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- En la Gaceta Oficial N° 42.261, se establece el traspaso de tres terminales aéreos al Ejecutivo Nacional, así como la recaudación de los peajes, incluidos los que están en el puente sobre el Lago de Maracaibo. Una situación similar ocurrió también en Cojedes con el Aeropuerto Nacional Ezequiel Zamora
El régimen de Nicolás Maduro inició el paulatino retiro de competencias a las nuevas gobernaciones dirigidas por opositores. El jueves 2 de diciembre entró en circulación la Gaceta Oficial N° 42.261, con la cual se despoja a la Gobernación de Zulia, asumida recientemente por Manuel Rosales, de su control sobre los aeropuertos y peajes del estado.
La publicación sale un día después de que Rosales, junto a los también gobernadores opositores Alberto Galíndez (Cojedes) y Morel Rodríguez (Nueva Esparta), se reunieran en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro. No obstante, la gaceta posee fecha del 23 de noviembre de 2021, apenas dos días después de las elecciones regionales y municipales.
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Rosales no fue el único afectado. Poco después apareció también la Gaceta Oficial N° 42.262, con fecha del 24 de noviembre. En ella también se establece la transferencia del Aeropuerto Nacional Ezequiel Zamora de la Gobernación de Cojedes a la Empresa Bolivariana de Aeropuertos (BAER), propiedad del régimen.
Sin aeropuertos
De acuerdo con el artículo 164 de la Constitución venezolana, la administración, conservación y aprovechamiento de las vías terrestres de un estado, así como sus puertos y aeropuertos de uso comercial, es competencia de la Gobernación. No obstante, el control de estas infraestructuras ha sido transferido a discreción al gobierno central varias veces de acuerdo con la situación política del momento.
En el caso de Zulia, la Gaceta 42.261 le otorga a BAER la administración de las actividades de los tres terminales aéreos más importantes del estado. Estos son el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo; el Aeropuerto Oro Negro de Cabimas y el Aeropuerto Miguel Urdaneta Fernández de Santa Bárbara.
El texto señala que la transferencia se realiza por razones de seguridad y evitar posibles actividades ilícitas que afecten al Estado o la aviación civil. También para aparentemente promocionar el desarrollo ordenado de las actividades aeroportuarias. “Resulta conveniente para los intereses estratégicos del Estado venezolano controlar de una manera eficiente, conforme al ordenamiento jurídico, las operaciones que se realizan en dichas infraestructuras”, señala.
Por su parte, la Gaceta 42.262 utiliza exactamente las mismas palabras que la publicación anterior. El aeropuerto de San Carlos, en Cojedes, pasa a ser competencia de BAER, junto a todos sus bienes, servicios y organismos dependientes.
¿Qué es Bolivariana de Aeropuertos?
La empresa Bolivariana de Aeropuertos fue creada en marzo de 2009 por el entonces presidente, Hugo Chávez, con el fin de administrar los terminales aéreos del país. Inicialmente estaba adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, aunque en la actualidad pertenece al Ministerio de Transporte. Su presidente es el teniente coronel Leonardo Briceño Dudamel.nnEn su momento, Chávez pretendía con el BAER acondicionar varios aeropuertos deteriorados, así como combatir lo que denominó “mafias y grupos regionales” que operaban en ellos. Así, en su nacimiento, asumió las competencias del aeropuerto de La Chinita, que era administrado por el gobierno del opositor Pablo Pérez. Luego volvería a la Gobernación durante la gestión de Omar Prieto en 2018. Igualmente, también se encargó del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, en la isla de Margarita; el Aeropuerto Nacional de la isla de Coche y el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia, Carabobo.nnAntes de la incorporación de los terminales de Zulia y Cojedes, el BAER ya seguía administrando los de Margarita y Coche, así como el Aeropuerto de Calabozo, Guárico. También otros que casualmente competían a las antiguas gobernaciones opositoras. Tal es el caso del Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, de Barcelona y el Aeropuerto de Anaco, ambos en Anzoátegui; el Aeropuerto Nacional Buenaventura Vivas, en Santo Domingo, Táchira; y el Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo en El Vigía, Mérida.
Sin peajes
En el caso particular de Zulia, además de sus tres aeropuertos, también se les retiró la capacidad de administrar y recaudar dinero en las estaciones de peaje en el estado. Mediante la resolución N° 013, el Ministerio de Transporte asume estas competencias a través del Fondo Nacional de Transporte (Fontur).
