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- La Corte Constitucional colombiana considera que los migrantes irregulares conforman una población vulnerable que se ve desproporcionadamente afectada por las medidas que penalizaban el aborto fuera de las tres causales legales establecidas. El movimiento Causa Justa argumentó la necesidad de tomar en cuenta las barreras que enfrentan ciertos grupos de mujeres para acceder al aborto
Con la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24, Colombia elevó el debate en Latinoamérica sobre este tema. Uno de los argumentos que llevó el movimiento Causa Justa a la justicia colombiana es que las mujeres en situación de vulnerabilidad se enfrentan a barreras en el acceso a estos servicios, entre ellas las migrantes venezolanas.
Desde el año 2006 la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Colombia bajo tres causales: cuando el embarazo implica un riesgo para la salud física o mental de la mujer, en caso de abuso sexual o incesto y malformación del feto.
Con la desición de la Corte del 21 de febrero, las mujeres podrán acceder al aborto hasta la semana 24 de gestación. Después de ese tiempo, pueden realizar el procedimiento solo si se amparan en alguna de las tres causales ya establecidas en la ley.
El lapso de 24 semanas para realizar el procedimiento ha sido motivo de discusión y debate. Algunos consideran que es una etapa muy avanzada para realizar el procedimiento. El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó de “atroz” la decisión de la Corte y se mostró en contra del fallo.
“Estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a la nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación”, cuestionó Duque en una declaración a los medios.
Esta postura ha sido rebatida por el movimiento Causa Justa, que alega que es muy poco el porcentaje de mujeres que esperan hasta después del primer trimestre de gestación para realizar el procedimiento. Sin embargo, consideran que existen otras aristas de relevancia en la decisión de la Corte.
La Corte Constitucional tuvo en cuenta en la sentencia el argumento de que la penalización del aborto impacta de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas las migrantes irregulares.
Migración venezolana
Colombia es uno de los países que ha recibido más migrantes venezolanos. Hasta el 26 de octubre de 2021, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) registró 1.842.390 ciudadanos venezolanos residiendo en Colombia. De esa cifra, 325.643 se encuentran en estatus migratorio irregular y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que Colombia ha regularizado a más de 296.000 venezolanos, a través del Estatuto Temporal de Protección (ETP).
Sin embargo, muchos de los migrantes venezolanos se encuentran en situación irregular en Colombia, incluyendo mujeres que cruzan la frontera en busca de una mejor calidad de vida, acceso a la salud, trabajo, entre otros.
Si bien el aborto estaba legalizado bajo tres causales, existían problemáticas que afectaban el acceso a las mujeres a este servicio. Una de las dificultades era la delgada línea entre el acceso al aborto y el delito. Esto generaba dificultades especialmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El colectivo Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres indicó que alrededor de 400 casos son llevados ante la justicia penal anualmente y que son las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad, quienes están en mayor riesgo de ser criminalizadas por abortar. La migración irregular es considerada una situación de vulnerabilidad, especialmente para las mujeres venezolanas que llegan al país.
Selene Soto, abogada senior de la organización internacional Women’s Link, explicó para El Diario que si bien las barreras en el acceso al aborto implican un riesgo para las mujeres en general, en el caso de las mujeres con vulnerabilidades específicas (como las migrantes venezolanas) el impacto es mucho mayor.
Señala que si bien son trámites administrativos, generan un impacto “grave y peligroso”.
El movimiento Causa Justa argumentó ante la Corte la necesidad de de reconocer el impacto de estas barreras en el derecho a las mujeres para acceder al aborto.
Ante esto, el organismo judicial señaló, en los aspectos que consideró para su decisión final, que “las mujeres denunciadas por el delito de aborto consentido (…) están expuestas a factores interseccionales de discriminación que las hacen aún más vulnerables”. Además, reconoce a las mujeres en situación de migración irregular como parte de un grupo vulnerable.
Soto explicó que con la sentencia de la Corte Constitucional se deben eliminar estas barreras y los centros de salud deben adecuar los protocolos de atención para todas las mujeres, sin importar su situación migratoria.
Precedentes legales
En el año 2020, Womens’ Link presentó una demanda popular en Norte de Santander ante las dificultades que enfrentaban las mujeres en general, pero especialmente las migrantes, en el acceso a servicios de aborto y de salud sexual y reproductiva. En 2021 el juzgado otorgó medidas provisionales y reconoció que los centros de salud tienen la obligación de atender a las mujeres sin importar su estatus migratorio.
“Con la decisión de la corte tenemos una base legal importante para insistir en que las mujeres migrantes tienen que tener acceso a este servicio sin importar su situación migratoria u otra barrera relacionada con la migración”, explica Soto.
La abogada señala que ya existía jurisprudencia en el país que obligaba a los centros de salud a atender a los migrantes venezolanos y se ha avanzado en que los servicios de salud sexual y reproductiva sean considerados también como parte de la atención de emergencia, incluyendo el aborto.
Sin embargo, en la práctica han existido irregularidades en torno a la prestación de este servicio. Destaca que la organización ha documentado casos de mujeres migrantes a las que le negaron el procedimiento por no tener documentación o estar de manera irregular en el país, algunas han sido víctimas de desinformación, entre otras. Con la decisión de la Corte Constitucional y su aplicación inmediata estas barreras deberían disminuir.
El movimiento insistirá ante la justicia para que se elimine el delito de aborto, que todavía se mantiene si una mujer se realiza el aborto después de las 24 semanas y fuera de las tres causales.
La existencia del delito supone una amenaza para las mujeres que desean abortar, incluyendo las migrantes. Es por ello que gran parte de las gestantes no acuden al sistema de salud por este riesgo de ser criminalizadas.
¿Cómo puede hacer una migrante para solicitar un aborto?
La abogada señala que las mujeres pueden ir a una Entidad Promotora de Salud (EPS) y solicitar el procedimiento. Antes de la semana 24 las mujeres no tienen la necesidad de certificar que su caso está bajo las tres causales.
Ningún ente de salud puede negarse a prestar o gestionar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. En el caso de los profesionales de salud objetores de conciencia (que por sus creencias se niegan a realizar ciertos actos legales), se le respetará su derecho de no realizar el procedimiento pero el centro de salud está en la obligación de gestionar el procedimiento para la paciente, de acuerdo con lo establecido en la ley.
“Ahora debemos trabajar en la implementación. Garantizar que todos los centros de salud cuentan con los protocolos necesarios”, explica Soto.
Lapso de 24 semanas
El tiempo límite de 24 semanas para acceder libremente al aborto ha sido motivo de polémica. Algunos consideran que es una etapa muy avanzada para realizar el procedimiento. Sin embargo, el movimiento Causa Justa recordó que desde 2006 en Colombia más del 80 % de los abortos se hacían en el primer trimestre de gestación bajo las tres causales.
Selene Soto señala que por los retrasos en el sistema las mujeres se ven obligadas a llegar a etapas avanzadas del embarazo. Con la existencia de este marco amplio legal las mujeres que se enfrentan a estas barreras pueden acceder al servicio.
La abogada afirma que se logró un cambio legal, pero debe haber un cambio social y cultural respecto al tema de aborto. Aunque afirma que con la sentencia de la Corte Constitucional se elevó el tema de aborto en la región.
Si bien las mujeres migrantes en situación de irregularidad ya contaban con el derecho de acceder a los servicios de salud, la decisión de la Corte Constitucional en torno al aborto debería disminuir las barreras que enfrentan los grupos vulnerables para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
