Email
- Los familiares de las víctimas continúan a la espera de que se identifiquen y se entreguen los cuerpos de sus seres queridos que, hasta la fecha, todavía no han sido reconocidos por las autoridades venezolanas
En el aniversario de la trágica revuelta popular de hace 33 años, analistas y defensores de derechos humanos denunciaron que los familiares de las víctimas y sobrevivientes no han obtenido justicia desde aquel 27 de febrero de 1989 cuando ocurrió El Caracazo.
De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos y muchos desaparecidos.
Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, en Caracas, donde hallaron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial.
“Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic).
Actualmente la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero siguen siendo incalculables. De hecho, se habla de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces ministro de la Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, contó poco más de 300.
Para la abogada, defensora de derechos humanos y cofundadora de Cofavic, Liliana Ortega en El Caracazo hubo 5.000 asesinatos y la información sobre estas víctimas sigue siendo desconocida en el país.
¿Qué sucedió?
Hace 31 años, un conjunto de medidas económicas motivaron una serie de protestas que luego degeneraron en saqueos, disturbios y acciones represivas por parte de los cuerpos de seguridad.
La cifra oficial de muertos era de 276 personas, pero no se tomó en cuenta el número de cuerpos enterrados en fosas comunes.
Un grupo de familiares de las víctimas se unió para fundar Cofavic. A partir de allí, se iniciaron campañas en búsqueda de justicia para establecer las responsabilidades en este hecho.
La Fiscalía, en el año 2009, promovió nuevas exhumaciones, pero a la fecha no hay nuevos identificados y los familiares no tienen acceso a los expedientes.
La sentencia de la CIDH
Cofavic promovió que el caso fuera reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2002. En dichos expedientes existen 45 víctimas de esos hechos.
La sentencia de la Corte IDH establece que se deben encontrar e identificar los restos de todas las víctimas, pues todavía no hay una cifra definitiva de muertos y desaparecidos.
La ONG afirma que el Estado debe gestionar la reconstrucción de la memoria colectiva y que se sepa quiénes murieron, cómo murieron y quiénes dispararon.
Sin embargo, Cofavic denuncia que esto tampoco ha sucedido. El gobierno de Hugo Chávez solo cumplió con el pago de una indemnización a los familiares, pero nunca investigó los hechos.
La organización sostiene que actualmente el régimen de Nicolás Maduro permanece en deuda por la falta de una determinación de responsabilidades.
Cofavic denunció que lo ha ocurrido es un ocultamiento y destrucción de evidencia. Sin embargo, los familiares de las víctimas siguen a la espera de una reconstrucción de los hechos y obtener algo de justicia.
