• En el año fiscal 2020, la cantidad de venezolanos que cruzó la frontera se incrementó a 4.520. Los connacionales son el octavo grupo poblacional con mayor cruce irregular

Cruzar la frontera irregularmente entre dos países conlleva riesgos a la integridad física, que con cada vez más frecuencia los venezolanos están dispuestos a tomar. 50.499 connacionales realizaron esta travesía en los límites territoriales entre México y Estados Unidos durante el año fiscal 2021, que abarca del 1° de octubre 2020 hasta el 30 de septiembre del presente año.

Durante el año fiscal de 2020, la cantidad de venezolanos que atravesó la frontera ascendió a 4.520. Este año hubo un incremento del 1.017,23%. Los connacionales representan solo el 2,58% de los 1.956.519 extranjeros que entraron de forma irregular a EE UU, pero son el octavo grupo poblacional en realizar dicho recorrido que constituye dentro de las leyes estadounidenses un delito federal.

Limitaciones en medio de la búsqueda de oportunidades

Jaime Andrade cruzó junto con una prima (identidad no revelada para este reportaje), la frontera entre México y Estados Unidos procedente de Colombia en octubre de 2021. Ambos fueron ayudados por un grupo de personas que habían conocido en su natal Maracaibo años atrás. 

Los últimos cinco años de su vida los pasó junto a su esposa, María Elena, en Bogotá, donde desarrollaron sus carreras (estilista y social media hacker, respectivamente) e incluso tuvieron a su segundo hijo, Daniel. El primero, llamado Jesús, nació en Venezuela siete años antes. 

Sin embargo, para Andrade el costo de la vida y las oportunidades lucían insuficientes, además gran parte de su familia se había mudado a Miami un par de años atrás.

Sabiendo de antemano que el recorrido para cruzar por Río Grande, zona fronteriza entre México y EE UU, era cuesta arriba, Andrade decidió adelantarse solo en el viaje, sin su familia, y luego hacerles el camino. 

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Apenas cruzó la frontera, las autoridades migratorias lo detuvieron junto a su prima, una decena de venezolanos más, brasileños y nicaragüenses con los que atravesó los límites territoriales. Estuvo seis días en un centro migratorio y luego fue liberado al demostrar “el miedo creíble“ de regresar a Venezuela, donde parte de su familia había sido secuestrada una década atrás.

Andrade salió del centro migratorio sin su documento más importante: el pasaporte. Las autoridades se lo sustrajeron al momento de la aprehensión y nunca más se lo devolvieron. Le dijeron que debía presentarse en corte en seis meses, le colocaron un grillete de localización (que cuenta está dañado) en el tobillo izquierdo y sin mayores detalles lo dejaron ir.

En los casi tres meses que tiene Andrade en EE UU ha visto cómo la ausencia de su pasaporte le ha limitado cualquier trámite que desee hacer. No ha podido abrir una cuenta bancaria ni sacar una identificación legal en el país (licencia de conducir u otro ID). 

“Me siento de manos atadas. Ya conseguí un trabajo y siento que tendré más oportunidades aquí, pero mientras no tenga mi pasaporte es poco lo que puedo hacer”, lamenta.

Embajada interina niega acceso a la identidad 

Recientemente Andrade se enteró de que la embajada interina de Venezuela estaba ofreciendo un Certificado de Nacionalidad (identificación temporal que permite hacer trámites específicos cuando se carece de documentos de identificación), pero luego de enviar la solicitud a través del correo serviciosconsulares@us.embajadavenezuela.org recibió una respuesta negativa al respecto.

A través del Certificado de Nacionalidad -de acuerdo con información de la embajada- los venezolanos pueden abrir cuentas bancarias, solicitar la licencia de conducir o declarar impuestos en EE UU, así como acceder a trámites consulares con terceros países.

Sin embargo, la embajada interina le negó el documento de identificación a Andrade dejándolo en una vulnerabilidad aún mayor. Luego de explicarles las razones por las que no tenía su pasaporte, los funcionarios consulares le respondieron que si las autoridades migratorias le habían quitado su documento, ellos no podrían ofrecerle uno nuevo.

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“No entiendo por qué los funcionarios del (gobierno interino de Juan) Guaidó se negaron a darme ese documento de identificación. Pensé que ellos estaban para ayudarnos, no para convertirse en una traba adicional. Somos miles de venezolanos cruzando la frontera. ¿Es que acaso nos van a dejar a todos sin identificación?“. 

Su caso aún no aparece en la página web de USCIS y no tiene fecha exacta de su audiencia en corte.  “Estoy un poco perdido. Sé que tengo que meter mi caso de asilo (defensivo) antes del año, pero sin identificación no sé qué haré“.

Mario D´Andrea, abogado de la organización no gubernamental Defiende Venezuela, explica que “esta persona al entrar de forma irregular a EE UU cometió con base en la norma de este país un delito (federal), aunque hay que destacar que los inmigrantes irregulares no son delincuentes per se, por lo que no deben ser tratados como tales y que la privación preventiva siempre debe ser la última opción. La fianza, control por GPS, entre otras deben prevalecer“.

Sin embargo, explica que según la normativa estadounidense ahí hay un hecho ilícito que es el ingreso irregular al país, “pero está persona igualmente tiene derechos humanos, entre ellos la asistencia consular con base en la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, que está vigente a pesar del problema político entre ambos países y que en esté caso recae en Venezuela (a través de la embajada interina)“.

Ahora bien, tomando en cuenta que la embajada de Venezuela otorga un Certificado de Identidad, el experto jurídico advierte que debe hacerlo en el marco de la defensa consular, que es un derecho de la persona. “Venezuela está fallando al no proteger a sus ciudadanos en sus relaciones consulares“, sentencia.

D´Andrea advierte que el hecho de que “a una persona migrante privada de libertad le retengan su pasaporte ya es una violación a sus derechos pero que al liberarla no se lo devuelven es peor. Es una violación de identidad y personalidad jurídica. La persona migrante tiene que resolver su situación migratoria con EEUU para que le devuelvan su pasaporte con el apoyo consular de Venezuela porque es su derecho y Venezuela, como embajada, debe presionar para que le devuelvan su documento. Sin embargo, pareciera que la burocracia venezolana ni lo protege con asistencia consular ni con el certificado de identidad“, explica.

Jaime Andrade es una de los 43.616 venezolanos que tienen presentaciones de asilo en corte de inmigración; de ellos, 38.084 nunca fueron detenidos, 3.711 fueron aprehendidos y liberados, como le pasó a él, 1.801 fueron detenidos (sin determinar su estatus actual) y 20 no están categorizados.

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La historia de vulneración de derechos humanos de venezolanos en el exterior se repite cada vez con mayor frecuencia sin que haya una defensa consular sobre ellos.

La Universidad Católica Andrés Bello emitió en marzo de 2021 un informe titulado: Desprotegidos, el impacto de la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior, en el que advierte sobre la indefensión jurídica de nuestra comunidad.

“El balance general es el de un servicio deficiente, frente al cual el ciudadano se siente en minusvalía, toda vez que los funcionarios no actúan con la debida diligencia en el desempeño de sus atribuciones“, señala el informe.

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