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- En entrevista exclusiva con El Diario, el Comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos aseguró que espera que se abra una investigación: “seria, formal, independiente y ágil” sobre el asesinato del bebé venezolano por parte de la Guardia Costera trinitense
“Ser venezolano no es un delito”, dice David Smolansky, Comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA). La frase cobra sentido con la noticia que todavía conmociona al país: el asesinato de un bebé venezolano a manos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. “No tiene justificación alguna”, comenta sobre los hechos en exclusiva para El Diario. Pero en esta tragedia, comenta, las culpas son repartidas y tiene intereses políticos: la alianza entre el gobierno de la isla y el régimen de Nicolás Maduro.
“Tanto el gobierno de Trinidad y Tobago, como el régimen de Maduro, están sobreponiendo su alianza política sobre cualquier aproximación humanitaria”, asevera. En este sentido, insiste en la necesidad de que se haga justicia. Confía en que las instancias internacionales abran una investigación lo más rápido posible.
—¿Qué sabe de los venezolanos que iban en la embarcación? ¿Cuál es su situación en este momento?
—La madre sigue siendo atendida en el hospital y por esa razón no hemos podido hablar con ella. Sin embargo, ha habido el relato de su cuñada de lo que le sucedió. El bebé murió en sus brazos, había recibido un impacto de bala en la cabeza. A ella la trasladaron a un hospital. Los demás migrantes que iban en el peñero entendemos que están en un centro de reclusión que el gobierno de Trinidad autoriza para los migrantes. Esperemos que el derecho a solicitar refugio y protección de estas personas sea garantizado, respetado y que no sean deportados a Venezuela porque sus vidas correrían peligro.
Lo que hizo el gobierno de Trinidad y Tobago no tiene justificación alguna, es inaceptable. No hay explicación alguna para utilizar una fragata de guerra, que hace labores de custodia marítima, para disparar contra una pequeña embarcación de pesca. Instamos a que haya una investigación seria, formal, independiente y sobre todo ágil, para que haya justicia y para sentar un precedente de que más nunca un episodio tan terrible, quizás el peor que ha dejado esta crisis migratoria venezolana, que ya es mucho decir, se repita en Trinidad y Tobago o en cualquier otra parte del continente.
—¿Sabe en qué condiciones están los venezolanos en ese centro de reclusión?
—No se está nunca bien cuando se está en esos centros. Están en una situación vulnerable. Estamos hablando de personas que huyen por la inseguridad alimentaria, por desnutrición; otros huirán por la inseguridad, otros por la falta de servicios básicos. Cualquier persona que huye de Venezuela en este momento está en una situación vulnerable y se agrava cuando está en un centro de reclusión migratoria.
Ser migrante venezolano -y ser migrante en general- no es un delito. Los venezolanos no huyen de su país porque quieren. El venezolano huye como puede, cuando puede y a donde puede. Que una madre tenga que tomar un peñero en horas de la noche, llevando a su bebé para llegar a otro país en estas condiciones, habla de cuán mal la puede estar pasando en Venezuela y de cuán difícil le ha puesto la dictadura la situación a los venezolanos.
El derecho a solicitar refugio o asilo es un derecho que tienen, más si se huye de una emergencia humanitaria compleja, de la violación sistemática de los derechos humanos o de la violencia generalizada. Eso lo establece la Declaración de Cartagena, y todo eso aplica hoy para los venezolanos.
—El régimen de Nicolás Maduro catalogó el hecho como un “incidente” y emplazó a Trinidad y Tobago a que se haga una investigación para esclarecer los hechos. Las acciones e incluso la narrativa del chavismo antes estos casos siguen siendo muy débiles. ¿Obedece a motivos políticos, debido a la cercanía con el gobierno de ese país?
—Obviamente. De ambos lados. Tanto el gobierno de Trinidad y Tobago, como el régimen de Maduro, están sobreponiendo su alianza política sobre cualquier aproximación humanitaria. Eso es lo más lamentable, sobre todo viniendo de Trinidad y Tobago. No sorprende de la dictadura, que hoy está bajo investigación por crímenes de lesa humanidad, que ha hambreado al país, que nos ha coartado nuestras libertades y que está enquistada en el poder desde hace 23 años. Pero el gobierno de Trinidad y Tobago, que tiene compromisos con el derecho internacional, ha puesto por encima su alianza con la dictadura de Maduro que el trato humanitario que debe tener esta crisis de migrantes y refugiados. Eso es muy lamentable.
