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- Organizaciones defensoras de derechos humanos explicaron que la Asamblea Nacional chavista no respetó los procedimientos constitucionales para la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
“Es insuficiente para garantizar la independencia del Poder Judicial e incumple con su designación plural”. De esa forma el Foro Cívico y otras organizaciones defensoras de derechos humanos se refirieron a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) chavista el 30 de diciembre de 2021, la cual establece los criterios para la renovación de jueces en el máximo tribunal del país.
A través de un comunicado, las organizaciones explicaron que el proyecto de reforma consiste en tres aspectos:
1. Reducir el número de magistrados de 32 a 20, a razón de tres por Sala, salvo la Sala Constitucional, que contaría con cinco magistrados. Para ello se suprimirían dos magistrados por cada Sala.
2. Determinar que la selección de los magistrados por parte de la Asamblea Nacional debe aprobarse obligatoriamente por una mayoría de dos tercios de los diputados y no por mayoría simple.
3. Aumentar el número de personas que integrarían el Comité de Postulaciones Judiciales (el órgano encargado por la AN para seleccionar a los candidatos a magistrados), así como dictar algunas pautas sobre su funcionamiento.
Para las organizaciones sin fines de lucro, estos cambios, que revierte parcialmente la reforma legislativa de 2010, “la cual permitió que el Ejecutivo continuase con el control total del Poder Judicial iniciado en 1999”, deberían contribuir a fortalecer la independencia y autonomía del TSJ. No obstante, consideran que no es el caso:
En ese sentido, señalan que el mecanismo institucional que pudiera garantizar una mayor independencia sería el Comité de Postulaciones tal y como se encuentra establecido en la Constitución.
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El Comité de Postulaciones es clave
El Foro Cívico explicó que, como establece la Constitución en su artículo 270, el Comité de Postulaciones es un órgano asesor del Poder Judicial y no del Poder Legislativo. Sin embargo, advierten que la reforma de la ley que pretende hacer la AN chavista prevé que el Comité esté integrado por 15 miembros designados por la Asamblea Nacional y que 5 de ellos serán diputados de dicho órgano. Los 10 restantes serán seleccionados entre los que respondan a la convocatoria que realice la llamada “Comisión Preliminar”, conformada por los cinco diputados antes mencionados, que a su vez realizará una preselección de los candidatos.
Las ONG consideran que “no tiene justificación alguna que esté conformado, siquiera parcialmente, por miembros de un poder público como lo es la Asamblea Nacional”. En consecuencia, plantean que la propuesta tiene dos irregularidades:
1. El Comité de Postulaciones, de acuerdo con la Constitución, debe formarse solo con actores y expertos de la sociedad.
2. Según el texto constitucional no tiene cabida alguna un órgano intermedio –la Comisión Preliminar– para la selección de los integrantes del Comité de Postulaciones, a su vez conformado por funcionarios públicos.
Por lo tanto, la organización reitera que el Comité de Postulaciones no es un órgano parlamentario y cualquier intento por desnaturalizarlo atenta contra la Constitución. Creen que es necesario que se implementen mecanismos para asegurar que, tal como lo exige la Constitución, el Comité “represente a los diferentes sectores de la sociedad y no solo a quienes convergen con la coalición gobernante, reflejando la voluntad de recuperar la institucionalidad en un marco de verdadero pluralismo político y social en Venezuela”.
Aprovechar la oportunidad
De acuerdo con el Foro Cívico y el resto de organizaciones de derechos humanos, la “necesaria” reforma integral del sistema judicial en el país, a la cual se comprometió el régimen de Nicolás Maduro en su memorando de entendimiento con la Corte Penal Internacional, abre una oportunidad para regresar al diálogo y la negociación entre la oposición y el chavismo.
Además del Foro Cívico, el comunicado fue firmado por las ONG Dale Letra, Provea, Control Ciudadano, Acceso a la Justicia y Sinergia.
