• La organización Un Mundo Sin Mordaza presentó el 8 de marzo su Informe Anual de Libertad de Expresión, en donde expone los casos que evidencian el patrón de la sistematización de este derecho en Venezuela

El patrón de sistematización y cercenamiento del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela se repitió nuevamente en el año 2021, así lo evidenció el  Informe Anual de Libertad de Expresión de la ONG Un Mundo Sin Mordaza.

El documento reseñó que durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2021, la organización Espacio Público contabilizó al menos 471 denuncias de violaciones a la libertad de expresión.

Según la ONG, de enero a agosto del año pasado se registraron 151 casos que contemplan 292 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, lo que representa una disminución del 50 % de los casos y del 63 % de violaciones contabilizadas durante el mismo periodo de 2020.

Sin embargo, la organización resalta que, pese al decrecimiento en los casos, es alarmante la continuidad de la violación al derecho.

“La disminución debe comprenderse como una consecuencia del régimen de limitación de circulación que seguía vigente en los primeros meses del año, con motivo del covid-19”, precisó el informe.

Libertad de expresión

La ONG describe que la libertad de expresión es un derecho humano que puede ser calificado como un derecho que protege derechos. “El rol que esta representa en la formación de un Estado democrático es crucial para el desarrollo pleno de la personalidad y las transformaciones de las estructuras sociales”, reseñó.

En este sentido, las organizaciones internacionales resaltan continuamente la conexión que existe entre el Estado de derecho, la democracia y la libertad de expresión, “ya que este vínculo es el que permite exigir principios de transparencia, promoción y protección de los derechos humanos”.

La libertad de expresión se encuentra definida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (DUDH), que expone:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Casos documentados

La abogada Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de Un Mundo Sin Mordaza, detalló que durante 2021 la organización documentó 41 incidencias entre retenciones y detenciones arbitrarias tanto a periodistas como a particulares en el ejercicio de difusión y acceso libre a la información. Esto dejó un saldo de 20 periodistas y 21 civiles víctimas de estas violaciones. 

Metodología de tipo documental: el informe recopiló datos proporcionados por diversas fuentes y documentos de otras organizaciones.

También registró un total de 87 actos de amenaza, hostigamiento o agresiones entre civiles y trabajadores de prensa. De acuerdo con la ONG, los ataques consistían en amenazas en redes sociales por parte de funcionarios públicos, persecuciones, confiscación de equipos y material de trabajo, intimidaciones, amenazas, agresiones físicas, morales y psicológicas, entre otros.  

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Foto: EFE.

¿Quiénes realizaron las detenciones?

La ONG reseño una lista de los principales cuerpos policiales que realizaron las detenciones y retenciones.

-El 19 % fueron realizadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
-Los policías estatales realizaron el 26,2 %.
-El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) realizó el 16,7 %.
-El 14,3 % de las víctimas tiene órdenes de aprehensión del Ministerio Público.
-El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro realizó el 4,8 %.
-Funcionarios de la milicia realizaron el 4,8 %.
-El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvo al 9,5 %.
-Escoltas de funcionarios públicos realizaron el 2,4 %.
-La Dirección General de Contrainteligencia Militar consumó un 2,4 %

Violaciones a la libertad expresión en medios tradicionales

Referente a los medios de comunicación tradicionales, la ONG contabilizó un total de 39 casos, dirigidos hacia canales de TV (33,3 %) y estaciones de radio (59 %), donde más del 50 % de ellos fueron censurados por medio de sanciones administrativas o judiciales. 

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El informe resalta el caso de la estación de radio Rumbos 670 AM, el cual luego de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la emisora se vio obligada a suspender su programación y desalojar su sede. 

Los medios digitales también se vieron afectados por la censura del régimen de Nicolás Maduro. La organización registró 21 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales, en los cuales el Estado utilizó medios directos como sanciones administrativas que causan bloqueos HTTP o DNS por parte de CANTV.

Entre los medios indirectos, la ONG mencionó los ataques cibernéticos o falsas denuncias en redes sociales como Twitter que causan el cierre de las cuentas de los usuarios relacionados.  

En la violación al derecho de propiedad documentó seis ataques directos, distribuidos de la siguiente manera: 

-Uno a medios impresos, a la sede del diario El Nacional a través de un embargo ejecutivo, -Dos ataques a medios televisivos, una a la sede del canal Venevisión en Puerto Ordaz y otra a la sede de VPI en Caracas.

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-Dos a estaciones de radio, a la emisora de radio Rumbos 670 AM después de una sanción judicial; y a la radio Selecta 102.7 FM, atacada por simpatizantes del oficialismo enviados por funcionarios públicos.

-Uno a la sede de oriente, Cumaná (estado Sucre), del Colegio Nacional de Periodistas, por un incendio provocado por factor humano.

Autocensura en la ciudadanía

La abogada del equipo jurídico de Un Mundo Sin Mordaza explicó que el informe se elaboró a la par del Reporte Especial de Autocensura en Venezuela, el cual tiene como finalidad analizar la autocensura en la ciudadanía y su afectación en la libertad de expresión.

Durante el año 2021, una encuesta realizada por la ONG a al menos 700 personas reveló que el 93 % de la sociedad civil considera que no se puede ejercer plenamente la libertad de expresión en Venezuela. 

El 26,2 % (166) de la población estudiada considera que nunca se ha sentido seguro al expresar su opinión o difundir información, mientras que el 49,1 % (311) consideran que han sentido muy poca seguridad. 

Al menos 565 personas indicaron que no hay posibilidades de expresarse en manifestaciones pacíficas, debido a que temen sufrir agresiones y hostigamientos por parte de los cuerpos de seguridad.

“Estas cifras representan la mayoría de los encuestados, es decir, la mayoría sienten temor de manifestar opiniones que contravengan la narrativa de quienes ocupan el poder, por temor de ser perseguidos, hostigados o encarcelados por simplemente emitir su opinión o laborar en la difusión de información dentro de Venezuela”, indicó la organización.

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