—No es la primera vez que el gobierno de Trinidad y Tobago trata de impedir de forma violenta la migración venezolana. ¿Qué violaciones de derechos humanos a venezolanos han documentado en ese país, y cuál es la realidad de los venezolanos allá?
—Lo que nos preocupa del gobierno de Trinidad y Tobago es que hay prácticas recurrentes que afectan a los migrantes y refugiados. Obviamente este disparo que recibió el bebé es lo más extremo que hemos tenido, pero también hay venezolanos con su documentación que han sido devueltos ilegalmente a su país, poniéndolos en riesgo. A más de la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos que están en esa isla les han negado la posibilidad de tener documentación. Además de eso, la Guardias Costera muchas veces si no disparan, han impedido que venezolanos puedan ingresar, forzándolos a regresar en sus peñeros y muchas veces terminan en naufragios, entonces muchos o terminan desaparecidos o ya murieron ahogados.
El gobierno de Trinidad y Tobago está muy lejos de tener una política migratoria regular, segura y ordenada; y está muy lejos de tener políticas que integren a los migrantes y refugiados venezolanos. Se estima que en ese país hay aproximadamente 40.000 migrantes y refugiados venezolanos, y apenas cerca de 20.000 tienen una documentación.
El régimen ha coordinado con el gobierno trinitense deportaciones de venezolanos inocentes, sin antecedentes penales, sin haber cometido crímenes. Hay casos de venezolanos que estaban estudiando o trabajando de manera regular, con su documentación, y fueron deportados. Por eso creo que es importante que la comunidad internacional no debe recaer solo en la oficina que coordino, sino que haya una mejor coordinación para tener unas mejores prácticas del gobierno de Trinidad y Tobago.
—¿El régimen de Maduro ha coordinado deportaciones de venezolanos con Trinidad y Tobago?
—Sí, son coordinadas. De hecho, poco después del lamentable caso de los náufragos de Güiria y del episodio de los 16 niños que iban a ser deportados, pero que gracias a la presión que se generó en ese momento se evitó, coordinaron -cuando Jorge Arreaza era canciller- una deportación de más de 200 venezolanos, que llegaron a Delta Amacuro. Por cierto, este peñero (en el que asesinaron al bebé) salió de Delta Amacuro, en donde según la Encovi, junto con Sucre, el 99 % de su población vive en pobreza o pobreza extrema y además sufre inseguridad alimentaria. ¿Cómo no van a huir de donde viven?
—Más de 48 horas después del suceso, ni la OEA ni su secretario general, Luis Almagro, han emitido algún comentario o comunicado al respecto. ¿Por qué?
—Allí hay dos cosas importantes. Primero, yo he sido comisionado por el secretario general para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos desde 2018. Tengo dos mandatos muy claros: uno, a través de un diálogo regional con las agencias de Naciones Unidas, sociedad civil y gobiernos, promover políticas que protejan y atiendan a los migrantes y refugiados, cosas que se ha venido haciendo; y el otro mandato que tengo es evidenciar las causas por las cuales los venezolanos huyen de su país. En ese sentido, he venido siendo yo quien se ha ido pronunciando.
Y la otra cosa muy importante es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció. Y más allá de la OEA, las distintas agencias de la ONU también se pronunciaron y es bastante probable que esto, en su momento, pueda ser elevado ante otras instancias. Ha habido pronunciamiento y seguirán habiendo, porque aquí lo que queremos es que se sepa realmente lo que sucedió, que está bastante claro por la propia Guardia Costera de Trinidad y Tobago con su comunicado, y que haya justicia.
—El gobierno interino de Juan Guaidó, a quien la organización reconoce como presidente legítimo de Venezuela, pidió a la OEA que abra una investigación. ¿Sabe si lo harán? ¿Qué mecanismos tiene la OEA para llevar a cabo una investigación de este tipo y, en caso de que encuentren responsabilidad del Estado trinitense, puedan imponer algún tipo de sanción?
—El gobierno interino no solo lo pidió a la OEA, sino a las distintas instancias en donde esto se pueda hacer, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las distintas agencias de la ONU. Eso es lo que viene ahora. Esperamos que se pueda arrancar lo más pronto posible, y que haya una investigación que no solamente sea seria, sino que sea imparcial, independiente y ágil, porque lo que sucedió merece una respuesta rápida y sobre eso se irá informando a medida que se tengan avances.
