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- La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) se basó en encuestas realizadas a 150 personas con discapacidad y 45 cuidadores en múltiples estados del país
El 53,7% de los ciudadanos de Venezuela con discapacidad sufrió una disminución en el acceso a los alimentos durante el primer año de la cuarentena del covid-19 (2020), de acuerdo con un informe de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven).
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, hizo alusión a dos casos de personas con discapacidad que confesaron que su alimentación fue significativamente perjudicada.
Según explicó, se pudo conocer estas realidades gracias a una encuesta en la que participaron 150 personas con discapacidad y 45 cuidadores. Además, estas personas se encuentran en varios estados del país: Miranda, Vargas, Bolívar, Táchira, Lara, Zulia y Yaracuy.
En el documento se especifica que estas alteraciones acarrean repercusiones graves en muchos casos; por ejemplo, las personas con síndromes del espectro autista, quienes necesitan ingerir alimentos sin gluten.
De igual manera, Consorven denuncia que el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) –programa del régimen de Nicolás Maduro para la entrega de alimentos– no tiene en consideración incorporar menús especiales para las personas con discapacidad. “(Esto agrava) el acceso a alimentos de calidad. Pone en riesgo a estas personas en medio del declive de sus condiciones, tras el consumo de alimentos no permitidos”, reza un fragmento del informe.
Otros puntos del informe anual
El presidente de Consorven comentó que de todos los participantes en las encuestas y entrevistas, el 33% señaló que los servicios de energía eléctrica y agua potable cada vez son peores y han derivado en mayor detrimento de su salud.
“Un 25,8 % reportó el empeoramiento del servicio de gas doméstico que ha impactado muchísimo el servicio de alimentación para ellos”, agregó Juan Ángel de Gouveia.
Asimismo, el 43% de los ciudadanos consultados dijo que suele vivir con interrupciones de electricidad muy frecuentes.
Consorven pudo determinar que los discapacitados también sufren violaciones de derechos humanos y maltrato por parte de las autoridades policiales. Registró un 66% de retraso procesal y 33% de ausencia de intérpretes de lenguaje de señas en los procesos judiciales.
La complejidad de estas situaciones empeora al tener en cuenta que al menos el 75% de estas personas no tiene acceso a servicios de salud, como también muestran los resultados de las encuestas.
El informe resalta que a pesar de que todo esto repercute en la población general, los efectos se potencian de forma “desproporcionada” en aquellos que lidian con alguna discapacidad.
