener una sociedad bien alimentada”, señala Freitez.
Pacientes sin garantía de atención
Desde el punto de vista estructural, la región no tiene cómo garantizar la atención de pacientes. Elda Jiménez, presidenta del Colegio de Enfermeras en el estado Lara, declaró a los medios locales que hay un déficit del 75% de enfermeras.
En los hospitales hay profesionales que deben triplicar su rango de acción para poder prestar el servicio. En muchos casos los familiares de pacientes denuncian desatención y maltrato por parte del personal de guardia. “Lo que pasa es que no tenemos cómo dar respuesta. Humanamente es imposible”, señala Jiménez.
El Hospital Central de Barquisimeto, institución con un rango de acción para una población de 4.5 millones de personas, (considerando regiones vecinas como Yaracuy, Portuguesa, Falcón y Barinas) tiene una inoperatividad del 90 %, de acuerdo con reportes locales.
Los pacientes compran el 95 % de los insumos que son requeridos en la emergencia y en ocasiones deben llevar hasta agua porque el servicio falla de forma regular.
Más de 4.000 violaciones laborales
Las violaciones de derechos humanos en el estado Lara no se remiten únicamente a las fallas estructurales de los centros de salud o las carencias en servicios básicos. La persecución laboral también ha sido una política sistematizada latente desde hace una década.
Manuel Virgüez, representante de la organización Movimiento Vinotinto, señala que entre el año 2013 y el 2021 se han registrado unas 4.500 violaciones a derechos laborales. En conversación telefónica con el equipo de Cotejo.info, Virgüez señaló que muchas de estas agresiones están relacionadas con despidos injustificados por parte del patrono.
De los 4.500 casos mencionados, 1.500 se han registrado desde el 2016. En un lapso de cinco años se han introducido al menos 250 denuncias, pero no todas prosperan.
Estos números ubican a Lara como uno de los estados donde se observa una mayor violación de los derechos laborales, porque de acuerdo con la información aportada Movimiento Vinotinto solo Bolívar y Zulia (regiones con gran presencia sindical) tienen números equiparables a Lara.
Ejecuciones extrajudiciales en suelo larense
La Organización de Naciones Unidas ha cuestionado en más de una ocasión la creación de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), en el año 2017, bajo el amparo de Nicolás Maduro. El grupo ha sido señalado por una serie de ejecuciones extrajudiciales y algunos funcionarios han sido detenidos e imputados por casos que han trascendido.
En abril de 2021 una comisión que responde a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, publicó un informe correspondiente al año 2020. En él se asegura que las FAES perpetraron 525 ejecuciones extrajudiciales en el país.
Durante ese mismo 2020, solo en Lara hubo 102 muertes atribuidas al grupo, según el registro documental que lleva el diario La Prensa de Lara. La impunidad prevalece en estos casos. Según el sociólogo Nelson Freitez, al menos 80 familias denunciaron ante Fiscalía la actuación indebida por parte de los funcionarios pero los casos no avanzan.
La periodista Euseglimar González, especializada en la fuente de sucesos en el mencionado medio regional, explica que la llegada de este grupo élite a la región (en 2018) hasta el 13 de agosto de 2021, un total de 394 personas han sido ejecutadas. “En el 80% de los casos las familias dicen que fue un ajusticiamiento”, dijo la comunicadora al equipo de Cotejo.info.
Todos estos factores han creado un estado de vulnerabilidad y tensión que viven los ciudadanos en la región larense cada día.
También te recomendamos