—Sus estimaciones apuntaban a siete millones de migrantes y refugiados venezolanos para 2022. Usted ha hablado con miles de migrantes venezolanos, sabe por qué se van y a qué están dispuestos a sacrificar. ¿Cree que estas noticias como la de Trinidad y Tobago, o la niña que se ahogó en la frontera entre México y Estados Unidos, podrían generar una disminución de la migración venezolana para este año o la crisis humanitaria seguirá empujando a muchos a seguir saliendo del país a pesar de estas alertas?
—La proyección que hicimos de que este año se puede llegar a siete millones de migrantes y refugiados venezolanos es siempre tomando en cuenta la variable de que Maduro siga usurpando el poder y que esa usurpación siga trayendo como consecuencia una profundización de la emergencia humanitaria compleja, mayor violación de los derechos humanos, mayor deterioro de los servicios básicos, menos oportunidades de empleo. Otra variable importante es que el paso fronterizo, que ya ha venido siendo así, se regularice con la flexibilización poscovid-19.
Entonces, desafortunadamente, sí hay probabilidades de que se llegue a los siete millones de migrantes y refugiados venezolanos. Eso quiere decir que este año podrían irse, al menos, un millón de venezolanos más. Eso nos convertiría en la crisis migratoria más grande del mundo, superando a la de Siria. Obviamente, no es lo que queremos.
—Ha dicho el venezolano “no se va a donde quiere sino a donde puede”. Pero a veces pareciera que cada vez son menos los países en los que quieren a los venezolanos y cada vez más a los que no pueden ir. ¿Nos están empujando a no salir más de nuestras fronteras? ¿Llegará el momento en el que, además de no ser queridos, tampoco seremos admitidos?
—Este deslave humano no lo frena las restricciones migratorias. Trinidad y Tobago solicita visa, e igualmente los venezolanos están tratando de ingresar. Muchos otros países, Perú, Ecuador o Chile, piden visa, e igual hay venezolanos que ingresan cada día a esos países. Evidentemente, cada gobierno es autónomo de implementar sus políticas migratorias, obviamente yo promuevo que en la región haya una migración regular, segura y ordenada. Ese deslave humano solo se va a frenar si en Venezuela hay una restitución de la democracia y todo lo que eso conlleva.
—Muchas personas en Venezuela han asumido que la xenofobia es una consecuencia inevitable de esta ola migratoria. Incluso algunos, acá y afuera, llegan a justificarla desmarcándose de sus propios connacionales. ¿Nos estamos acostumbrando a la xenofobia contra nosotros mismos? ¿Se ha normalizado?
—No. Si bien es cierto que hemos tenido algunos focos de xenofobia y discriminación en el continente, cuando uno lo compara con otras crisis migratorias en el mundo, afortunadamente es mucho más leve en el caso de los venezolanos. Sin embargo, mientras sigan huyendo venezolanos de su país, la probabilidad de que haya más xenofobia evidentemente aumenta.
Las políticas contra la discriminación y la xenofobia no solamente deben recaer en organizamos como la OEA o la ONU, o en gobiernos de competencia nacional, sino que también debe haber un compromiso de gobiernos locales, porque esa es la primera autoridad con la que se tropieza un migrante o refugiado. También tiene que recaer en la propia sociedad civil, que integren y abran sus brazos. Cuando hubo democracia, Venezuela dio ejemplo en cuanto a integrar a aquellos que huían de guerras, de conflictos armados, de dictaduras, de hiperinflación. Incluso mucha gente de Trinidad y Tobago vio en Venezuela una oportunidad que no tenía en su isla. Entonces lo que hoy pedimos es que haya una retribución.
—¿Y cómo evitar que se responda a la xenofobia con más xenofobia?
—Hay que impedir que el monstruo de la xenofobia crezca y es una responsabilidad de todos. Yo lo decía en mis redes sociales: que no se caiga en un discurso peyorativo de que los trinitenses que llegaron a Venezuela eran heladeros, porque ese era un trabajo como el que hoy tienen muchos venezolanos en el continente, repartiendo comida. Eso se evita haciendo pedagogía. Esto para nosotros es nuevo, este fue un país que estuvo acostumbrado a recibir migrantes, no un país del que la gente se va.
