- El proyecto de ley implica cambiar el sistema democrático y republicano de Venezuela e imponer un sistema comunal que sustituya las diferentes instancias de gestión regional, local y municipal (gobernaciones, alcaldías y concejos municipales)
El régimen de Nicolás Maduro ha impulsado la aprobación de una ley que ha puesto en alerta a los especialistas en Derecho por su inconstitucionalidad y demagogia. Ya el proyecto de Ley de Ciudades Comunales recibió la aprobación de 10 de sus artículos en segunda discusión por la Asamblea Nacional afín al chavismo. ¿Qué implica esta ley y por qué los expertos resaltan su gravedad?
Existen varios aspectos por los cuales los expertos consideran que, de aprobarse esta ley, sería un hecho inconstitucional y que atentaría contra la naturaleza democrática y republicana del país.
Perkins Rocha, exmagistrado y abogado especialista en Derecho Público y Procesal, explicó para El Diario que este proyecto de ley contempla la modificación de la estructura política venezolana, la cual debe hacerse por vía constitucional (mediante una reforma, enmienda o asamblea nacional constituyente) y no por vía legal (solo con la aprobación de la ley).
Otro aspecto de gravedad a considerar es que la ley plantea la implementación de un sistema diferente al democrático y republicano establecido en el país desde el año 1811. En este modelo los representantes de los ciudadanos son electos mediante el voto universal, directo y secreto, que es lo que se realiza en las elecciones de alcaldes y gobernadores.
¿Por qué afirman que la Ley de Ciudades Comunales cambiará la división político territorial de Venezuela?
El exmagistrado asegura que la comuna será equiparable a las parroquias, las ciudades comunales a los municipios y las federaciones comunales podría coincidir con los estados. Además, la transferencia de recursos y competencias se realizará a autoridades no electas por el voto universal, directo y secreto.
En definitiva, se trata de una estructura político territorial diferente a la establecida históricamente que se basa en parroquias, municipios, estados y repúblicas.
En este sistema que propone el proyecto de Ley de Ciudades Comunales, los representantes no son elegidos por voto popular. Las elecciones de los voceros se realizarán en asambleas populares sin las condiciones ni garantías de los comicios.
“Es un sistema abierto y no de manera universal. Eso es muy importante porque el sistema republicano se basa en una escogencia democrática de representantes, pero que resguarda la universalidad y el carácter directo y personal y a su vez el carácter secreto del voto como garantía de nuestra democracia”, afirma el especialista.
Un documento firmado por 123 organizaciones civiles venezolanas señala que el poder popular, de donde se desprenden las diversas leyes orientadas al establecimiento de las comunas, ha delegado de manera absoluta la capacidad de gestión y decisión en la cúpula del poder estatal. Además, ha agravado la opacidad en la gestión pública y las anomalías en la gestión de los recursos.
¿Cuál es el objetivo de esta ley?
El abogado y exmagistrado señala que en todo el texto de la propuesta de Ley de Ciudades Comunales se observa la intención de que el Ejecutivo mantenga un “control férreo” sobre la estructura comunal. Precisa que ninguna comuna se formará sin que el Ejecutivo no lo autorice.
“Teniendo este control férreo del Poder Ejecutivo es lógico entender que se ejecutan directrices que sean exclusivas del Poder Ejecutivo. Por eso el segundo leitmotiv de esta ley es el principio del gobierno obediencial, es decir, son instancias del poder público local que van a obedecer las directrices generales que dicte el Poder Ejecutivo. Esto es una visión militar del hecho público. Por eso no habrá contraloría social”, explica.
Además, Rocha afirma que el objetivo de esta propuesta de ley obedece a una necesidad del régimen de implosionar la estructura republicana del país.
Consecuencias
En el texto del proyecto de Ley de Ciudades Comunales existe lo que Rocha define como una “oferta engañosa”, pues se maneja el criterio de que se va a ejercer directamente la democracia pero no se especifica cómo. A su juicio, lo único directo que está plasmado en estas normas es la directriz que el Poder Ejecutivo nacional haga en cada comuna o ciudad comunal.
La lectura de los expertos de la propuesta de ley advierte que esto implica también violaciones a las libertades individuales, violaciones a los derechos humanos, derecho a la propiedad y otros.
También existe preocupación debido a que el artículo 49 del proyecto de ley autoriza a las ciudades comunales a la “construcción, ocupación y uso” de espacios públicos, de forma genérica, sin regulación ni controles.
Rocha asegura que en la estructura burocrática que plantea la ley hay parlamentos comunales que pueden dictar normas que cambien el contenido de la propiedad privada. “Pueden modificar el contenido de los derechos esenciales del ciudadano, propiedad, libertad, libertad de expresión, cambiar la dinámica normativa”, señala.
El abogado comenta que luego de las elecciones del 21 de noviembre, y de aprobarse el proyecto de ley, el régimen girará los recursos a los líderes comunales y no a las figuras de alcaldes y gobernadores de oposición que resulten electos.
“Eso va a permitir el año que viene, probablemente después de las elecciones del 21 de noviembre y si sigue el curso de los acontecimientos, llamen a una constituyente comunal para cambiar definitivamente la estructura política del país para establecer el estado socialista como señalan en la misma norma. En este estado el líder socialista debe compartir esa misma ideología por eso consideramos también que esta ley es un proyecto político excluyente que limita la libertad de pensamiento”, comenta.
El proyecto de Ley de Ciudades Comunales tiene múltiples aristas que se deben analizar. Sin embargo, esta norma pone en alerta a los especialistas por su trascendencia e inconstitucionalidad.
