• Meudy Osío aseguró a través de un comunicado que la declaración del fiscal general afín al chavismo, Tarek William Saab, “banaliza” lo que ocurrió con el exconcejal. Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo para El Diario que la sentencia condenatoria contra funcionarios encubre lo que en realidad es un caso de impunidad

Familiares de Fernando Albán y activistas de derechos humanos siguen exigiendo justicia. Tras la condena de cinco años y diez meses de dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por el homicidio del exconcejal de Caracas en el año 2018, varios de ellos manifestaron que es una sentencia que “banaliza” lo que ocurrió con Albán y que en realidad se trata de un caso de impunidad.

Meudy Osío, viuda del político, aseguró que la condena “banaliza” lo que le ocurrió a Albán y que es “una burla” para sus familiares. “En Venezuela no existe acceso a la justicia y nuestra familia y yo no hemos encontrado justicia ni sabemos la verdad sobre lo que ocurrió con Fernando. Tanta crueldad hoy sigue impune”, aseveró Osío.

La declaración de la viuda de Albán se produjo luego de que el fiscal general afín al chavismo, Tarek William Saab, informó la condena de los funcionarios durante un balance del trabajo del Ministerio Público. Saab detalló que los funcionarios fueron condenados por los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

“Estos funcionarios, es bueno destacarlo, admitieron los hechos y recibieron en tal sentido una pena de 5 años y 10 meses de prisión”, rescató el fiscal del chavismo, dándose por satisfecho con el proceso.

Lo que no dijo Saab sobre el caso de Fernando Albán

Osío, sin embargo, destacó lo precaria, sesgada y débil que fue tanto la investigación como la pena.

“A pesar de las múltiples solicitudes que ha hecho mi defensa no hemos tenido acceso a un procedimiento de investigación independiente; no se ha realizado una autopsia con aplicación de los protocolos de Minnesota y de Estambul, y a más de 3 años, no se ha dado respuesta a la petición que hicimos por humanidad sobre la exhumación del cuerpo, para que sus familiares le demos su cristiana sepultura fuera de Venezuela donde estamos su esposa e hijos”, expresó Osío.

Viuda de Fernando Albán tras condena a funcionarios del Sebin: “No hemos encontrado justicia”
Tarek William Saab.

Osío aseguró que “las investigaciones no han sido conducidas con la debida diligencia. Los responsables eluden la responsabilidad de los hechos, como lo rescató en su reciente informe la Misión”.

Como recordó la viuda de Albán, la Misión independiente de Determinación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que existen motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, “lo que equivale a una privación arbitraria de su vida”.

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Impunidad enmascarada

De acuerdo con Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, el anuncio de Saab enmascara la impunidad en el caso. El abogado explicó para El Diario que en la práctica, la sentencia podría significar la libertad de los funcionarios. Esto “en la medida en que el cumplimiento de penas en Venezuela es a partir de los ocho años y que con penas inferiores operan medidas sustitutivas”.

Asimismo, más allá del factor de la impunidad, Daniels aseveró que la sentencia condenatoria no clarifica qué sucedió en el caso del exconcejal. Por el contrario, comentó que la misma es contradictoria.

El principal delito, que es el homicidio culposo, implica que no hubo intención de matar. Pero, por otro lado, hay la imputación de delitos dolosos, es decir, con intención criminal, en este caso el agavillamiento, que es la asociación para delinquir”, dijo el director de Acceso a la Justicia.

Por otra parte, Daniels resaltó las incongruencias en el relato de los voceros del régimen chavista sobre la muerte de Albán. Recordó que al momento de su fallecimiento, la Fiscalía de Venezuela aseguró que Albán se suicidó lanzándose desde un décimo piso, pero distintos actores políticos y ONG denunciaron que se trató de un asesinato y pidieron que se investigara el caso.

En enero de 2019, la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional para denunciar la muerte de Albán. En ese momento aseguró que “fue un asesinato” y denunció la existencia de “contradicciones” en los relatos que ofrecieron posteriormente portavoces del régimen chavista.

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