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- Esta instancia, creada el 21 de junio por orden de Nicolás Maduro, pretendía acabar en 60 días con el hacinamiento en los centros de detención preventiva y el retardo procesal. La ONG Una Ventana a la Libertad publicó un informe sobre los resultados obtenidos en estos dos meses de trabajo
Se cumplieron los 60 días en los que la Comisión para la Reforma Judicial, creada por el régimen de Nicolás Maduro, pretendía acabar con el hacinamiento existente en los centros de detención preventiva; un problema ampliamente denunciado por organizaciones civiles y que durante años ha sido ignorado.
Maduro designó, el lunes 21 de junio, a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Cilia Flores, expresidenta de la Asamblea Nacional; y a Lourdes Suarez Anderson, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); como los responsables de llevar adelante la reforma del sistema judicial para posteriormente proponer una modificación de las leyes de justicia.
Esta reforma tiene el objetivo de atender dos problemáticas: el retardo procesal y el hacinamiento en los centros de detención preventiva.
Organizaciones como Una Ventana a la Libertad (UVL), que se encarga de velar por los derechos de las personas privadas de libertad, mantuvo sus reservas con las intención del régimen de acabar con el hacinamiento en un lapso que consideraban insuficiente.
En su informe especial titulado “60 días de la Comisión de la Reforma del Poder Judicial ¿acabar el hacinamiento?” la ONG afirmó que de acuerdo a los reportes la comisión solo atendió el 21,80% de la población penitenciaria recluida en los centros de detención preventiva; esto durante los 60 días estipulados y 10 días más que trabajó la comisión.
El 25 de junio de 2021, Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional afín al régimen, informó que la cifra oficial del hacinamiento en los centros de detención preventiva era de 38.736 personas.
Durante los 60 días estimados, la Comisión para la Reforma del Poder Judicial otorgó 6.529 libertades, plenas o condicionales, que incluye a 75 mujeres, y trasladó a centros penitenciarios a 1.085 reclusos, incluyendo a 28 mujeres. Durante este tiempo visitó los calabozos de 12 estados del país.
La instancia trabajó también desde el 22 hasta el 31 de agosto. Durante ese tiempo adicional otorgó 256 libertades plenas y condicionales y trasladó a 576 detenidos a varios penales del territorio nacional. En total, la comisión atendió a 8.446 personas detenidas.
Sin embargo, durante los días monitoreados por UVL, la comisión del régimen visitó 332 (66,4%) de los más de 500 calabozos policiales que hay en todo el país.
La organización asegura que el tiempo de trabajo no fue exitoso porque los resultados obtenidos están muy lejos de acabar con el hacinamiento.
“Indudablemente, el hacinamiento en los Centros de Detención Preventiva en nuestro país, que estamos seguros es mucho mayor de lo que dice el diputado Carreño. Es un problema muy complejo que no se resuelve improvisando medidas más efectistas que efectivas”, revela el informe.
Improvisación durante el proceso
La ONG afirma que durante el proceso dominó la “improvisación” y el cuestionamiento por la inexistencia de un trabajo que permitiera la participación organizada de representantes del debido proceso. Entre ellos los abogados defensores.
Carlos Nieto Palma, abogado y director general de Una Ventana a la Libertad, explica para El Diario que debido a la falta de información oficial sobre los resultados del proceso, la ONG publicó el informe con las cifras recolectadas por sus investigadores en varios estados del país.
Destaca la importancia de que el régimen de Nicolás Maduro haya puesto atención a la crítica situación de los centros de detención preventiva. Pero a su vez, indica que es necesario que las acciones que se tomen en torno a estos lugares de detención se realicen de manera correcta.
Los calabozos policiales son lugares de detención transitoria donde los detenidos deben estar por un lapso no mayor a 48 horas. Sin embargo, muchos privados de libertad se enfrentan a un retardo procesal durante años. Con las acciones de la comisión creada por el régimen, 1.085 reclusos fueron trasladados a penales pertenecientes al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, lugar donde el abogado afirma que debían estar recluidos.
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“Liberar o trasladar a centros penitenciarios un 21,80% en 70 días -10 días extras- habiendo dicho que acabarían con el hacinamiento en los CDP en solo 60 días, es una agresión a las personas detenidas, un chantaje para que acepten cualquiera culpa o condición. Y una afrenta a las familias que siguen luchando por las debidas garantías procesales para sus familiares. Crear ilusiones que luego no se cumplen, es también una forma de violencia”, dice parte del informe.
Hasta el momento no existen cifras oficiales sobre el avance de este proceso penitenciario. Mientras tanto el hacinamiento en las cárceles se mantiene. Las deficiencias en materia de salud, salubridad y respeto a los derechos humanos de los privados de libertad continúa siendo una deuda del Estado venezolano.
