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En Venezuela, las mujeres somos vistas como ciudadanas de segunda categoría y eso es una realidad que no podemos seguir omitiendo. Somos la eternas postergadas de la agenda pública a pesar de que en papel existan iniciativas que buscan nuestra protección y desarrollo. No hay ministerio, instituto, ley u ordenanza de la mujer que atienda las demandas sociales de las venezolanas.
Pareciera que en nuestro país poco importa que la violencia de género haya aumentado, a pesar de que, de acuerdo con el Observatorio Digital de Femicidios, en 2020 cada 36 horas una mujer fue asesinada por razones de género. Nos hemos vuelto cada vez más tolerantes a esto y a pesar de que la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia estipule 21 tipos de violencia de género, nos alarmamos solo ante los que son de tipo sexual o feminicidio.
Las mujeres venezolanas estamos frente a un total desamparo por parte de las autoridades. La mayoría de los cuerpos policiales no están formados adecuadamente para atender denuncias de violencia de género y, además, muchas veces suelen ser quienes respaldan a los agresores y revictimizadores de las mujeres.
Hace unas semanas una usuaria de Twitter narró cómo escuchó desde un edificio en una urbanización del municipio Chacao (Miranda), los gritos de una mujer pidiéndole a un tercero que se fuera de su casa y después pidiendo ayuda a sus vecinos; por último, pidiéndole a este tercero que parara de agredirla. Ante esta situación, la usuaria llamó de inmediato a las autoridades del municipio y la respuesta del funcionario que la atendió fue que seguramente eran “problemas maritales y por ende la policía no intervendría y que si la mataban, se moría y ya”.
Solo este testimonio evidencia la profunda indiferencia que hay ante de la vida de la mujer.
Otro evento vergonzoso que se viralizó en las redes sociales hace unos días fue el de la creación del Instituto de la Mujer del municipio Sucre bajo la gestión del alcalde José Vicente Rangel Ávalos. El alcalde inicia diciendo que el principal objetivo de este instituto es “buscarle macho a todas las mujeres”. Esto no es solo un mal chiste, sino un atropello y falta de respeto a las mujeres que a diario son víctimas de violencia. Muchas de ellas callan porque se sienten solas en el infierno que atraviesan con sus agresores porque saben que esas instituciones lejos de mejorar su situación, pueden empeorarla.
No solo es grave que las instituciones públicas sean indiferentes ante las mujeres, sino que además promuevan el machismo y la misoginia. Quienes ocupan cargos de poder deben comenzar a poner especial atención en esto, pero sabiendo que la lucha contra la violencia de género no puede limitarse a una propaganda política, como lo ha hecho el régimen de Nicolás Maduro.
Se hace llamar feminista pero desde el año 2015 no ofrece cifras oficiales sobre género ni ofrece planes efectivos para acabar con este delito silencioso que crece cada día más frente a nuestras narices.
Vemos cómo el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, intenta lavarse la cara a costa de las mujeres víctimas de violencia aplicando una justicia selectiva desde Twitter. Si el caso es tendencia en esta red social, de inmediato dicta orden de aprehensión contra el denunciado, violando además su debido proceso judicial.
Miles de casos reposan en esa Fiscalía, como el de Linda Loaiza, quien luego de 20 años de lucha sigue sin tener justicia. O el de cualquier mujer venezolana que denunció a su agresor por violencia económica o psicológica, pero de nuevo, son ignoradas por los que tienen el poder de responder.
El pasado 21 de noviembre se dio un “proceso electoral” donde fueron electas las autoridades municipales y regionales del país. Casi ninguno de los candidatos hablaron durante sus campañas sobre la situación precaria de las mujeres. ¿Seguirán las autoridades despreciando al 52 % de la población o comenzarán a tomar medidas que impulsen su desarrollo y protección? Nuestro país estará condenado al fracaso si continúan ignorándonos.