La medida abarca a todos los peajes, incluidos los ubicados sobre el Puente Rafael Urdaneta, sobre el Lago de Maracaibo. La gaceta alude a razones “técnicas y de eficacia”, aunque es el único estado en el que se aplica. Por ejemplo, los peajes dispuestos en la Autopista Regional del Centro, en Carabobo, todavía siguen bajo jurisdicción de la Gobernación, afín al oficialismo.
En el año 2009 el difunto expresidente Hugo Chávez ordenó el cierre de los 71 puntos de peaje que estaban ubicados en el país. Su argumento era garantizar el libre tránsito, aunque a la larga privó a las Gobernaciones de una entrada de recursos con los cuales se garantizaba el correcto mantenimiento de sus autopistas y carreteras. En muchos casos el estado de las vías se deterioró por falta de inversión, en otros dependía del presupuesto asignado por el Ejecutivo. También hubo casos, como en el estado Miranda durante la gestión de Henrique Capriles, donde su administración fue transferida al Ministerio de Transporte.
Precisamente en Zulia comenzó el renacimiento de los peajes, en 2015. En ese momento el régimen de Maduro traspasó a la Gobernación nueve puntos, así como una inyección de 157 millones de bolívares para su reacondicionamiento. Ahora, el gobierno regional pierde su principal fuente de ingresos para el mantenimiento de sus vías, y más importante, para la conservación del puente sobre el lago. De igual modo, todos los recaudos generados serán depositados en cuentas manejadas por Fontur, y será destinado a “gastos operativos y de mantenimiento de las estaciones de peaje, así como a la nómina del personal adscrito”.
Rumores de más traspasos
Desde que Manuel Rosales ganó la Gobernación de Zulia, han circulado diferentes informaciones acerca de la transferencias de más competencias regionales al Poder Ejecutivo. Muchos de estos rumores han venido de voceros del entonces gobierno saliente de Omar Prieto.
Días después del resultado, el exdirector de Comunicaciones del gobierno de Prieto, Juan García, filtró el contenido de la Gaceta 42.261. En ella efectivamente se mostraba la transferencia de los aeropuertos y peajes, aunque también la del propio puente sobre el lago de Maracaibo. Esto finalmente no aparece mencionado en el documento publicado. Si bien perdió sus estaciones de cobro, la estructura del puente y su mantenimiento siguen perteneciendo a la Gobernación.
Igualmente, también circularon rumores sobre el paso del Centro de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb) al Ministerio de Cultura. De acuerdo a la información extraoficial, el exgobernador Prieto solicitó a ese despacho convertir el lugar en una sede del Sistema Nacional de Orquestas y Coros de Venezuela. La medida generó un fuerte rechazo por parte de los sectores culturales locales, por tratarse de un edificio de gran valor histórico y arquitectónico para Maracaibo, así como por ser un importante espacio para las artes, el teatro, y demás actividades.
La promotora cultural Marlene Nava, quien fue secretaria de Cultura de la Gobernación de Zulia entre 1985 y 1988, declaró a El Pitazo que sí hubo una solicitud por parte de Prieto al Ministerio de Cultura, pero esta fue rechazada. También se hizo la misma petición a CorpoZulia, adscrita al Ministerio de Planificación, cuyo veredicto aún se desconoce.
El 29 de noviembre, Manuel Rosales aseguró en una entrevista al portal Foco Informativo que esperaba que todos los rumores del despojo de competencias fueran falsos, y que de ocurrir, emitirá un pronunciamiento. Aunque en el caso del puente y el Camlb no se llegó a concretar, sus temores resultaron parcialmente ciertos.
Reunión incumplida
Los gobernadores Rosales y Galíndez se reunieron el 30 de noviembre con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Irónicamente, en sus conversaciones, las cuales Maduro calificó como útiles y fructíferas, ambos mandatarios regionales buscaban un puente de entendimiento con el poder central. También plantear soluciones a los problemas de servicios públicos, educación, salud y economía en sus jurisdicciones.
Aunque el dirigente chavista prometió apoyar a las gobernaciones opositoras, la publicación de ambas gacetas parece apuntar a una dirección distinta. Todavía queda ver si mantiene otra promesa hecha a principios de la campaña electoral, de no nombrar protectores en estas entidades. Debido a que los decretos se firmaron antes de la reunión en Miraflores, se desconoce si en las próximas semanas el régimen continúe tomando medidas similares en Cojedes, Nueva Esparta y Zulia.
