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- Ningún gobierno latinoamericano, hasta ahora, había sido investigado por la CPI. Pero ahora, el régimen venezolano se convierte en el primero en Latinoamérica en ser investigado por crímenes de lesa humanidad
El anuncio sobre el inicio de una investigación formal de delitos de lesa humanidad en Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) aumenta las esperanzas de las víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos que exigen justicia.
Karim Khan, fiscal de la CPI, avanza en las investigaciones preliminares de su sucesora Fatou Bensouda, quien afirmó que existen elementos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
La apertura formal de la investigación, hecha pública el miércoles, abre una nueva etapa en este proceso internacional, en la que se pretende determinar la responsabilidad individual de estos crímenes.
Existen precedentes en este caso con varios mandatarios del mundo, pero ningún gobierno latinoamericano, salvo el régimen de Nicolás Maduro en este momento, había sido investigado por la CPI.
La Corte Penal Internacional es un tribunal para enjuiciar crímenes de lesa humanidad, genocidio o crimenes de guerra. Fue creada el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, y entró en vigor el 1 de julio de 2002.
Antes de su creación, se celebraron juicios por delitos de lesa humanidad por conflictos en específicos como el de Núremberg y Tokio para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y en la década de los 90 se crearon tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda.
A pesar de que fue creada por iniciativa de la ONU, la CPI no pertenece a la estructura de este organismo internacional. Ha tenido tres fiscales desde su creación: el argentino Luis Moreno Ocampo (2003-2012), la gambiana Fatou Bensouda (2012-2021) y el británico Karim Khan
Los casos anteriores en los que se investigó a un mandatario por delitos de lesa humanidad ocurrieron en Medio Oriente, Europa y África, algunos antes de la formación de la CPI mediante tribunales específicos. En El Diario preparamos una lista con los mandatarios investigados y juzgados por delitos de lesa humanidad
Muammar Gadafi (Libia)
El 3 de marzo del año 2011 la Corte Penal Internacional sostuvo que Muammar Gadafi, presidente de Libia desde 1969 hasta 2011, había ideado un plan para suprimir todo tipo de oposición civil a su autoridad. Por esa razón, abrió una investigación. Esto se debió a una ola de protestas ocurridas en febrero de 2011 cuando la población exigió al gobernante reformas políticas y económicas. La respuesta del Estado fue la de reprimir a los manifestantes, lo que dejó muertos y heridos.
Además de la represión y los asesinatos, Gaddafi fue señalado por ordenar a las fuerzas de seguridad que realizaran persecuciones de todo tipo contra manifestantes y disidentes.
El 27 de junio de 2011 la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Muammar Gaddafi; Saif Gaddafi, hijo del mandatario, y Al-Senussi, jefe de inteligencia, por ser considerados como presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad de asesinato y de persecución en Libia entre aproximadamente el 15 al 28 de febrero de 2011.
Sin embargo, esa orden de arresto nunca se cumplió. Gadafi escapó mientras que el país estaba sumido en una guerra civil. Fue derrocado por un grupo militar de oposición. El 20 de octubre, luego de huir y estar en la clandestinidad, fue asesinado por los militares que lo derrocaron al encontrarlo escondido en un desagüe junto a su hijo.
A Gadafi se le responsabiliza de cometer crímenes sexuales, planes de sicariato, ajusticiamientos públicos, entre otros.
Slobodan Milosevic (Serbia)
Fue uno de los casos más resaltantes debido a que Slobodan Milosevic fue el primer exjefe de Estado en comparecer ante un tribunal internacional en el proceso más importante por crímenes de guerra en Europa, después del de Nüremberg (1945-1946).
Slobodan Milosevic alcanzó el poder en Serbia en 1987 y gobernó durante 13 años bajo un discurso nacionalista que promovía la idea de conformar uan “gran Serbia”.
El conflicto regional de la Guerra de Los Balcanes (1991-2001) obligó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a crear el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) en 1993, para juzgar este conflicto en específico.
Milosevic gobernó hasta el año 2000 cuando fue derrocado por un levantamiento popular. En 2001, el TPIY solicitó la detención de Milosevic. El exdictador se resistió violentamente al arresto durante dos días en su residencia y el 1°de abril acordó su entrega y fue trasladado a La Haya.
