• Para los expertos electorales Eugenio Martínez y Jesús Castellanos, el caso Barinas evidenció la debilidad política y el avance técnico del Consejo Nacional Electoral. En conversación con El Diario, coincidieron en que el rector Enrique Márquez no cumplió con las expectativas en su rol como presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento

Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) conformado en 2021 quería demostrar ante el país y la comunidad internacional su nivel político y técnico para organizar unas elecciones confiables en Venezuela, Barinas fue el bastión ideal para desnudar todas las debilidades, los avances y las tareas pendientes que tiene el Poder Electoral en ese sentido. El saldo que dejó la elección en ese estado para el ente comicial, sin embargo, es más negativo que positivo.

Al rosario de irregularidades e ilícitos que ocurrieron después de las elecciones regionales del 21 de noviembre -que tuvo sus puntos más críticos con la  orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen de Nicolás Maduro de anular la proclamación de Freddy Superlano y posteriormente de repetir los comicios-, se le sumaron otras durante la campaña y jornada electoral del 9 de enero.

“La repetición de la elección en Barinas se hizo en un contexto en el que exacerbaron todos los ilícitos electorales que tradicionalmente se han denunciado en Venezuela”, comentó Eugenio Martínez, analista político de El Diario y experto electoral. En esa misma línea, el también experto electoral Jesús Castellanos opinó que la actuación del Poder Electoral fue peor el 9 de enero que para el 21 de noviembre.

“Las condiciones electorales del 9 de enero se agravaron con respecto al 21 de noviembre. No solo por la ausencia de la observación electoral internacional, sino por el grosero ventajismo del régimen, que incluye la coacción y coerción, el proselitismo de funcionarios públicos y el uso abierto e indiscriminado de recursos del Estado, incluyendo los medios de comunicación públicos”, dijo Castellanos.

Irregularidades:

-Despliegue de altos funcionarios del Estado para la campaña del candidato del régimen, Jorge Arreaza: diputados, ministros, presidentes de institutos, corporaciones, bancos del Estado, cuerpos de seguridad.
-Uso de instalaciones y edificios públicos para actos de campaña, acopio y almacenamiento de bienes a distribuir durante la campaña.
-Uso de vehículos y bienes de organismos públicos para eventos proselitistas.
-Promoción de Arreaza a través de Venezolana de Televisión (VTV) y demás ministerios y organismos públicos, con posicionamiento de etiquetas.
-Rechazo arbitrario de las postulaciones de los partidos Avanzada Progresista y Fuerza Vecinal a favor del candidato opositor Sergio Garrido.
-Retraso injustificado para dar a conocer los resultados de la elección, los cuales favorecieron a Garrido.

Debilidad a la vista

Para Martínez, el punto de partida para determinar la debilidad del CNE fue el hecho de haberse repetido las elecciones. “El Poder Electoral se comportó en el caso Barinas de una forma totalmente sumisa ante la sentencia de la sala Electoral del TSJ. De hecho, la primera sentencia del TSJ deja muy mal parado al CNE como institución, aunque después trató de corregir lo que había hecho. Sin embargo, el rol del CNE como institución en el caso Barinas, fue realmente lamentable”, dijo.

Tal como lo reconoció el rector Picón, el analista aseguró que el CNE carece de instrumentos y de poder político para ejercer las facultades normativas que tiene en la campaña. Como había explicado antes para El Diario, esas carencias giran en torno a tres grandes ejes: el desequilibrio en los poderes del Estado, el escaso respaldo de actores políticos a los nuevos rectores, y el poco o nulo compromiso de los mismos en hacer valer su independencia.  

No obstante, Martínez aclara que no son problemas nuevos dentro del Poder Electoral, sino que son deficiencias que arrastra desde 2004.

Si bien Castellanos coincide en que la imagen del CNE pudo haberse debilitado tras la decisión del TSJ, “el reconocimiento del triunfo de Garrido le da un aire” al ente comicial.

La actuación de los rectores

Mucha de esa debilidad pasó por la actuación de los propios rectores. “La actuación de los rectores del CNE en el desarrollo del 9 de enero, fue sustancialmente inferior con respecto al 21 de noviembre. Sin excepción”, opinó Castellanos.

No obstante, los expertos electorales coincidieron en una mejor valoración al rol de Picón que al de Enrique Márquez. Sobre el primero, Martínez resaltó que no solamente tuvo un buen desempeño desde el punto de vista técnico, tal como se esperaba, sino que incluso tuvo un perfil más alto de lo que se esperaba. Resaltó dos aspectos de su gestión: la auditoría especial al sistema automatizado de votación y la inclusión de un código QR en las actas de escrutinio de las mesas electorales.

Aunque pueda parecer menor, esa posibilidad de que los partidos políticos o los comandos tengan en tiempo real la información detallada de cada mesa de votación una vez que el proceso cierra, es invaluable, especialmente en un escenario como el venezolano, donde la transparencia no es el norte. De hecho, los resultados se filtraron tan rápido o fue tan sencillo conocer el resultado gracias a esa nueva modalidad”, explicó el analista político de El Diario.

Para Castellanos, si bien Picón estuvo menos activo comunicacionalmente que en comparación con el 21N, destacó que expuso parte de las violaciones a las normativas por parte del régimen chavista.

Con respecto a Enrique Márquez, los analistas coincidieron en que no cumplió con las expectativas que genera su rol como presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi). Por su cargo, en teoría al menos debió haberse pronunciado ante todas las irregularidades, hecho que no ocurrió. Márquez solo publicó unos tuits después de la elección, en los que destacó la “excelente demostración” de Arreaza al reconocer los resultados y aseveró que la “sobrevenida” elección permitió mostrar la imagen de un poder electoral “solvente técnica y políticamente”.

“Creo que hay que reconocer que Márquez ha tenido el mismo problema que en el pasado confrontó Luis Emilio Rondón, Vicente Díaz o Sobella Mejías, que es que el CNE no tiene poder político para hacer valer las normas de campaña, de fiscalización, de control de recursos públicos. Sin embargo, en el balance general de lo que fue el proceso de 2021 más el 9 de enero, uno pudiese haber esperado una posición pública mucho más contundente del rector Márquez. De hecho, ha tenido unas posiciones públicas menos contundentes que las de Picón”, opinó Martínez.

El periodista y experto electoral agregó que la actuación de Picón y de Márquez debe analizarse también en el contexto del poco o nulo apoyo que recibieron de los actores políticos políticos.

Por otra parte, destacaron que el resto de rectores también tenían la responsabilidad de denunciar los abusos e irregularidades, lo que tampoco ocurrió.

De cara al futuro

Todas esas debilidades y mejoras (código QR) que se evidenciaron con el caso Barinas, sienta las bases para lo que podría ser el CNE del futuro, pensando en un eventual referendo revocatorio o en unas elecciones presidenciales anticipadas o en 2024.

A juicio de Martínez, las tareas más importantes que quedaron pendientes en las elecciones de Barinas y que deben atenderse para futuros comicios pasan por equilibrar las juntas regionales del CNE, insistir en que las elecciones son procesos civiles y no militares, respaldar políticamente a los rectores, y blindar al Poder Electoral del resto de poderes del Estado.

“Sin un estatuto electoral especial que audite los procesos o sin unas normas concertadas en una mesa de negociación, va a ser cada vez más difícil el cumplimiento de garantías y condiciones electorales”, comentó el experto electoral.

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