• El análisis “Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela” fue realizado por Amnistía Internacional, la ONG Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)

Una nueva investigación de Amnistía Internacional en conjunto con la organización no gubernamental Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) reveló la correlación que existe entre las detenciones arbitrarias por motivos políticos y las estigmatizaciones realizadas por varios medios de comunicación afines al régimen de Nicolás Maduro. 

Este análisis “Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”, publicado el 11 de febrero, mostró que en el año 2019 la correlación general entre ambas variables fue de 29 %, en 2020 aumentó al 42 % y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77 %.

De acuerdo con el estudio, la relación anual entre detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones varían dependiendo de los cuerpos de seguridad involucrados. La incidencia se establece de la siguiente manera: 

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En 2019 hubo una correlación de 74 % con las detenciones realizadas por órganos de inteligencia como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). 

Estudio revela correlación entre estigmatizaciones y detenciones arbitrarias en Venezuela
Foto: Referencial

En 2020 la relación entre estigmatizaciones y detenciones arbitrarias aumenta hasta el 92 %  por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acción Especial (FAES). 

En 2021 se ubicó en 92 % la correlación entre ambas variables con la actuación de órganos policiales como las FAES, los cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). 

Entre enero de 2019 y junio de 2021 existe una correlación de 94 % entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo “Con El Mazo Dando” y las detenciones arbitrarias por motivos políticos,  llevadas a cabo por un cuerpo de seguridad militar y procesadas por la jurisdicción militar. Otros medios financiados por el Estado e independientes forman parte del patrón de estigmatizaciones.

Desde los más altos niveles del Estado se ha estructurado un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos, a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales. Con esta investigación se evidencia como la estigmatización, es aplicada bajo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado”, dijo Marianna Romero, directora general del CDJ.

Irrespeto al debido proceso

Entre las características de las detenciones arbitrarias que se denuncian en el informe están: allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales, incomunicación y aislamiento de la persona privada de la libertad, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas detenidas,  presentación ante tribunales militares de personas civiles, entre otras.

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Estudio revela correlación entre estigmatizaciones y detenciones arbitrarias en Venezuela
Sede del Helicoide Foto: EFE

Destacan el uso de la jurisdicción militar en casos civiles y de tribunales ordinarios con competencia especial en terrorismo, lo cual restringen de manera el derecho a la defensa. 

Desde 2014, Foro Penal ha registrado que al menos 875 civiles han sido investigados, procesados o juzgados por tribunales militares.

No queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano, es decir funcionarios públicos, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos, lo cual no debe quedar impune”, afirmó Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.

Las organizaciones que realizaron la investigación  hacen un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) para que considere incluir en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela los crímenes de privación arbitraria de la libertad y de persecución.

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