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- Un equipo multidisciplinario realizó una investigación durante el año 2021 para recoger datos sobre la crisis alimentaria que viven los venezolanos
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) publicaron un informe que revela las graves violaciones al derecho a la alimentación de los venezolanos bajo el título “Con la comida no se juega”.
Las organizaciones señalaron que el deterioro institucional y democrático del Estado venezolanao y las políticas públicas implementadas por el régimen de Nicolás Maduro han constituido una serie de violaciones al derecho a la alimentación desde el año 2016.
Un equipo multidisciplinario trabajó e investigó la situación política y social en Venezuela durante el año 2021. El informe recogió datos de diversas fuentes documentales ampliamente reconocidas e incluyendo 17 entrevistas a representantes de organizaciones no gubernamentales, organizaciones humanitarias, organizaciones campesinas, académicos, periodistas que cubren el tema alimentario y activistas comunitarios.
Pobreza e inseguridad alimentaria
El informe detalla algunos de los aspectos que conforman las violaciones al derecho a la alimentación. El deterioro en la economía venezolana resaltó como uno de los más influyentes, debido a que reduce las posibilidades que tiene las familias para obtener buenos ingresos y alimentarse adecuadamente
En ese sentido, el estudio destaca cómo aumentó con los años el porcentaje de la población que vive en pobreza.
Resalta también que la afectación es mayor cuando se trata de algún grupo vulnerable como personas privadas de libertad, adultos mayores o mujeres.
El documento agrega que hasta 2020 se calculaba que 30 % de los niños venezolanos padecen algún grado de desnutrición y que más de la mitad de esa cifra sufre desnutrición aguda.
Crisis en los servicios
La crisis en los servicios básicos es otro obstáculo que enfrentan los venezolanos al momento de ejercer su derecho a la alimentación. De acuerdo con los datos recogidos, esto afecta la calidad y la frecuencia con la que se preparan los alimentos.
El documento dice que la capacidad actual de tratamiento y distribución del agua potable es solo el 40% de la que tenía el país en 1998. La generación de electricidad ha caído 74%, por lo que, durante el año 2021, se registraron 174.000 apagones que afectaron al 74,2% de la población.
Además, la escasez de cilindros de gas para cocinar obligó a 5,4 millones de personas a cocinar con leña en 2021.
Políticas públicas que desfavorecen a los ciudadanos
Las organizaciones denunciaron que el Estado venezolano ha adoptado políticas que impiden el acceso a una alimentación adecuada para la mayoría de los ciudadanos.
El informe se remonta al año 2014 con la imposición de la Ley de Costos y Precios Justos, la cual tuvo un impacto severo en la productividad agropecuaria e industria. Esto antecede a una larga lista de controles de producción, distribución y comercialización de alimentos.
Estas políticas incluyen la criminalización de productores y comerciantes que no siguen las líneas establecidas por los entes gubernamentales. Con los años, el régimen de Nicolás Maduro mostró una predilección por abastecer al país por medio de importación en lugar de producción nacional.
La creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en el año 2016 no representó una mejora para las familias. Pese a que es un plan que se dedica a la entrega de alimentos por comunidades, el informe indica que no cuenta con los controles necesarios para garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos.
Además, el valor nutricional de los productos incluidos en los combos alimenticios no suele ser el adecuado para una familia.
Consecuencias de una mala gestión en materia de alimentación
En las entrevistas realizadas por el equipo de FIDH y Provea, se reportó que las familias venezolanas han adoptado métodos de supervivencia para tratar de ejercer su derecho a la alimentación.
La reducción de gasto en alimentos es una de estas estrategias. Los entrevistados señalaron que tanto los hogares que se encuentran en pobreza extrema como aquellos que no son considerados dentro del rango de pobreza reportaron que compran menos alimentos.
Esto significa una reducción tanto en la cantidad de comidas diarias como en la calidad de los platos.
Sacrificar la comida de algunos miembros del hogar para que coman otros, buscar apoyo de familiares y organizaciones también fueron algunos de los cambios que emplearon los ciudadanos.
En una grado menos grave, expresaron que otras estrategias fueron el cambiar ingredientes por otros más accesibles e inventar recetas con bajo costo de producción. Sin embargo, en algunos de estos casos el valor nutricional de las comidas decae. Un aspecto más severo que mencionaron fue la situación de ciudadanos que se vieron en la necesidad de buscar alimentos en la basura.
Recomendaciones para el Estado venezolano
En sus conclusiones, el informe recomienda al Estado venezolano facilitar la acción humanitaria en el país de las organizaciones nacionales e internacionales. Pidieron que se abran espacios de encuentro y trabajo conjunto para fortalecer el plan de respuesta humanitaria.
Para cumplir con este objetivo insistieron en que no se deben poner obstáculos a las organizaciones, especialmente que cese la criminalización de quienes hacen labores de denuncia.
Otra sugerencia fue trabajar conjuntamente con las empresas privadas para recuperar el sector alimentación en todos sus niveles. En ese sentido, piden la participación de estos factores para la realización de políticas que fortalezcan el poder adquisitivo del venezolano.
Las organizaciones finalizaron con la recomendación de garantizar la calidad de los servicios básicos, diversificar los programas de alimentación y nutrición y activar el sistema de estadísticas en el país que permitan conocer la realidad de una forma más transparente.
