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- Los expertos electorales Eugenio Martínez y Jesús Castellanos explicaron para El Diario que el caso de las elecciones para la Gobernación de Barinas, que estuvieron plagadas de irregularidades, demuestra las falencias que todavía tiene el Poder Electoral, y que trascienden al propio Consejo Nacional Electoral
La ilusión de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial, independiente y fuerte que sirva como mecanismo para salir de la crisis venezolana se desvaneció luego de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Y es que, de acuerdo con analistas consultados por El Diario, los avances que se habían logrado para recuperar la vía electoral —como el nombramiento de un nuevo directorio que incluye a dos rectores no identificados con el chavismo, Roberto Picón y Enrique Márquez— chocaron con tres diques de contención: el desequilibrio en los poderes del Estado, el escaso respaldo de actores políticos a los nuevos rectores, y el poco o nulo compromiso de los mismos en hacer valer su independencia.
El caso de las elecciones en Barinas, particularmente, desnudó estas falencias que dejan de manos atadas al CNE frente a la estructura de poder del chavismo.
Al retraso de los resultados se le sumó la orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen de Nicolás Maduro de anular la proclamación de Freddy Superlano y posteriormente de repetir los comicios. Adicionalmente inhabilitaron hasta a cuatro de los candidatos para las nuevas elecciones, sin órdenes judiciales ni aclaratorias del CNE. Y, por si fuera poco, el ente electoral modificó extemporáneamente el Registro Electoral para reubicar en Barinas a Claudio Fermín, candidato de algunos partidos de la Alianza Democrática, y a Jorge Arreaza, del Gran Polo Patriótico.
A juicio de Eugenio Martínez, analista político de El Diario y experto electoral, lo ocurrido en Barinas demuestra la necesidad de un arbitraje electoral institucional e imparcial. En ese sentido, explicó que esto depende, a su vez, de dos factores. El primero es la continuidad de la reinstitucionalización del ente comicial más allá del directorio, como las direcciones regionales y municipales; y el segundo trasciende a modificaciones en el propio CNE e involucra a la Contraloría General de la República, al Plan República y al TSJ afín al régimen de Maduro, a través de la creación de un estatuto que blinde al Poder Electoral ante la intervención de los otros poderes.
Esta última, de acuerdo con Martínez, puede hacerse de dos maneras:
Hacer respetar la autonomía
De acuerdo con el politólogo y experto electoral Jesús Castellanos, la autonomía del CNE, así como la voluntad popular de los barineses, fueron “seriamente afectadas” por las acciones de la Contraloría y del TSJ afín al chavismo. No obstante, al igual que Martínez, no resta peso a la actuación del ente comicial para hacer valer su independencia como otro poder más del Estado.
En ese sentido, el politólogo opinó que tanto Picón como Márquez “han dado demostraciones” a fin de cambiar la dinámica institucional del CNE. No obstante, Eugenio Martínez hace una distinción entre los dos rectores.
“Uno hubiese esperado más especialmente del rector Márquez, porque es el área de su competencia, no solamente como vicepresidente del CNE —aunque sea un cargo más burocrático que otra cosa—, pero como vicepresidente y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, uno hubiese aspirado a que tuviese un comportamiento públicamente mucho más activo en defensa de la institución y eso no ha ocurrido”, dijo. En contraste, el periodista y analista político de El Diario considera que Márquez no ha adoptado la narrativa de quien hace arbitraje electoral, sino la narrativa de la interpretación partidista de las normas.
En cualquier caso, tanto Picón como Márquez parecen minimizados ante el resto de rectores. Hay que recordar que el balance del directorio favorece al chavismo, con la presencia de Tania D’Amelio, Pedro Calzadilla y Alexis Corredor. Estos rectores, en opinión de Martínez, “no están interesados en hacer valer la independencia del organismo como cabeza del arbitraje electoral, sino que están conformes con comportarse como un ente administrativo que ejecuta las decisiones de otros poderes”.
Sin apoyo político en un contexto autoritario
En el caso de Picón y de Márquez, Martínez atribuye su poca capacidad de acción más a la falta de respaldo de actores políticos de la oposición y a la intervención de otros poderes, que a una falta voluntad propia de producir cambios. “Cualquier tipo de elección que se haga en el mediano o largo plazo, requiere poner orden sobre el Plan República”, ejemplificó el periodista.
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Y agregó: “Eso implica que el CNE tenga suficiente poder y suficiente apoyo político para ejercer el rol de autoridad del proceso electoral. Mientras eso no se logre, los cinco rectores del CNE pueden no ser progrobierno e igual el Plan República va a seguir haciendo lo que le da la gana. El CNE necesita apoyo político. Los dos rectores que no están vinculados al chavismo carecieron de apoyo político durante el 21 de noviembre y esa ausencia se hace evidente cuando llegan crisis como la del estado Barinas. Rectores que no tienen respaldo político, no tienen incidencia o tienen muy poca incidencia sobre lo que termina ocurriendo”.
Según Martínez, esto se evidenció particularmente en el caso de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE). En su opinión, los sectores que representan Henrique Capriles y Stalin González “fueron bastante displicentes en dar su respaldo a la misión”.
Castellanos, en cambio, consideró que la actuación de Picón y de Márquez debe ser evaluada por la capacidad de gestión “sobre una realidad autoritaria”, la cual durante muchos años ha materializado una cultura de “malas prácticas electorales”. Asimismo, recalcó que el régimen de Maduro está en un proceso de negociación, y que, por lo tanto, varias de las decisiones que salgan de allí también afectan las capacidades de los rectores.
La opción del voto se debilita
Ante este panorama técnico y político dentro del CNE, así como el desconocimiento que puede haber al respecto en importantes sectores de la población venezolana, el politólogo aseveró que no solo la figura del ente electoral se debilita, sino también la opción del voto como mecanismo para salir de la crisis.
A juicio de Castellanos, todas las irregularidades evidencian el contexto autoritario bajo el cual se realizaron los comicios.
“No debemos olvidar que es una elección inserta en un régimen de naturaleza autoritaria. No es posible que en esas condiciones se produzca una elección realmente competitiva o democrática. Y el régimen, pese a sus intentos, calculados, de mostrarse menos autoritario, evidenció el ventajismo institucional en acciones tales como el uso de recursos públicos y la participación activa de funcionarios públicos en la en las primarias, en la ‘precampaña’ y en la campaña electoral, en clara promoción del partido PSUV”, opinó el politólogo.
Por otra parte, el también experto electoral explicó que esto puede generar múltiples factores en las distintas estrategias políticas.
De esta manera, considera que para los sectores que apuestan por una salida electoral a la crisis, las irregularidades podrían significar un retroceso y una piedra de tranca para avanzar en ese sentido. Por otra parte, estima que podría convertirse en la oportunidad para revisar posibles alianzas y edificar una estrategia conjunta que tenga como uno de los móviles lo electoral.
