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- La oposición catalogó la decisión contra la exmandataria como un retroceso judicial. El juez ordenó “restablecer la salud de la señora Áñez hasta que su vida se encuentre fuera de peligro, debiendo actuar incluso en contra de su voluntad”
Argumentando que el resguardo de su vida “tiene privilegio incluso por encima de su propia voluntad”, un juez de Bolivia ordenó interrumpir la huelga de hambre que desde hace 11 días realizaba en prisión la expresidenta Jeanine Áñez para exigir su libertad. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de La Paz revirtió la decisión que declaraba procedente la acción de libertad a favor de la exmandataria interina para que fuera trasladada a un hospital. Tanto los familiares de Áñez como la oposición han denunciado un retroceso judicial que pone en peligro su salud.
En cumplimiento de la orden de interrupción del fallo que emitió el juez, la administración penitenciaria suministró un suero de rehidratación a la expresidenta, “con aprobación de la paciente”. No obstante, la hija de Áñez aseguró que la habían sedado para ponerle el suero intravenoso y que temía que su propósito fuera matar a su madre. Las autoridades desmintieron esa última versión.
Durante una audiencia el viernes 18 de febrero, Áñez se descompensó. Tuvieron que suspender la audiencia y el juez octavo de sentencia penal ordenó que la expresidenta fuera trasladada al Hospital de Clínicas de La Paz con el propósito de hidratarla y nutrirla, con o sin su aprobación. La salida de la prisión hacia el hospital fue bien vista tanto por sus familiares como por la oposición, luego del esfuerzo que había hecho la expresidenta.
Revirtieron la decisión
La decisión, sin embargo, dividió a sectores de la población boliviana. Varios de los partidarios del partido de gobierno, Movimiento al Socialismo (MAS), acudieron con pancartas a la puerta del penal para tratar de evitar el traslado. “Áñez golpista”, algunos de los carteles de los manifestantes. Estos se enfrentaron a algunos seguidores de la exmandataria, quienes pedían su liberación.
El grupo del MAS, partido del expresidente Evo Morales, destruyó la carpa en la que estaban resguardados los seguidores de Áñez y la arrastraron varios metros para finalmente prender fuego al armazón y a carteles que pedían “justicia y libertad” para la expresidenta interina.
Áñez está en prisión desde hace un año por haber asumido la presidencia de Bolivia, supuestamente violando la Constitución de ese país.
Ante el enfrentamiento de la multitud en las afueras del penal, la gobernadora del centro de internación informó entonces de “la imposibilidad material” de llevar a Áñez al hospital. En consecuencia, otro juez ordenó que médicos del servicio público entraran en la prisión para “restablecer la salud de la señora Áñez hasta que su vida se encuentre fuera de peligro, debiendo actuar incluso en contra de la voluntad” de la huelguista.
Retroceso en la justicia
La oposición interpretó el no traslado de Áñez como un retroceso judicial.
“Exigimos a Luis Arce que garantice la vida de la expresidenta y que sea trasladada de inmediato a un centro de salud, protegida de los grupos de choque masistas”, tuiteó el expresidente Carlos Mesa. “Es claro que no se respeta lo que dicta la justicia, el masismo está aplicando una forma clara de tortura al impedir que Jeanine Áñez reciba la atención de salud que necesita”, escribió por su parte Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz.
Los opositores, que apoyaron la toma de posesión de Áñez en 2019, luego de las elecciones supuestamente fraudulentas que dieron como ganador a Morales, insisten en que fue legal y que por lo tanto la exmandataria no debe estar en prisión.
Salud en prisión
El 21 de agosto de 2021, Áñez pretendió lesionarse en el penal donde cumplía su detención preventiva.
El ministro de gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, manifestó en una conferencia de prensa que Áñez intentó “generarse una autolesión” y que presentó algunos “rasguños” en uno de sus brazos. Posteriormente detalló que estaba “completamente estable” y que las lesiones eran “superficiales”.
“Mantener a la expresidenta detenida puede traer consecuencias lamentables para ella, su familia y el país”, dijeron en un comunicado los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jaime Paz Zamora (1989-1993) y Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002). “Extendemos nuestra preocupación a los organismos internacionales de Derechos Humanos, y les solicitamos que verifiquen la situación física y emocional de la expresidenta Jeanine Áñez” advirtieron en aquella oportunidad.
