Email
- A principios de noviembre se produjo la mayor deportación de extranjeros en Chile en lo que va del año 2021. 71 venezolanos y 49 colombianos fueron regresados a sus países en medio de denuncias de violación al debido proceso, medidas de protección, falta de atención diferenciada de cada caso y sin apegarse a los estándares internacionales. Foto principal: EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció con respecto a la reciente expulsión de un grupo de migrantes en Chile. El organismo, que hace seguimiento a la situación de movilidad humana en ese país, expresó su preocupación mediante un comunicado publicado el lunes 29 de noviembre por la expulsión de 120 migrantes, entre ellos 71 venezolanos y 49 colombianos, el pasado 4 de noviembre, y que ha sido catalogada como la mayor deportación de 2021.
De acuerdo con la información publicada por el gobierno de Chile, dentro de este grupo de deportados se encuentran personas que cometieron delitos en ese país, así como otras que ingresaron por canales irregulares al territorio, a quienes se les aplicó la expulsión administrativa. La CIDH advierte que estas deportaciones forman parte de otras que ocurrieron durante el año 2021. En lo que va de año Chile ha deportado al menos a 800 personas.
El gobierno de Sebastián Piñera ha impulsado estas deportaciones como parte de una política para frenar el ingreso de la delincuencia y el crimen organizado al país. “Hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones, pero el Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente serán expulsados”, aseguró el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron varias irregularidades previo a la expulsión masiva: las personas habrían sido detenidas e incomunicadas, reportaron casos de separación familiar, falta de implementación de medidas para garantizar el principio de unidad familiar y de reunificación familiar, no se brindó acceso a la asistencia jurídica ni la posibilidad de presentar recursos judiciales efectivos contra las órdenes de expulsión.
El Estado chileno le informó a la CIDH que la gran mayoría de las órdenes de expulsión contaron con garantías del debido proceso. Sin embargo, las oficinas especializadas de las Naciones Unidas señalaron que ejecutar procedimientos de expulsión durante el fin de semana limita el acceso a la justicia de las personas afectadas. Otro aspecto importante es que cada persona tiene derecho a una evaluación individual de su caso y un protocolo de gestión diferenciado para quienes tienen un proceso de expulsión administrativo o judicial.
Medidas de expulsión en Chile
En Chile existen dos tipos de medidas de expulsión de extranjeros sin residencia regular. La administrativa, que se aplica a quienes ingresen de forma clandestina; la residencia irregular, el trabajar sin permiso para hacerlo, comisión de delitos, entre otros aspectos; y está también la judicial, que aplica como medida sustitutiva de pena para un extranjero sin residencia regular que haya cometido un deliton
El ente internacional señala que la combinación de perfiles (personas que cometieron delitos y aquellos que ingresaron de forma irregular o trabajaron sin permiso) puede producir un aumento de la xenofobia y discriminación.
Solicitud de la CIDH
En mayo de este año, el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, instó al gobierno chileno a suspender las expulsiones colectivas de migrantes.
La CIDH expresó su preocupación por el riesgo de vulneración del debido proceso, obstáculos de acceso a los mecanismos de protección y violaciones al principio de no devolución por la aplicación de expulsiones administrativas.
Principio de no devolución recuadro
El principio de no devolución está establecido en la Convención Americana en su artículo 22. Indica que “en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación por causa de raza, nacionalidad, religión,condición social o sus opiniones políticas
La Comisión recuerda que los procedimientos de expulsión o deportación deben ordenarse en torno a una decisión individual, con especial atención a las necesidades de protección internacional. Además, precisa que la expulsión o deportación colectiva es violatoria del derecho internacional.
Situación de migrantes venezolanos
Chile es el cuarto país de Latinoamérica que ha recibido a más migrantes venezolanos en los últimos años. De acuerdo con las cifras de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), hasta noviembre de 2021 habían 448.138 venezolanos en ese país.
Ese país, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, ha implementado medidas legales que buscan regularizar el estatus migratorio y el ingreso al país de los extranjeros.
La CIDH recordó la resolución del año 2018 sobre la Migración Forzada de Personas Venezolanas en el que se establece la necesidad de respetar el principio de no devolución de migrantes a territorio venezolano, esto debido a la crisis política, humanitaria y económica que afecta al país.
El documento refiere que el Estado de acogida debe implementar mecanismos que permitan identificar a personas que requieren protección internacional y a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Además, debe garantizar el ingreso al país a las personas venezolanas que buscan protección internacional o para satisfacer necesidades humanitarias urgentes. Esto incluye el reconocimiento de la condición de refugiado.
También te recomendamos
Más de 2.990 venezolanos fueron deportados bajo la Administración de Trumpn
Esta resolución se aprobó luego de un estudio de la CIDH que constató la grave crisis humanitaria y las múltiples y masivas violaciones a derechos humanos que afectando los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la protección judicial, la salud, la alimentación, el trabajo, entre otros.
En ese sentido, la CIDH insta a garantizar el debido proceso y el acceso a mecanismos de protección efectivos en los procedimientos de expulsión o deportación de personas en movilidad.
La Ley de Migraciones de Chile
Las acciones las promueve el presidente Sebastián Piñera, quien promulgó en abril una ley con el objetivo de frenar la migración ilegal. Quienes busquen radicarse en Chile deberán tener una visa; la cual debe gestionarse en sus países de origen.
La Ley de Migraciones, que reemplaza a la ley anterior de 1975, facilita las expulsiones administrativas a extranjeros que intenten ingresar ilegalmente sin validar sus antecedentes penales. Además, con ella se creó el Servicio Nacional de Migraciones, que estandarizará los procesos migratorios.
La regulación busca poner orden sobre la migración ilegal que incrementó en los últimos años ante la estabilidad de Chile en el ámbito político y económico. Según expertos consultados por EFE, el endurecimiento de las medidas sobre los pasos fronterizos terrestres aumenta el acceso al territorio a través de pasos no habilitados, como ya se ha demostrado en la zona norte del país.
