• Este pueblo originario está dividido entre quienes apoyan la minería y quienes están en contra. En este último grupo nació la guardia indígena que busca frenar los daños que produce al territorio el extractivismo aurífero en Amazonas. Foto: Madelen Simó

Cae la tarde, el clima es fresco y húmedo porque han sido días lluviosos en Caño Grulla, comunidad del pueblo uwottüja ubicada en el municipio Autana del estado Amazonas. Allí vive Frank Arana, uno de los miembros de la “guardia indígena” que lleva el liderazgo en la zona. “Somos jóvenes voluntarios que trabajamos para apoyar a nuestras comunidades, porque nos debemos al territorio y su defensa”, sostuvo para El Diario desde la puerta de su casa. 

Esta es la convicción que Arana comparte con sus otros compañeros. Es la idea con la que fue creada: defender de manera pacífica el plan de vida de los pueblos indígenas y proteger el territorio y sus tradiciones. Pero en los últimos años, el mayor peligro al que se enfrentan estos guardianes es la minería ilegal y los daños que produce a su territorio, a su hogar y a la hermandad indígena. 

El Autana es la mayor defensa del pueblo uwottüja. Foto: Madelen Simó.

Por un lado, la minería tiene sus defensores en el pueblo uwottüja por los beneficios económicos que genera y, por el otro, tiene a sus detractores que la rechazan porque va en contra de la cosmovisión indígena. Y en medio de esa división, se presenta la falta de legitimidad por parte del Estado venezolano, pues la creación de estos guardias indígenas no cuenta con el respaldo de las autoridades gubernamentales y funcionan al margen de la Constitución, según lo aseguró Pablo Tapo, coordinador general del Movimiento Indígena de Amazonas en Derechos Humanos (Moinaddhh).

En otros territorios latinoamericanos como Ecuador, Colombia y Perú sí se han creado otras formas de seguridad comunitaria. Por ejemplo, la guardia indígena colombiana “se visibiliza en el año 2000 en los territorios de la organización Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Arauca (ACIN), filial del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y se impulsa su fortalecimiento en todos los pueblos indígenas de Colombia”, reseña el portal Comisión de la Verdad. 

Primeros pasos 

Hace más de un año que el pueblo uwottüja activó su guardia territorial indígena. De acuerdo con la organización Kapé Kapé, en junio de 2020 Pablo Medina, autoridad legítima de la comunidad Pendare, parroquia Sipapo del municipio Autana, anunció el inicio de estos guardianes debido a la incursión de grupos ajenos a la comunidad en sus territorios. 

En aquel momento el jefe de la guardia territorial indígena uwottüja de Pendare, Virgilio Trujillo, señaló que “el fin de ese cuerpo era la defensa territorial ancestral y protección territorial, (…) porque por la falta de protección del Estado, algunos grupos no respetan el territorio ancestral”. 

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El texto de Kapé Kapé dejó claro que estas acciones estaban respaldadas por los acuerdos de la asamblea celebrada en Pendare, el 26 de febrero de 2020, donde participaron indígenas uwottüja de 40 comunidades de los sectores de los cuatro ríos: Autana, Cuao, Sipapo, Guayapo y el sector Orinoco medio, en conjunto con la Organización del Pueblo Indígena Uowttüja del Sipapo (Oipus).

Para esa fecha, había indicios de la incursión de grupos ajenos al territorio ancestral uwottüja, en la ruta del Autana, considerado el árbol de la vida por las comunidades indígenas. Casi dos años después la misión de estos guardianes persiste, sobre todo por la vía del Guayapo, en donde se ha hecho evidente la explotación minera con las marcas de deforestación y contaminación que eso genera. El temor del pueblo uwottüja es que este territorio se vea tan afectado como ocurre con el Parque Nacional Yapacana, en donde el daño ya es irreversible porque, a juicio del defensor ambiental Héctor Escandel, así ocurra una reforestación en esta parte de la Amazonía venezolana, las especies únicas que por milenios crecieron y se desarrollaron en estas tierras no se podrán reproducir nuevamente. 

No es algo nuevo 

La experiencia de la guardia territorial indígena no es nueva en el país. Asegura Kapé Kapé que el pueblo yekuana tiene sus guardianes que cubren el territorio ancestral del Alto Ventuari (Amazonas) y de la boca del Yuruaní con el Caura en Bolívar, así como también el pueblo pemón en sus territorios ancestrales del municipio Gran Sabana en Bolívar. 

Además, existe la práctica arraigada en Colombia y en otros países amazónicos, que les ha llevado a mediar con los grupos armados colombianos y a otras naciones a oponerse a la explotación minera. No tienen armas, más que los elementos tradicionales como lanzas y flechas, pero en los últimos años también se han acercado a la tecnología con cámaras y GPS para documentar los daños de las actividades extractivistas, como ocurrió en Ecuador.

