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- El Centro Gumilla y Provea documentaron que todos los casos de asesinatos en manos de organismos de seguridad ocurrieron en sectores populares. Aunque la cifra es considerablemente más baja que el año anterior, todavía evidencia una política de violencia y brutalidad policial por parte del Estado
El régimen de Nicolás Maduro fue responsable de al menos 1.414 ejecuciones extrajudiciales durante el año 2021. Esto de acuerdo a un informe presentado el 14 de marzo de 2022 por la organización no gubernamental (ONG) Provea y el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas del Centro Gumilla. La cifra representa una reducción de 53,39 % respecto al año 2020, cuando se cometieron 3.034 asesinatos.
“Hay un descenso de más del 50 % (…) parece positiva la reducción, pero es todavía una cifra muy letal. Lo ideal en un Estado de derecho es que no haya ejecuciones extrajudiciales. Y 1.414, aunque en relación con 2020 sea una cifra bastante reducida, sigue siendo alarmante y letal”, dijo el coordinador de Derechos Humanos de Centro Gumilla, Alfredo Infante.
Por su parte, el coordinador de Provea, Marino Alvarado, sostuvo que la cifra aún es elevada. Señala que denota una alta letalidad por parte de los organismos de seguridad estatales. “Se ratifica que estamos frente a una política de Estado. Cuando el Estado tiene voluntad de controlar a sus organismos policiales, de orientarlos, se pueden lograr resultados como el de 2021, que en tan poco tiempo logró una reducción tan significativa”, agregó.
Datos precisos
El informe, titulado Lupa por la vida, indica que de las 1.414 personas ejecutadas, el 99 % fueron hombres y el 1 % restante mujeres. Al respecto, Infante menciona un conteo realizado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el cual registró 290 víctimas de feminicidio en 2021. “En nuestro monitoreo aparecen 14 víctimas mujeres, es decir, que de los 290 feminicidios, 5 % están como presuntas ejecuciones extrajudiciales”, comentó. Añadió que 13 menores de edad también murieron durante los operativos policiales.
El coordinador del Centro Gumilla precisó que la instancia policial con mayor letalidad en 2021 fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). Es el responsable de 347 ejecuciones, desplazando así a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), autor en 2020 de la mayoría de las muertes.
Le sigue la PNB, con 198 ejecuciones, de las cuales las FAES fueron autores de 111. También la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 152 casos. Entre todas las policías municipales suman 119 asesinatos, mientras 139 ocurrieron en operativos mixtos con varios organismos desplegados. Todas las policías estadales suman también 426 muertes, de las cuales 132 fueron cometidas por la Policía de Carabobo, reemplazando a la de Zulia como la más peligrosa del país.
Denuncia internacional
Las organizaciones atribuyen la reducción de los asesinatos extrajudiciales a la intervención de los diferentes observadores internacionales en los últimos años. Agradecen especialmente a los informes elaborados por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela; además de los presentados por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El informe muestra que el 100 % de las víctimas provenían de sectores populares. Infante comparó la situación con El Caracazo, serie de protestas en febrero de 1989 donde el Estado también asesinó a una cantidad de civiles, pero ahora como una política sistematizada. Agregó que este problema trae consigo otros como el desplazamiento forzoso de las familias involucradas en los procedimientos, un fenómeno visto principalmente en Caracas.
Alvarado completó con la existencia de un gran silencio por parte de las instituciones encargadas de administrar la justicia en Venezuela. Indicó que en el caso de masacres como las ocurridas en La Vega (Caracas) y El Ripial (Apure), no solo se tapó el hecho a la opinión pública, sino que tampoco hubo una investigación de los abusos perpetrados por los funcionarios. Destacó la inacción del Ministerio Público, que ha mostrado poca voluntad de abrir casos que involucren violaciones de derechos humanos por cuerpos de seguridad; así como la Defensoría del Pueblo, que ha omitido la atención de las víctimas.
Sin embargo, el coordinador de Provea lamentó que actualmente estos casos no forman parte de la investigación que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen de Maduro. “La Fiscalía de la CPI no está investigando las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela hasta ahora. Aspiramos a que abarque las ejecuciones”, apuntó.
La tendencia se mantiene
Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una realidad latente en la mayoría de los barrios de Venezuela. Especialmente en el marco de grandes operativos policiales que tienen como objetivo desmantelar bandas criminales, pero en los que se allanan viviendas arbitrariamente. Aunque en las minutas oficiales se asegura que todas las muertes ocurren en enfrentamientos, familiares han denunciado que en la mayoría de los casos las víctimas son interceptadas en la calle sin estar ni siquiera armados. Afirman que muchos incluso fueron sacados de sus casas sin ser delincuentes, asesinados, y luego señalados de haberse resistido al arresto.
En su primera visita a Venezuela en agosto de 2019, Bachelet documentó varios de estos casos, especialmente en las denominadas Operación Liberación del Pueblo (OLP). En su informe, recomendó suprimir las FAES, al considerar que se habían convertido en un grupo de exterminio, responsable de la mayoría de las ejecuciones. Si bien el régimen de Maduro con el tiempo eliminó las OLP, no hizo lo mismo con las FAES, que siguen activas, con un perfil más bajo.
Entre los años 2016 y 2021 se registraron alrededor de 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic). La reducción de casos en el año anterior no parece apuntar a que será igual en 2022. Por el contrario, la ONG Control Ciudadano reporta que hasta el 17 de febrero hubo 106 muertes a manos del Estado. También se vuelve a apreciar una tendencia a realizar operativos de varios días en zonas populares como Petare (Miranda) o rurales, como los despliegues en Las Tejerías (Aragua) y los Valles del Tuy (Miranda). Indicadores que parecen apuntar a que este año las estadísticas volverán a crecer.
Con información de EFE.