Fue juzgado por crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio, además por su vinculación en su papel en los conflictos de Bosnia (1992-1995), Croacia (1991-1995) y Kosovo (1998-1999).
El exmandatario serbio fue encontrado muerto en su celda en La Haya en el año 2006.
Durante más de dos décadas se juzgaron a 161 personas y se realizaron 154 procesos contra los responsables de la Guerra de Los Balcanes. Fue en el año 2017 cuando el TPIY finalizó su labor en este caso.
Omar al-Bashir (Sudán)
La Corte Penal Internacional ordenó la captura de Omar al-Bashir, expresidente de Sudán, en el año 2009.
Durante 30 años (1993-2019) Al-Bashir gobernó el país africano y fue señalado por crímenes de guerra y contra la humanidad luego del asesinato de al menos 300.000 personas en la región de Darfur en el año 2003.
Se trató del primer jefe de Estado en ser acusado por la CPI. Sin embargo, a pesar de la orden de captura en su contra, el teniente general gobernó Sudán durante 10 años más.
Fue derrocado en abril de 2019 luego de que los ciudadanos realizaran protestas masivas por la crisis económica del país. En medio de las protestas, el Ejército derrocó al mandatario y fue encarcelado.
El 11 de agosto de 2021, el Ministerio de Exteriores de Sudán informó al fiscal de la CPI, Karim Kahn, su intención de entregar al exdictador Al Bashiry a otros exdirigentes acusados de crímenes de guerra.
Jean Kambanda (Ruanda)
El ex primer ministro interino de Ruanda, Jean Kambanda, fue condenado en 1998 a cadena perpetua por el delito de genocidio.
En 1994, al menos un millón de personas fueron asesinadas en Ruanda. Durante 100 días se cometieron asesinatos de forma planificada, sistemática y metódica, a manos de sectores radicales de la etnia hutu. Este genocidio acabó con el 11% de la población de ese país. Se estima, de acuerdo a los datos de organizaciones humanitarias y medios de comunicación, que al menos 250.000 mujeres fueron violadas. 95.000 niños fueron ejecutados y cerca de 400.000 quedaron huérfanos, aunque la cifra no es exacta.
Ante esta situación el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó crear el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en noviembre de 1994, con el objetivo de arrestar, juzgar y condenar a los autores o promotores del genocidio
El 18 de julio de 1997 fue arrestado en Nairobi, capital de Kenia, y un año después se declaró culpable por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. El tribunal basó la sentencia en el hecho de que el condenado abusó de su autoridad durante las matanzas y no expresó arrepentimiento por su actitud.
Laurent Gbagbo (Costa de Marfil)
El expresidente de Costa de Marfil fue juzgado en La Haya por los conflictos poselectorales de los años 2010-2011 donde murieron 3.000 personas y provocaron la división del país.
Gbagbo fue proclamado presidente por el Tribunal Constitucional pero su contrincante, Alassane Ouattara, quien contaba con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, rechazó los resultados y se declaró ganador de la contienda, lo que desencadenó los conflictos.
La CPI lo juzgó por los cargos de asesinatos, violación, persecución y otros actos inhumanos, presuntamente cometidos por sus leales. El organismo internacional afirmó que Gbagbo preparó la estrategia violenta.
El exmandatario fue juzgado y absuelto por la CPI en enero de 2019 y tras 10 años de ausencia regresó a su país en junio de 2021.
Caso venezolano
El régimen de Nicolás Maduro ha sido denunciado por violaciones sistemáticas de derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad. El informe de la CPI señala directamente a funcionarios de seguridad del Estado que responden a las directrices del régimen.
El tribunal internacional publicó un informe en diciembre de 2020 en el que señalaba los delitos cometidos por los funcionarios de seguridad. Entre ellos destacan: tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
Además, se incluyó la participación de civiles armados afectos al oficialismo en violaciones de derechos humanos.
El 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la CPI, Karim Khan, informó que se abrirá una investigación formal para investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El anuncio lo hizo en una alocución junto a Nicolás Maduro, durante su visita a Venezuela.
De esta forma, se abre por primera vez una investigación por delitos de lesa humanidad en un país latinoamericano ante la Corte Penal Internacional.