En 2018 la guardia indígena cofán logró evidenciar el daño ambiental que estaba produciendo una actividad minera a sus espaldas. Al buscar información descubrieron que el Estado ecuatoriano había otorgado concesiones minerales sin la aprobación de las comunidades afectadas (aprobación necesaria que estipula la Constitución). Por ello llevaron el caso a los tribunales y lograron revertir 52 operaciones mineras en una superficie de 32.000 hectáreas, reveló un reportaje publicado en El País de España

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Estos antecedentes son los que han servido de argumentos a la guardia indígena uwottüja para insistir en su misión y alejar de su territorio a los extranjeros. Sin embargo, en las recientes denuncias de este pueblo originario, la situación ha dado un vuelco que los representantes de las organizaciones indígenas califican como inédito: el conflicto generado entre los propios hermanos uwottüja. 

La peste del oro 

La búsqueda de unos gramos de oro se ha convertido en una peste para la convivencia de los indígenas. La minería ilegal y la presencia de grupos irregulares ha generado un conflicto entre hermanos de un mismo pueblo. 

En octubre de 2020, Oipus y la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) informaron a las instituciones públicas del Estado venezolano que miembros de la comunidad habían retenido a un grupo de embarcaciones que se dirigían al alto Sipapo y al Guayapo para trasladar combustible y otros implementos, con el fin de evitar que las llevarán hasta la cabecera de la cuenca entre los ríos Autana y Guayapo.

Desde ese momento han insistido en las denuncias. En abril de 2021 Oipus ofreció una rueda de prensa en donde informó sobre un enfrentamiento que había ocurrido en Caño Guama entre los propios uwottüja, porque la guardia indígena estaba tratando de impedir que llevaran más suministros a las minas. En octubre de 2021 este pueblo indígena volvió a tener otra asamblea en Pendare, para dejar sentada su posición de que la explotación minera va en contra de su derecho al territorio y su defensa. 

“La lucha del Sipapo es por la zona minera con los grupos armados. Las primeras máquinas fueron del grupo armado, pero luego los mismos grupos étnicos instalaron máquinas. Esa forma de hacerlo genera mucho daño al territorio, se les ha propuesto hacer la minería natural con batea”, precisó el guardia indígena Frank Arana. 

“El año pasado (2020) se hizo una asamblea en Caño Guama y, con elección entre los capitanes indígenas, sentó la posición de practicar la minería sin máquinas. Allí los mineros solicitaron tres meses para pagar las deudas y la gente dijo que no. Luego un joven intervino, habló fuerte y se le otorgaron tres meses, lo que se ha extendido por más meses y más máquinas. Son grupos mineros violentos que a la fuerza se enfrentan con quienes tratamos de proteger el territorio”, agregó Arana. 

Al respecto, Pablo Tapo recalcó que desde Moinaddhh rechazan las agresiones suscitadas entre ambas partes, pero también insistió en que esta situación nunca había ocurrido. “Antes había mucho respeto por las autoridades tradicionales indígenas, en la forma cómo colectivamente se debían cuidar los territorios y no necesitábamos tener una guardia indígena. Todos éramos partícipes en el cuidado”. 

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Pablo Tapo, coordinador general del Movimiento Indígena de Amazonas en Derechos Humanos (Moinaddhh). Foto: Madelen Simó

Tapo dijo que como organización defensora de los Derechos Humanos no están de acuerdo con lo que ha estado ocurriendo. “A los hermanos uwottüja que llevan su mercancía a las minas, la guardia indígena se las ha… porque lamentablemente no puedo usar una palabra técnica desde el punto de vista legal, porque los decomisos los hacen las autoridades legítimas como las civiles y militares. Eso es prácticamente un atraco a sus propios hermanos uwottüja.  

Pero Arana fue enfático al precisar que cuando “se decomisa alguna mercancía, se destina a la Fiscalía o se les entrega a las comunidades”. 

Lucha solitaria 

Si bien es cierto que el Estado venezolano reconoce la jurisdicción especial indígena y que los pueblos originarios tienen la forma de administrarlo de manera ancestral, en los últimos años con la irrupción de la minería ilegal en el estado Amazonas, pareciera que los grupos indígenas caminan solos en su lucha. 

Eso es precisamente lo que ha faltado para darle la legitimidad que necesita la guardia indígena uwottüja, como ocurre con las prácticas en otras naciones latinoamericanas en donde el Estado las respalda. 

A juicio de Tapo, la guardia indígena todavía está al margen de la Constitución. “Debe hacerse como ente del Estado, en el conocimiento institucional. De hecho, se planteó en la Defensoría del Pueblo, que para ellos constituirse deben estar en conocimiento las autoridades civiles y militares, para poder ejercer una coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria”.

En el caso colombiano, prosiguió Tapo, “se organizaron con sus resguardos indígenas y sus guardias, ellos se reglamentaron y están autorizados por el Ministerio de Interior de Colombia, donde cada resguardo tiene sus autoridades tradicionales y sus guardias indígenas. Eso no sucede en nuestra Amazonas venezolana”. 

Asamblea de Pendare en octubre de 2021. Foto: Instagram de Orpia

Sin embargo, el camino se está andando. De acuerdo a Arana, en la asamblea que se realizó en Pendare en octubre de 2021 estuvieron presentes autoridades de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi), el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. La intención era buscar su respaldo en sus luchas. Habrá que esperar si eso ocurre e insistir en la misión que milenariamente han tenido los pueblos originarios: el reconocimiento de sus valores culturales. 

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