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Corría agosto de 2021 cuando, en nuestra conflictiva ciberrealidad, el debate latente databa sobre la pertinencia o no de participar en la convocatoria a elecciones regionales por parte de un cuestionado Consejo Nacional Electoral. De un lado, un grupo de políticos, intelectuales, analistas y activistas criticaba las condiciones electorales bajo las cuales se desarrollaba el proceso, así como la pertinencia de este proceso electoral tomando en cuenta los procesos “pendientes” del país como lo son las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Frente a ellos, otro muy respetable grupo de miembros de la sociedad civil alegaba que esta era una oportunidad de organizarnos, reagruparnos como fuerzas democráticas, denunciar la ausencia de condiciones de forma activa y, sobre todo, de “defender nuestros espacios”.
Ese fue un debate apasionado y nutritivo en iguales proporciones. Más allá de los calificativos, que iban desde llamarnos radicales o colaboracionistas, impertinentes o ingenuos, polarizadores tóxicos o cohabitadores, ambos bandos tenían argumentos de peso para defender su política. Luego del 21 de noviembre y de la repetición de elecciones del 9 de enero en Barinas, cada “bando” también pudo atribuirse a sí mismo la razón sobre la ruta que habían defendido.
Sin embargo, la puesta en escena de los denominados “espacios defendidos” deja en tela de juicio la estrategia de defender esos territorios solo porque sí. Solo con ver las noticias de los últimos diez días podemos ver síntomas preocupantes: en Baruta, un alcalde que ejercía de portavoz de un bodegón responsable de un incendio que afectó a todo un edificio. En las últimas horas, la noticia de una frutería que fue demolida en Altamira luego de 75 años de actividad ininterrumpida en la zona, con el aparente fin de avalar la construcción de una tienda por departamentos recientemente multiplicada en todas las zonas de Venezuela.
En ambos casos, y en otros que probablemente se me escapan, se vislumbra un problema político grave para quienes nos preocupamos por lo público en nuestro país: el pasado noviembre habíamos elegido defensores de nuestros espacios contra un régimen que violó todos nuestros derechos, pero hoy, cuando en esas localidades se presentan amenazas, los mismos parecen estar baldíos, con liderazgos que en lugar de defender al ciudadano, trabajan en cooperación con quienes atentan contra ellos.
Lo desalentador de esta realidad es que no parece ser una política aislada. Mientras los alcaldes que menciono parecen trabajar con gusto con las nuevas clases pudientes en la ocupación de espacios haciendo oídos sordos a las críticas que desde la ciudadanía se hacen, otros sectores de la vida política e intelectual del país defienden la idea de ocupar cuotas en el nuevo poder judicial que nombrará el chavismo. Todo esto mientras afirman que la mejor opción para los venezolanos es prorrogar las aspiraciones de cambio político hasta 2024.
Dar largas a este doloroso statu quo sin hacer mayor oposición solo puede comprenderse desde la óptica de quien no sufre necesidades si no que, por el contrario, parece estar generando ganancias personales en la Venezuela presente. No con esto estoy diciendo que optar por una salida inmediata en este año sea realista, pero sí entiendo que el rol para el cual quienes ostentan posiciones de liderazgo político en nuestro país en un contexto autoritario y de emergencia humanitaria debe ser el apurar los mecanismos que tenga a su disposición para obtener una salida política viable a nuestra crisis.
En ese sentido, de quienes aspiran a liderar nuestro país, no espero una falsa y hueca consigna de defensa de espacios que en la práctica nos deje más debilitados y desmotivados como ciudadanía. Si ese es el camino escogido, estaré consciente de que esos espacios en la realidad estarán baldíos.
Como ciudadano espero políticos que entiendan que seguimos en un modelo que oprime derechos, que restringe libertades, que limita nuestras oportunidades. Políticos que lideren y nos dirijan hacia una salida realista pero entendiendo la urgencia de un país que no puede esperar dos años en la situación de precariedad en la que se ubica la mayor parte de sus pobladores. Eso sí es lo que entiendo como defensa de espacios.
