• El Centro para los Defensores y la Justicia detalló en su nuevo informe que en 2021 se registraron 743 ataques contra quienes defienden y promueven la defensa de los derechos humanos en Venezuela, 440 más que los contabilizados el año anterior

Las violaciones a los derechos humanos, la intimidación, el hostigamiento y las amenazas contra quienes defienden y exigen estos derechos en Venezuela, se intensificaron durante el año 2021. De acuerdo con el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), se registraron 743 ataques e incidentes de seguridad.

La ONG detalla que la cifra representa un aumento de 145 % en relación al mismo período en 2020; año en que se contabilizaron 303 casos de violaciones al derecho de defender DD HH. 

“El afianzamiento de la criminalización como Política de Estado y el uso de medidas represivas y de control social más violentas (…) refleja la falta de interés del Estado en respetar los principios democráticos y del Estado de Derecho”, enfatizó el CDJ en su reciente informe.

Patrones de agresión

El CDJ describió en el documento que los 743 ataques registrados se dividen de la siguiente forma:

-502 estigmatizaciones.
-125 casos de intimidación y hostigamientos.
-50 amenazas.
-16 detenciones arbitrarias.
-15 judicializaciones.
-13 ataques digitales.
-5 allanamientos.
-17 otros tipos de ataques.

Un entorno hostil y restrictivo

La organización describe que fue un año de grandes retos y dificultades para el movimiento de derechos humanos en Venezuela. Las restricciones al espacio cívico y democrático, las políticas de criminalización, la represión y el control social recrudecieron en este periodo.

Estos problemas generaron graves afectaciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de DD HH.  

El entorno para la defensa y exigencia de los DD HH se tornó cada vez más hostil y restrictivo con el pasar de los días debido a las distintas circunstancias adversas que condicionan el contexto en el cual se desenvuelven quienes defienden y exigen derechos en Venezuela”, precisó la ONG.

El documento resalta que 2021 ha sido uno de los años más complejos para el ejercicio de acciones en torno a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país.

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El CDJ señala que el Estado venezolano siguió aplicando la “tesis del enemigo interno” y la doctrina de la seguridad nacional mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos. 

Los niveles de riesgo aumentaron

El movimiento de derechos humanos en el país se vio gravemente afectado por el incremento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos para criminalizar el trabajo que realizan.

Las nuevas normas asociadas a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, se emplearon para justificar la “tesis del enemigo interno” del régimen venezolano.

La organización indicó que a este problema se le suma la inexistencia de mecanismos o políticas públicas tendientes a la promoción y protección del trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. 

“Esto se evidencia en el aumento de los actos de intimidación, hostigamiento y la materialización de amenazas en inicio de investigaciones y procesos penales, detenciones arbitrarias, allanamientos, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor”, destacó el CDJ.

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Las víctimas de los ataques

La ONG describió que la comunidad de organizaciones de derechos humanos y humanitarias que hacen vida en el país fueron las más afectadas. En el año se contabilizaron 457 agresiones y amenazas en su contra, lo que representa 62 % del total de los casos.

Mientras que 286 de las situaciones registradas, el 38 % restante, se cometieron de forma individualizada en contra de personas defensoras de DD HH.

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De este grupo, al menos 15 fueron mujeres defensoras, quienes se enfrentaron en reiteradas oportunidades a campañas de estigmatización, amenazas y situaciones de violencia relacionadas a su trabajo.

El mes de julio registró el mayor índice de casos de violaciones al derecho de defender los DD HH. En este periodo se contabilizaron 68 ataques contra ONG y 72 a defensores.

Los hechos más relevantes 

El Centro para los Defensores y la Justicia mencionó varios de los hechos más relevantes que ocurrieron en 2021. Mencionó el allanamiento en enero de la organización humanitaria Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo) y la judicialización de cinco de sus miembros.

Aunque los liberaron en febrero, los defensores continúan sometidos a un proceso judicial lleno de irregularidades.  

“Los cinco trabajadores humanitarios fueron excarcelados con una medida sustitutiva a la privación de libertad de presentación cada 30 días ante el Tribunal. A la fecha de presentación de este informe el proceso de criminalización continúa”, resaltó la ONG.

Además, en el documento se destacó que en el transcurso del año la organización FundaRedes fue víctima de constantes agresiones en su contra. 

El CDJ sostuvo que a raíz de las denuncias realizadas por la organización respecto a los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado suscitado en el estado Apure, a inicios del mes de julio se materializaron las agresiones con la detención arbitraria de tres miembros de la organización: Javier Tarazona, Rafael Tarazona, y Omar de Dios García.

A los tres defensores le imputaron los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo. En octubre, Rafael Tarazona y Omar de Dios García fueron excarcelados bajo un régimen de presentación.

No obstante, Javier Tarazona ha permanecido más de 200 días detenido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

“Desde su detención, los defensores se encuentran en un proceso de judicialización arbitrario en su contra, plagado de irregularidades que han ido en detrimento del derecho al debido proceso”, enfatizó.

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El CDJ también hizo mención de las reiteradas amenazas en perjuicio de la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Responsables de los ataques e incidentes

El Centro para los Defensores y la Justicia describió que el 31 % (229) de los ataques fueron perpetrados desde los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en las redes sociales.

El otro 30 % (221) de los hechos fueron efectuados por funcionarios públicos (incluyendo miembros del Ejecutivo, diputados, ministros, entre otros). Las autoridades hicieron uso de sus perfiles en redes sociales, o declaraciones en medios de comunicación gubernamentales para estigmatizar, amenazar e intimidar.

El 17% (127) de las agresiones fueron realizadas por personas o agrupaciones afectas a los intereses políticos del Estado. 103 casos fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas o entes gubernamentales (14 %) y 63 hechos fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado (8 %).

Sin garantías para el ejercicio de la defensa

El CDJ indicó que el Estado venezolano sigue sin garantizar un entorno propicio y seguro para el movimiento de derechos humanos. A su juicio, las organizaciones y personas defensoras se encuentran en un estado de absoluta desprotección.

“No es solo por la ausencia de medidas efectivas que garanticen su protección y la de su trabajo, sino además por la falta de investigación y sanción de los hechos ocurridos en su contra por parte de los organismos competentes”, agregó.

Ante las complejidades que rodean el entorno socio-político venezolano, el CDJ reiteró que el trabajo de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, así como la acción humanitaria, son primordiales para la protección de la dignidad humana. 

De acuerdo con la ONG, es indispensable que se generen mecanismos efectivos para el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos y la protección de quienes los defienden.

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