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- La medida, que tendrá vigencia en Alicante, sanciona a personas sin camisa, que hagan grafitis, acrobacias o jueguen con la pelota en horas “impropias”. Asimismo, abrió la discusión en torno al retraso en derechos que trae la ordenanza | Foto: EFE.
Tras la aprobación del pleno del Ayuntamiento de Alicante (España), en 15 días entrará en vigor una nueva norma que sancionará a las trabajadoras sexuales, mendigos y personas que viven en la calle. Se trata de una ordenanza de Convivencia Cívica votada vía telemática el 15 de febrero por PP, Cs y Vox, con 16 votos a favor y 13 en contra (PSOE, Unides Podem EU y Compromís).
Las prácticas prohibidas incluirán: el llevar a cabo directa o indirectamente trabajos sexuales, mendigar con actitudes coactivas o de acoso, hacerlo con niños, personas con discapacidad y gente que vive en la calle. Realizar estas acciones puede resultar con una multa de entre 750 y 3.000 euros.
La ordenanza de convivencia también tiene previsto multar a personas que estén sin franela en la calle, que escuchen música con volumen alto en el vehículo, que hagan grafitis, practiquen acrobacias en patines o monopatines, y jueguen con el balón en horas “impropias”. Las multas serán impuestas por la Policía Local alicantina una vez entre en vigencia la normativa en los boletines oficiales.
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De acuerdo con uno de los promotores de la nueva norma local, el concejal de Seguridad José Ramón González, con la ordenanza se busca “retomar el orden” de Alicante, acabar con “las mafias”, reseña El País. También hizo alusión a que en ciudades como Barcelona y Valencia también se aprobaron regulaciones similares. Agregó que ofrecerán ayuda de servicios sociales a los que infrinjan la norma.
Los mendigos y trabajadores sexuales podrán sustituir la multa por talleres y cursos
Dentro de la ayuda social prevista está la posibilidad de los infractores de librarse de la multa si se solicita una sustitución de la misma por la realización de talleres, cursos, programas de formación y trabajo comunitario. La discusión de la norma provocó un debate en cuanto a qué tanto limita los derechos y si significa un retraso en materia de igualdad, inmigración y derechos LGBTIQ+.
La izquierda española no apoyó el decreto y anunció que, de llegar al poder, lo derogará. Cuestionó también el manejo del presupuesto como un tema político, más que social. Más de 40 organizaciones sociales como Cáritas, Médicos Sin Fronteras y otra serie de agrupaciones locales rechazaron la ordenanza y no se tomó en cuenta sus posturas durante la discusión.
“Alicante será una ciudad más insegura para las mujeres, personas sin hogar migrantes y colectivo LGBTIQ+”, señala Xavier López, de Podem, reseña El País. Expresó que la ordenanza “se aprobó a espaldas de la ciudadanía y sin consenso”. El socialista Francesc Sanguino comentó que se “vació de contenido” la propuesta aplicada en Valencia y Barcelona y prescinde de aspectos sociales importantes.
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La coalición gobernante en Alicante fue la encargada de promover la propuesta (PP y Cs) alegando que los vecinos requerían normas de ese tipo. Sin embargo, ha generado críticas de distintos sectores luego de su aprobación. “Volvemos al pasado. A la ordenanza de Sonia Castedo, a ser una ciudad más inhumana, más bárbara, más triste, más cruel y cobarde”, puntualizó el portavoz de Compromís Natxo Bellido, uno de los que se opuso a la ordenanza de comportamiento cívico.
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