- El análisis “Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela” fue realizado por Amnistía Internacional, la ONG Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Una nueva investigación de Amnistía Internacional en conjunto con la organización no gubernamental Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) reveló la correlación que existe entre las detenciones arbitrarias por motivos políticos y las estigmatizaciones realizadas por varios medios de comunicación afines al régimen de Nicolás Maduro.
De acuerdo con el estudio, la relación anual entre detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones varían dependiendo de los cuerpos de seguridad involucrados. La incidencia se establece de la siguiente manera:
En 2019 hubo una correlación de 74 % con las detenciones realizadas por órganos de inteligencia como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
En 2020 la relación entre estigmatizaciones y detenciones arbitrarias aumenta hasta el 92 % por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
En 2021 se ubicó en 92 % la correlación entre ambas variables con la actuación de órganos policiales como las FAES, los cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Entre enero de 2019 y junio de 2021 existe una correlación de 94 % entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo “Con El Mazo Dando” y las detenciones arbitrarias por motivos políticos, llevadas a cabo por un cuerpo de seguridad militar y procesadas por la jurisdicción militar. Otros medios financiados por el Estado e independientes forman parte del patrón de estigmatizaciones.
Irrespeto al debido proceso
Entre las características de las detenciones arbitrarias que se denuncian en el informe están: allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales, incomunicación y aislamiento de la persona privada de la libertad, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas detenidas, presentación ante tribunales militares de personas civiles, entre otras.
Destacan el uso de la jurisdicción militar en casos civiles y de tribunales ordinarios con competencia especial en terrorismo, lo cual restringen de manera el derecho a la defensa.
Las organizaciones que realizaron la investigación hacen un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) para que considere incluir en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela los crímenes de privación arbitraria de la libertad y de persecución.
